Trabajar en prisión y no poder cobrar: ¿qué ocurre con las remuneraciones del Campamento 16 de La Habana?.

Franyer Abad Dumet denunció que no puede disponer de la remuneración correspondiente al trabajo que realiza en el Campamento de Prisioneros número 16, ubicado en San Miguel del Padrón, La Habana. Según el testimonio recogido en la información proporcionada, el problema comenzó después de su traslado a esa instalación el 12 de noviembre de 2025. El interno sostiene que recibió una tarjeta magnética sin la clave necesaria para retirar dinero. También afirma que carece del documento de identidad que le permitiría cobrar directamente en una ventanilla bancaria. Su relato plantea una distinción importante: no poder acceder al dinero no demuestra, por sí solo, que nunca se haya depositado. Para esclarecerlo harían falta los registros de pago, el estado de la cuenta y una explicación de las autoridades responsables.

La denuncia sitúa dos obstáculos concretos entre el trabajador y sus ingresos: una tarjeta que no puede utilizar y la falta de documentación para realizar una gestión presencial. En el material de partida no se precisa qué banco emitió la tarjeta ni si existe un saldo acreditado. Tampoco se identifica la cantidad que debería recibir Abad Dumet, el trabajo específico que desempeña o las deducciones que podrían aplicarse. No aparecen copias de su contrato, comprobantes de transferencia o respuestas escritas a reclamaciones anteriores. Estas ausencias no invalidan el testimonio, pero impiden calcular una deuda o determinar quién debe resolver cada trámite. ¿Se trata de remuneraciones pendientes, de fondos depositados pero inaccesibles o de una combinación de ambos problemas?

El Decreto-Ley 81/2023 dispone que las autoridades penitenciarias paguen un salario mensual en pesos cubanos a los internos. (Foto: CubaNet)

El marco legal cubano reconoce una relación laboral remunerada para las personas privadas de libertad que trabajan dentro o fuera de los establecimientos penitenciarios. Así lo explicó la Agencia Cubana de Noticias al presentar el Decreto-Ley 81/2023. Ariel Fonseca Quesada, director general de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, describió el vínculo como una “prestación laboral subordinada por cuenta ajena y remunerada”. La explicación oficial incluye entre sus principios el contrato de trabajo, la reinserción social y la protección especial de los jóvenes. La norma fue publicada el 17 de enero de 2024 en la edición ordinaria número seis de la Gaceta Oficial. Por tanto, el debate no consiste únicamente en si el trabajo penitenciario debe pagarse, sino en cómo garantizar que esa remuneración se cumpla y pueda utilizarse.

Las explicaciones oficiales también presentan derechos asociados a esa actividad laboral, no solamente una obligación de producir. Entre ellos figuran el descanso, las vacaciones pagadas, la seguridad y salud en el trabajo y la protección social en determinadas circunstancias. Olgalidi Alapón Travieso, especialista del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, señaló que las personas comprendidas en este régimen “recibirán de igual forma que un trabajador, pagos por resultados, utilidades, y tendrán derecho a las vacaciones”. La funcionaria explicó, además, que la incorporación al empleo es voluntaria, con las particularidades correspondientes a las sanciones de trabajo correccional. Otra exposición oficial indica que la entidad empleadora debe abonar la remuneración conforme a las formas y sistemas de pago pactados. Estas disposiciones generales no acreditan su cumplimiento en el Campamento 16, pero ofrecen criterios para examinar la denuncia.

Dos manos con esposas aferradas a barrotes de prisión. Un fondo oscuro con una ventana rectangular luminosa borrosa.

El material proporcionado incorpora un segundo testimonio, el de Marcos de la Luz Caballero Granados, quien habría denunciado más de cinco meses de trabajo sin cobrar en la misma instalación. También le atribuye la afirmación de que una parte considerable de los internos afrontaba dificultades similares. No obstante, no aporta una relación de trabajadores afectados, expedientes laborales ni comprobantes que permitan establecer la extensión del problema. Por esa razón, no puede afirmarse que todos los reclusos del campamento estén en idénticas condiciones. Tampoco corresponde trasladar automáticamente a esta instalación estimaciones nacionales elaboradas a partir de entrevistas con otros exreclusos. La coincidencia de dos denuncias justifica investigar un posible patrón, pero no sustituye una revisión documentada de cada caso.

Los estándares de Naciones Unidas ofrecen otra referencia para evaluar el acceso efectivo a esos ingresos. La regla 103 de las Reglas Nelson Mandela establece: “Se establecerá un sistema justo de remuneración del trabajo de los reclusos”. El mismo apartado dispone que puedan utilizar al menos una parte del dinero para artículos personales y enviar otra a sus familias. También contempla reservar una cantidad para entregarla cuando recuperen la libertad. Son estándares mínimos internacionales sobre tratamiento penitenciario y no una constatación de lo ocurrido en este campamento. Su relevancia radica en que vinculan la remuneración con usos concretos: un ingreso registrado, pero permanentemente inaccesible, plantea preguntas distintas a las de un pago que el trabajador puede administrar conforme a las reglas aplicables.

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La denuncia exige transparencia sobre el recorrido del dinero, desde la entidad empleadora hasta su disponibilidad para el interno. Una respuesta documentada debería precisar cuánto se devengó, qué descuentos se practicaron, cuándo se efectuaron los depósitos y qué mecanismo permite cobrar. También tendría que explicar cómo se resuelven la ausencia de una clave bancaria y las limitaciones documentales derivadas del encarcelamiento. En las fuentes oficiales consultadas no se localizó una respuesta específica al caso de Abad Dumet ni al segundo testimonio mencionado. Las explicaciones generales sobre derechos laborales no reemplazan esa contestación individual. ¿Qué institución verificará los pagos y qué solución permitirá acceder a las cantidades que correspondan? Resolver esas preguntas ayudaría a determinar si existe un incumplimiento laboral, una barrera administrativa o ambas situaciones.