Una denuncia atribuida al usuario Bautense Ferever ha puesto el foco en la presencia nocturna de menores que, según su relato, pedían dinero a pasajeros en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana. El testimonio describe a varios niños, aparentemente de entre nueve y once años, que se acercaban de forma insistente a los viajeros y que, en algunos casos, respondían con insultos cuando no recibían una aportación. El denunciante también asegura que no observó intervención policial ni del personal de seguridad durante lo ocurrido, una afirmación que debe mantenerse atribuida a su experiencia y no presentarse como una ausencia de vigilancia comprobada. No fue posible verificar de manera independiente la fecha exacta del episodio, las edades de los menores ni la secuencia completa de los hechos. La búsqueda realizada tampoco permitió localizar una respuesta oficial específica que esclarezca lo sucedido, por lo que el caso debe abordarse como una denuncia pendiente de corroboración y no como una conclusión sobre el funcionamiento de toda la terminal.
El relato plantea dos cuestiones que no deberían enfrentarse entre sí: las molestias que pudieron experimentar los pasajeros y la posible situación de desprotección de los niños mencionados. Si se confirma que permanecían de noche solicitando dinero, sería necesario conocer si estaban acompañados, qué circunstancias los llevaron hasta allí y si algún adulto intervenía en esa actividad. La información disponible no permite afirmar que existiera una red organizada, explotación por terceros o abandono familiar, y convertir esas posibilidades en hechos añadiría acusaciones sin respaldo. Tampoco permite atribuir a todos los menores las conductas que el denunciante adjudica a algunos de ellos. ¿Qué ocurrió durante esa noche y qué asistencia, si alguna, recibieron los niños? Esclarecer ambas preguntas permitiría atender el episodio sin reducirlo únicamente a un problema de orden público ni ignorar las preocupaciones expresadas por quienes transitaban por el aeropuerto.
El marco institucional cubano establece obligaciones de protección que resultan relevantes para examinar una denuncia de esta naturaleza, aunque no confirman por sí mismas lo sucedido. UNICEF informó que el Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes entró en vigor el 28 de enero de 2026 y lo describió como «una norma jurídica actualizada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes». El organismo también señala que Cuba avanza hacia un modelo de protección basado en derechos, con nuevos mecanismos, instituciones y participación infantil y adolescente. A su vez, la Fiscalía General de la República ha recordado públicamente que el artículo 86 de la Constitución establece la especial protección que deben brindar el Estado, la sociedad y las familias a las personas menores de edad. Estas referencias permiten situar la discusión en las responsabilidades institucionales existentes, sin utilizarlas como prueba de que los mecanismos previstos hayan funcionado o fallado en este episodio concreto.
La evaluación de cualquier actuación debe considerar, además de lo sucedido con los pasajeros, las necesidades y los derechos de los menores involucrados. UNICEF recuerda que la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce garantías fundamentales relacionadas con la salud, la educación y la protección, un marco que impide tratar a la infancia únicamente como una fuente de molestias. En este caso, la apariencia física o una conducta descrita en redes sociales no permiten determinar la situación económica, escolar o familiar de cada niño. Por esa razón, una eventual explicación institucional tendría que diferenciar lo que comprobaron las autoridades de lo que permanece como versión del denunciante. También sería importante conocer si se evaluaron posibles riesgos para los menores y si hubo contacto con sus responsables legales o con servicios de atención, sin divulgar información que permita identificarlos.
Las preguntas pendientes son concretas: ¿puede la administración aeroportuaria confirmar el episodio, hubo intervención de seguridad y se activó algún mecanismo de protección infantil? Hasta que existan respuestas verificables, no corresponde asegurar que los hechos sean habituales en la terminal ni que la ausencia de una intervención observada equivalga a una política institucional de inacción. El testimonio merece ser examinado, pero su difusión no sustituye la comprobación de lo ocurrido ni autoriza a presentar a los menores como delincuentes. El principio recordado por la Fiscalía —la responsabilidad compartida del Estado, la sociedad y las familias— ofrece un punto de partida para evaluar cualquier respuesta que llegue a conocerse. El desafío consiste en esclarecer las molestias denunciadas y las circunstancias de los niños con el mismo rigor, sin convertir una posible situación de vulnerabilidad en una condena pública contra ellos.
