Una denuncia difundida por La Tijera News coloca al circuito eléctrico P314, en Cayo Hueso, Centro Habana, ante acusaciones de cobros clandestinos para favorecer determinadas conexiones. Según el testimonio recogido, los pagos oscilarían entre 150 y más de 500 dólares, mientras otros residentes soportan interrupciones constantes. El material facilitado no incluye los audios, videos y fotografías anunciados como pruebas. Por tanto, existe una denuncia que merece investigación, pero no evidencia suficiente para presentar una red de corrupción como un hecho demostrado.
La precisión resulta indispensable: el encabezado original habla de “miles de dólares”, pero el relato no aporta un cálculo acumulado. Tampoco demuestra técnicamente la supuesta “venta de circuitos”. Los denunciantes describen modificaciones de conexiones y movimientos de vehículos de la empresa eléctrica durante distintas horas. Para establecer una irregularidad habría que contrastar esas intervenciones con órdenes de trabajo, registros operativos y posibles pagos. Una reparación o maniobra de distribución no constituye, por sí misma, evidencia de soborno.
Personas señaladas y motivos de la denuncia
La publicación identifica a las siguientes personas. Los cargos y las acusaciones proceden del relato ciudadano y no han sido corroborados independientemente:
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Lisvan Rasmentol, identificado como director de la OBE de Centro Habana: los vecinos lo señalan como uno de los principales responsables de las presuntas irregularidades. También afirman haber recibido versiones contradictorias sobre su ubicación. No detallan órdenes o pagos atribuibles personalmente a él.
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Nayra Luis, presentada como primera secretaria del Partido en Centro Habana: los afectados aseguran haber solicitado su intervención y haber recibido respuestas irrespetuosas y amenazas relacionadas con el suministro. El material no incorpora grabaciones ni reproduce expresiones concretas.
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Luis Rodríguez Vargas, identificado como director de Capdevila: aparece entre los señalados, pero la publicación no precisa su intervención individual ni explica con claridad la dependencia mencionada.
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Lázaro, presentado como delegado de la circunscripción: figura entre las autoridades cuestionadas. No se proporciona su nombre completo, la circunscripción correspondiente ni una actuación específica.
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Belkis y Marlen, identificadas como trabajadoras de la OBE de Centro Habana: los denunciantes les atribuyen participación en las operaciones. No se detallan sus apellidos, funciones o conductas individuales.
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Vicente de la O Levy, mencionado como ministro de Energía y Minas: el texto lo incluye al alegar responsabilidades superiores, sin describir una intervención personal ni aportar elementos que lo vinculen directamente con los supuestos cobros.
Escasez, desigualdad y rendición de cuentas
El contexto explica la sensibilidad del reclamo. Para el 5 de noviembre, CiberCuba recogió comunicaciones de la Empresa Eléctrica de La Habana sobre 124 circuitos afectados por déficit de generación. Esa explicación técnica no verifica ni descarta posibles irregularidades locales: una cosa es la electricidad disponible y otra, los criterios de distribución. Prensa Latina también informó ese día de ajustes educativos asociados a los cortes energéticos, una muestra de sus consecuencias sobre servicios cotidianos.
Si los cobros se acreditaran, introducirían una barrera en dólares sobre una necesidad colectiva, especialmente excluyente para pensionistas y trabajadores con ingresos en pesos. El testimonio transmite desesperación, pero no permite medir el ánimo de toda Cuba. La igualdad exige proteger tanto a denunciantes como a trabajadores injustamente señalados. ¿Publicarán las autoridades los registros necesarios para esclarecer las intervenciones del P314? ¿Podrán los vecinos entregar sus pruebas y obtener respuestas sin exponerse a represalias?
