La congresista demócrata Maxine Waters confrontó al secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, durante una audiencia del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes celebrada el 15 de septiembre. Waters acusó a la administración de Donald Trump de haber cortado el suministro petrolero hacia Cuba y de empujar a las familias a una crisis de electricidad y alimentos. Su intervención, difundida ampliamente en redes y retomada por medios cubanos, puso un rostro político estadounidense a una angustia que en la Isla se mide en horas sin luz, alimentos perdidos y jornadas alteradas.
“Cortaron todo el petróleo a Cuba”, sostuvo la legisladora, antes de reclamar que las familias y los niños no pueden obtener electricidad ni alimentos. Bessent no respondió públicamente al contenido de esa acusación en el fragmento viral; las publicaciones que circulan describen que reaccionó con una sonrisa. Waters cerró con una exigencia directa: permitir que fluya el petróleo y que Cuba pueda comerciar y alimentarse.
La denuncia debe analizarse sin simplificaciones. Las sanciones estadounidenses y las restricciones financieras obstaculizan pagos, seguros, fletes, créditos y operaciones de empresas dispuestas a negociar con Cuba. En un sistema eléctrico dependiente de combustible importado y con infraestructura termoeléctrica envejecida, cada dificultad adicional para acceder a diésel o crudo se traduce en más vulnerabilidad. Los apagones afectan el bombeo de agua, el transporte, la refrigeración de alimentos, pequeños negocios y servicios públicos esenciales.
Pero la presión externa no agota la explicación de la crisis. El Gobierno cubano presenta el bloqueo como causa central de las carencias, y sin duda tiene efectos materiales graves. A la vez, persisten problemas domésticos: baja producción, falta de transparencia en el uso de divisas, deterioro de las plantas generadoras, demoras en inversiones y una economía incapaz de ofrecer salarios con poder adquisitivo. La vida de la mayoría queda atrapada entre sanciones externas y decisiones internas cuya eficacia rara vez se somete a escrutinio público.
El contraste resulta especialmente duro para trabajadores estatales, jubilados y familias sin remesas. Un apagón de varias horas no es solo incomodidad: puede obligar a desechar comida, perder un día de trabajo, suspender ventas informales o pasar la noche sin ventilación. Para el sector privado, la falta de electricidad incrementa costos mediante plantas, combustible y baterías; para los jóvenes, suma otra razón a una emigración ya marcada por la búsqueda de estabilidad y expectativas de futuro.
La intervención de Waters también muestra que el debate sobre Cuba no está cerrado dentro de Estados Unidos. Su crítica no convierte automáticamente al Gobierno cubano en ajeno a la crisis, pero sí desafía la idea de que castigar el acceso a energía puede producir cambios políticos sin castigar primero a la población. Miguel Díaz-Canel agradeció públicamente a la legisladora y convirtió el momento en respaldo a la denuncia oficial contra el bloqueo.
El episodio expone una verdad incómoda para ambos gobiernos: Washington no puede tratar la energía como instrumento de coerción sin consecuencias humanitarias, y La Habana no puede convertir cada sanción en explicación suficiente de sus propias fallas. ¿Quién responde cuando un hogar pasa días sin electricidad ni agua? ¿Qué política energética puede proteger a la población sin ocultar responsabilidades externas e internas?