Durante la madrugada del miércoles, desconocidos sustrajeron el aceite dieléctrico del transformador que alimenta al centro de Medicina Molecular de Santiago de Cuba. La Empresa Eléctrica provincial informó que el hecho comprometió el servicio de la instalación; horas después, muestras de un paciente en estado grave que requería análisis urgentes tuvieron que ser trasladadas a Granma para su procesamiento. El incidente muestra cómo el deterioro de una infraestructura eléctrica puede cruzar, en cuestión de horas, la frontera entre una avería técnica y un riesgo directo para la vida.
El aceite dieléctrico no es un detalle menor de un transformador. Sirve para aislar y refrigerar el equipo; sin él, el sistema puede sobrecalentarse, sufrir daños graves o quedar fuera de operación. En este caso, la consecuencia no fue únicamente una interrupción del servicio: el diagnóstico de una persona en condición crítica dependió de recorrer decenas de kilómetros, activar transporte, movilizar personal y disponer de combustible en una coyuntura donde cada uno de esos recursos escasea. No se ha informado públicamente el estado posterior del paciente, y esa reserva es necesaria para proteger su privacidad.
La versión de la Empresa Eléctrica es clara al condenar el hurto y subrayar que el tiempo perdido puede ser decisivo para un enfermo. Tiene razón en ese punto. Quien roba un componente que mantiene operativo un servicio esencial asume una responsabilidad grave, pues el daño trasciende la propiedad estatal y alcanza a pacientes, familiares y personal médico. Pero la explicación oficial se queda corta cuando reduce el problema a una conducta individual sin evaluar por qué una instalación que procesa pruebas sensibles depende de un único transformador vulnerable, aparentemente sin resguardo, redundancia energética o capacidad inmediata de respaldo.
El hecho no es aislado. La sustracción de aceite dieléctrico ha afectado repetidamente a transformadores y subestaciones de Santiago de Cuba y otras provincias durante 2026. En San Luis, el robo de unos 300 litros dejó sin electricidad a alrededor de 17.000 personas; días después fueron atacados dos bancos de transformadores en Carolina. Las autoridades vinculan estos casos con la crisis energética y los tratan como delitos especialmente graves. El Dictamen 475 de 2025 del Tribunal Supremo Popular permite procesar determinados ataques contra infraestructura eléctrica como sabotaje, con sanciones que pueden ser muy elevadas según las circunstancias.
El mercado negro ayuda a explicar, pero no a justificar, el fenómeno. Fuentes independientes señalan que el aceite suele revenderse como lubricante o combustible para tractores y otras maquinarias, y que puede cotizarse desde 600 hasta más de 1.000 pesos por litro. Cuando el combustible formal es insuficiente o inaccesible, los circuitos ilegales encuentran compradores. Esa realidad exige investigación y sanción proporcional, pero también políticas que reduzcan los incentivos materiales del delito: suministro energético más estable, alternativas reales para campesinos y pequeños productores, salarios que alcancen y sistemas de seguridad que no funcionen solo después de la pérdida.
La salud pública queda en el centro de esta contradicción. El Estado defiende su sistema sanitario como universal, pero una atención verdaderamente universal requiere electricidad estable, equipos protegidos, reactivos, ambulancias y capacidad de respuesta local. En Santiago, una muestra urgente tuvo que salir de la provincia porque falló una pieza crítica de la red eléctrica. Para un médico, una familia o un paciente, ese trayecto no se mide en kilómetros: se mide en tiempo y posibilidades de sobrevivir.
El robo merece investigación seria y la protección del centro debe reforzarse sin demora, pero el castigo por sí solo no reparará la fragilidad revelada. Cuando un servicio vital depende de una infraestructura sin respaldo suficiente, la población queda expuesta tanto al delito como a la desidia acumulada. ¿Cuántos centros sanitarios operan hoy con vulnerabilidades similares? ¿Qué plan existe para garantizar que una avería o un hurto no vuelva a retrasar un diagnóstico que puede decidir una vida?