¿Es el periodismo independiente un ejercicio cívico o un delito contra el orden establecido?.

El ejercicio de la comunicación no gubernamental en la capital cubana enfrenta un nuevo episodio de hostigamiento legal y presiones policiales. El comunicador Adelth Bonne Gamboa, colaborador activo del medio digital CubaNet, denunció haber sido amenazado con sanciones carcelarias y confinamiento domiciliario forzoso tras comparecer este martes ante oficiales de los órganos de seguridad en La Habana. Durante la diligencia en la estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Aguilera, en el municipio Diez de Octubre, los agentes le advirtieron sobre las consecuencias penales de mantener sus publicaciones informativas. La advertencia incluyó posibles cargos por delitos tipificados en el Código Penal vigente, orientados a sancionar la difusión de contenidos críticos. ¿Constituye la labor periodística autónoma una manifestación legítima de la libertad de expresión o una amenaza a la seguridad institucional del Estado?

El testimonio del comunicador expuso la confrontación directa que mantuvo con los oficiales que condujeron la sesión de preguntas en la unidad policial. A través de un mensaje grabado, Bonne Gamboa relató: «Yo les dije que no iba a salir de CubaNet y me respondieron que eso era mercenarismo y que estaba cometiendo un delito gravísimo». Los funcionarios le indicaron que su actividad pública podría derivar en una causa judicial por «propaganda contra el orden constitucional», figura jurídica empleada para restringir la divulgación de opiniones disidentes. Asimismo, le adelantaron que se tramitarían medidas cautelares para impedir su libre desplazamiento fuera de su residencia. Respecto a esta advertencia explícita sobre su movilidad, el periodista agregó: «Me dijeron que me fuera buscando a alguien que me hiciera mis mandados y mis cosas porque de mi casa no iba a poder salir».

El proceso previo a la comparecencia estuvo precedido por intentos de notificación irregular en el domicilio del comunicador. Un agente identificado con el alias de «Rodrigo» intentó inicialmente coordinar la cita mediante llamadas telefónicas y visitas personales sin respaldo documental. Bonne Gamboa rechazó los requerimientos verbales y exigió la entrega formal de la boleta escrita emitida por el Ministerio del Interior (MININT). El documento oficial convocaba al reportero a una «entrevista» para el 20 de octubre a las 9:00 de la mañana, bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia o multas pecuniarias de hasta 300 cuotas. En el interrogatorio formal participaron el mencionado agente, un profesional presentado como psicólogo y un militar uniformado cuya identidad no fue revelada.

Consciente de los riesgos que implicaba acudir a la unidad policial, el comunicador documentó cada paso de su traslado a través de transmisiones en sus perfiles digitales. Antes de ingresar al recinto policial, publicó dos videos aclaratorios en los que afirmó: «No estoy cometiendo ningún delito, ni soy ningún delincuente». En sus grabaciones, calificó la cita como un interrogatorio encubierto y responsabilizó a las autoridades gubernamentales por cualquier afectación a su integridad física. Tras concluir la diligencia y salir en libertad, describió la comparecencia como un encuentro tenso desarrollado en medio de un apagón general que afectaba a la zona urbana. ¿Hasta qué punto el uso preventivo de las redes sociales protege a los reporteros independientes frente a detenciones arbitrarias?

El marco normativo que sustenta este tipo de advertencias se encuentra estructurado en la Ley 151/2022 del Código Penal cubano. El artículo 124 de dicha legislación estipula penas de tres a ocho años de privación de libertad por el delito de «propaganda contra el orden constitucional». Esta sanción se eleva a un rango de entre cuatro y diez años de prisión cuando los hechos se ejecutan mediante plataformas digitales o medios de comunicación masiva. Organizaciones de asesoría legal como el Centro de Información Legal Cubalex han advertido que la redacción abierta y ambigua de este precepto penal facilita la persecución selectiva de la prensa independiente y la ciudadanía crítica. La amenaza de penas severas busca generar un efecto disuasorio en el ecosistema de comunicadores locales.

Diversos organismos defensores de los derechos civiles y culturales han encendido las alarmas sobre el incremento de las restricciones contra activistas y creadores. El Observatorio de Derechos Culturales emitió una alerta pública llamando a resguardar la seguridad del comunicador, formado académicamente como instructor de arte. Los informes anuales de derechos humanos señalan que los cortes selectivos de telecomunicaciones, la vigilancia en los domicilios y las citaciones intimidatorias forman parte de un patrón sistemático de control sobre las voces no oficiales. Esta situación se agrava por las constantes fallas en el suministro eléctrico y la inestabilidad de la conectividad a internet en la isla. ¿Es posible ejercer una labor informativa rigurosa en un entorno donde informar de forma autónoma conlleva el riesgo constante de prisión?

La controversia en torno a la labor de los comunicadores independientes refleja una profunda polarización sobre el derecho ciudadano a la información plural. Quienes defienden el periodismo libre sostienen que la fiscalización pública y el reporte de la realidad cotidiana son esenciales para cualquier sociedad. Por otro lado, la postura oficial argumenta que los medios financiados o basados en el exterior responden a agendas de desestabilización política contrarias al marco legal nacional. ¿Prevalecerán las medidas punitivas y el confinamiento domiciliario sobre el trabajo de la prensa no estatal o continuarán los reporteros documentando la realidad comunitaria? La evolución de este caso marcará el pulso de las libertades de prensa y expresión en el complejo escenario de la isla.