El IX Estudio sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba, elaborado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y el Observatorio de Derechos Sociales Cuba, estima que el 94% de la población vive en extrema pobreza. La investigación se basó en 1.318 entrevistas realizadas entre el 27 de junio y el 29 de julio de 2026 en 79 municipios de todas las provincias. El dato no es una estadística oficial ni sustituye una encuesta nacional transparente; es una medición independiente que debe interpretarse según su método, sus supuestos y sus límites. Pero su contundencia coincide con una realidad difícil de disimular: comer, transportarse, mantener una vivienda y llegar a fin de mes se han convertido en tareas de supervivencia para una parte enorme del país.
El informe define su umbral con una referencia de 1,90 dólares diarios por persona, una línea internacional histórica que sus autores mantuvieron pese a que el Banco Mundial la actualizó al alza. Para una familia de tres personas, calcula ingresos mensuales necesarios de 171 dólares, equivalentes a unos 87.210 pesos cubanos al cambio de 510 CUP por dólar empleado en el estudio. Frente a ese umbral, el 68% de los hogares encuestados declaró ingresos inferiores a 20.001 CUP al mes. La distancia no es un problema contable: marca la diferencia entre comprar proteínas, adquirir medicamentos, pagar transporte privado o renunciar a necesidades básicas.
El indicador más devastador es el alimentario. Ocho de cada diez personas dijeron haber dejado de desayunar, almorzar o comer por falta de dinero o escasez de productos; hace un año, la proporción registrada era de siete de cada diez. Hablar de “ajustes”, “resiliencia” o “consumo racional” pierde sentido cuando muchas familias tienen que reducir porciones, sustituir alimentos, depender de remesas o elegir entre la comida y otros gastos. La desigualdad se profundiza entre quienes reciben divisas del exterior, quienes pueden trabajar en sectores vinculados al turismo o al mercado privado y quienes dependen de salarios estatales y pensiones en CUP.
La electricidad aparece como el servicio peor evaluado: 95% de las personas encuestadas consideró mala la infraestructura eléctrica, y el 70% señaló los apagones como el principal problema nacional. No se trata solo de incomodidad doméstica. Los cortes dañan alimentos refrigerados, restringen el descanso, paralizan pequeños negocios, afectan estudio y trabajo remoto, y agravan la situación de ancianos, enfermos y niños. En los meses de mayor calor, el apagón modifica incluso el uso del espacio: se duerme en portales, azoteas o sitios públicos buscando ventilación.
La versión oficial insiste en que las dificultades obedecen al bloqueo estadounidense, a restricciones financieras externas y a distorsiones acumuladas. Es imposible analizar la economía cubana con seriedad sin reconocer el daño real de las sanciones y la persecución financiera. Pero esa explicación no puede anular las responsabilidades internas: decisiones monetarias erráticas, baja producción agrícola, falta de transparencia presupuestaria, concentración estatal de sectores estratégicos y una reforma económica que no ha protegido los ingresos populares. El mismo informe reporta que 84% de los encuestados desconfía de que las medidas recientes mejoren la situación.
También pesa la vivienda. El estudio registra que 21% de la población vive en inseguridad habitacional —sin propiedad o permiso, en albergues, campamentos o en la calle— y que 7% de las casas se encuentra en riesgo de derrumbe. Jóvenes sin posibilidad de independizarse, madres solas, jubilados y familias de barrios deteriorados cargan con el costo más directo. La migración continúa siendo, para muchos, una estrategia familiar para obtener remesas o escapar de una economía que expulsa fuerza de trabajo y talento.
La cifra del 94% no debería usarse como consigna, sino como una alarma que exige datos oficiales abiertos, políticas de emergencia y rendición de cuentas. Una sociedad no puede normalizar que la alimentación, la luz y un techo seguro dependan de redes familiares o de la suerte de recibir dólares. ¿Cuándo publicará el Estado indicadores creíbles y comparables sobre pobreza? ¿Qué medidas pondrán la vida material de las mayorías por encima de la administración de la crisis?