El Ministerio de Educación Superior anunció que las universidades cubanas reanudarán sus actividades el próximo 1 de septiembre con una reorganización centrada en la descentralización territorial. La matrícula de nuevo ingreso, el reingreso y la ratificación de continuidad podrán realizarse desde los municipios de residencia, mediante Centros Universitarios Municipales, filiales universitarias y canales en línea. El mensaje oficial presenta la decisión como una respuesta organizativa a la agudización del desabastecimiento de combustible y mantiene, en lo esencial, el modelo académico aplicado durante el semestre anterior.
La fórmula combina modalidades semipresenciales y a distancia, con períodos presenciales cuando sea posible, especialmente para alumnos del curso diurno. Las sedes centrales, los CUM, las filiales y entidades productivas o de servicios de cada localidad podrán convertirse en espacios docentes. En el curso por encuentros, la orientación oficial contempla al menos una sesión presencial mensual; para la educación a distancia se sostiene la concepción habitual. Sobre el papel, acercar los trámites y parte de las clases al territorio puede reducir viajes costosos y evitar que estudiantes de municipios alejados tengan que desplazarse con frecuencia a las cabeceras provinciales.
La medida, sin embargo, reconoce un problema más profundo que el vocabulario administrativo intenta suavizar: el sistema no tiene garantizado el combustible necesario para transportar a decenas de miles de estudiantes y profesores de manera regular. El Gobierno atribuye el deterioro a la política de sanciones de Estados Unidos y al “bloqueo energético, financiero y económico”. Ese factor existe y perjudica la capacidad de compra, financiamiento y logística del país. Pero reducir la crisis universitaria a una causa externa deja fuera otros elementos: la prolongada falta de inversión en transporte público, el deterioro de la conectividad, la centralización de decisiones y la pérdida de docentes por bajos salarios y migración.
La enseñanza híbrida también revela desigualdades que no se resuelven solo con habilitar un trámite “on-line”. Muchos estudiantes dependen de datos móviles caros, conexiones inestables, apagones, teléfonos compartidos o computadoras inexistentes. Para quien vive en una zona rural, cuida familiares, trabaja para complementar ingresos o no dispone de un espacio tranquilo, la modalidad a distancia puede ser menos flexible de lo que parece. La descentralización puede acercar aulas, pero no garantiza bibliotecas actualizadas, laboratorios, equipos, internet o profesores especializados en cada municipio.
El anuncio incorpora además la participación estudiantil en tareas socioeconómicas comunitarias y en la Red Juvenil Comunitaria como parte de la “formación integral”. Esta orientación abre preguntas legítimas. La vinculación con problemas locales puede enriquecer la formación si se organiza con objetivos académicos, seguridad y voluntariedad efectiva. Pero en una coyuntura de carencias, también puede convertirse en sustitución de trabajo remunerado o en movilización obligatoria que compite con el estudio, sobre todo para jóvenes que ya sostienen a sus familias mediante empleo informal, cuidado doméstico o actividades privadas.
La retórica oficial pide confianza a las familias y promete que las medidas permitirán la graduación exitosa de los jóvenes. Sin embargo, la confianza no se decreta: se construye con calendarios claros, conectividad asequible, becas suficientes, transporte cuando haya presencialidad y mecanismos para que los estudiantes reporten problemas sin temor. En redes, la confirmación del inicio del curso el 1 de septiembre convive con dudas sobre las condiciones reales de escuelas y universidades ante la escasez.
El desafío no consiste únicamente en evitar que el calendario se detenga, sino en impedir que la crisis convierta la educación superior en un privilegio para quienes tienen recursos, datos móviles y apoyo familiar. ¿Cómo garantizarán las universidades que la docencia territorial conserve calidad y evaluación justa? ¿Qué protección recibirán los estudiantes que no puedan conectarse, trasladarse o asumir nuevas cargas comunitarias?