¿Es el envejecimiento poblacional un logro social o una crisis desatendida en Cuba?.
La dinámica demográfica de la mayor de las Antillas atraviesa un punto de inflexión sin precedentes en la región. De acuerdo con el más reciente informe del Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), las personas de 60 años o más representan el 26,7 por ciento del total de habitantes al cierre de 2025. Esta proporción sitúa a la nación caribeña como la sociedad con mayor índice de envejecimiento en América Latina y el Caribe. El incremento sostenido respecto a periodos previos refleja una acelerada transición generacional en medio de marcadas limitaciones económicas. ¿Dispone el entramado institucional de los recursos indispensables para garantizar una vejez digna a más de una cuarta parte de su ciudadanía?
El ritmo de este fenómeno demográfico exhibe disparidades geográficas notables a lo largo del territorio nacional. En provincias centrales como Villa Clara, el porcentaje de personas de la tercera edad alcanza el 30,2 por ciento, mientras que en la capital del país se sitúa en un 29,1 por ciento. La concentración resulta aún más pronunciada en áreas urbanas específicas, como el municipio habanero de Plaza de la Revolución, donde la cifra asciende al 38,2 por ciento. Por el contrario, territorios orientales como Guantánamo y Santiago de Cuba muestran índices relativamente menores, cercanos al 23 y 24 por ciento respectivamente. Esta asimetría territorial acentúa la presión sobre las redes asistenciales locales y plantea serios desafíos de infraestructura comunitaria.
Frente a la narrativa oficial que atribuye estas dificultades primordialmente a la falta de liquidez financiera, diversos especialistas señalan la carencia de respuestas gubernamentales oportunas. La socióloga Elaine Acosta, directora del Observatorio de Envejecimiento, Cuidados y Derechos (Cuido60), cuestionó este enfoque al afirmar que la explicación estatal «esconde la responsabilidad política que el Estado cubano ha tenido en que un proceso que debería ser una buena noticia para la sociedad cubana se haya convertido en una de sus principales tragedias actuales». A su juicio, el país «no está preparada ni en términos materiales, ni en términos institucionales, ni en términos culturales» para asimilar semejante volumen poblacional. La experta enfatizó que la longevidad constituye un avance que demanda planificación estratégica y asignación prioritaria de fondos públicos. ¿Constituye la vejez un reto inevitable derivado de la escasez o la consecuencia directa de una postergación en el diseño de políticas públicas integrales?
El proceso se ha visto agudizado drásticamente por el éxodo migratorio de los últimos años, compuesto predominantemente por personas en edad reproductiva y laboral activa. El demógrafo Juan Carlos Albizu-Campos ha conceptualizado esta tendencia como un «vaciamiento demográfico», producto de la interacción entre bajas tasas de fecundidad y un flujo migratorio constante. Diversas proyecciones independientes sugieren que, de mantenerse las condiciones actuales, el país podría experimentar una reducción poblacional acelerada en las próximas décadas. La partida masiva de jóvenes no solo debilita la base productiva de la economía, sino que fragmenta los esquemas tradicionales de apoyo intergeneracional. Como consecuencia directa, miles de adultos mayores quedan residiendo en soledad o bajo el cuidado de familiares que también sobrepasan la edad de jubilación.
Esta realidad ha desembocado en una profunda crisis de cuidados que sobrecarga principalmente al ámbito privado de las familias. Acosta sostuvo que el debilitamiento de los programas estatales de protección social ha dejado desamparados a los sectores más vulnerables. Al respecto, la investigadora aseveró que los ancianos «están pagando los costos más altos de la crisis, los costos más altos de no haber tenido una política pública oportuna para abordar este envejecimiento que estaba claramente pronosticado y anunciado que iba a ocurrir». La falta de insumos médicos básicos, las bajas pensiones frente a la inflación y la precariedad habitacional agravan la cotidianidad de este grupo etario. ¿Hasta qué punto puede el entorno doméstico absorber las responsabilidades asistenciales sin un sistema público robusto de seguridad social?
En el contexto regional, naciones con altas tasas de envejecimiento como Uruguay y Chile han implementado sistemas integrados de cuidado y reformas previsionales graduales. Si bien estos países presentan indicadores económicos diferenciados, expertos destacan que su experiencia evidencia la relevancia de articular marcos jurídicos y presupuestos específicos para la tercera edad. En contraste, en la sociedad insular la pérdida de personal capacitado en el sector de la salud y la asistencia social limita la operatividad de los centros de estancia diurna y hogares de ancianos. Para los analistas de Cuido60, el tratamiento de esta problemática no puede disociarse de las condiciones socioeconómicas estructurales que determinan la calidad de vida en el archipiélago.
El debate actual exige replantear los mecanismos de atención social y fomentar la participación de organizaciones comunitarias independientes. Acosta concluyó señalando que «hay una raíz política detrás del asunto» y que una solución duradera requerirá ampliar la representatividad y el diálogo cívico en la toma de decisiones públicas. La transformación demográfica es ya una realidad irreversible que transformará todas las facetas de la vida nacional en los próximos años. ¿Logrará el país adaptar su modelo de bienestar antes de que el peso demográfico termine de colapsar las redes de cuidado disponibles? La capacidad para garantizar el bienestar de sus adultos mayores definirá el futuro social y ético de la comunidad cubana.