Cuba envejece y las necesidades crecen: ¿quién garantiza una vejez digna cuando los recursos no alcanzan?.

Cuba afronta el desafío de atender a una población cada vez más envejecida mientras debe sostener las pensiones, los servicios sanitarios y los cuidados cotidianos. El informe más reciente de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) sitúa en el 26,7% la proporción de habitantes de sesenta años o más al cierre de 2025. Ese dato actualiza el 25,7% correspondiente a 2024 que aparece en la información inicial. En 2015, el mismo indicador era del 19,4%, de manera que el aumento alcanza 7,3 puntos porcentuales en una década. El cambio demográfico exige revisar no solo cuánto dinero reciben las personas mayores, sino también qué servicios tienen cerca y quién puede acompañarlas cuando necesitan ayuda. La pregunta es cómo garantizar una vejez digna sin trasladar toda esa responsabilidad a las familias o a la solidaridad vecinal.

Envejecer en Cuba en medio de la crisis de un país

El envejecimiento no debe confundirse automáticamente con enfermedad, dependencia o exclusión. El demógrafo Antonio Aja, director del Centro de Estudios Demográficos, explicó en una publicación del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) que esta realidad debe “atenderse”, en lugar de presentarse como un problema que hay que “enfrentar”. Su planteamiento sitúa el desafío en asegurar calidad de vida, oportunidades y servicios adecuados. También relaciona la transformación demográfica con la economía, la disponibilidad de fuerza laboral, las pensiones y los sistemas de salud y cuidados. La baja natalidad y la salida de población joven contribuyen a modificar la estructura por edades, pero sus consecuencias no son idénticas en todos los hogares. Por eso, un diagnóstico responsable necesita diferenciar a quienes mantienen autonomía de quienes requieren asistencia diaria o carecen de una red cercana.

Envejecer en Cuba en medio de la crisis de un país.

Las pensiones constituyen uno de los instrumentos centrales de protección, aunque sus aumentos nominales deben distinguirse de una mejora comprobada del poder adquisitivo. En julio de 2025, el Gobierno anunció un incremento parcial que beneficiaría a 1.324.599 personas, aproximadamente el 79% de los beneficiarios considerados en aquella medida. Manuel Marrero reconoció entonces que, por las condiciones financieras, no era posible asumir una reforma integral. La resolución estableció un aumento de 1.528 pesos para las pensiones por edad e invalidez de hasta 2.472 pesos. Para las comprendidas entre 2.473 y 3.999 pesos, dispuso un ajuste hasta alcanzar los 4.000 mensuales. En consecuencia, no sería correcto afirmar que todas las personas jubiladas pasaron a cobrar 4.000 pesos ni que el incremento, por sí solo, resolvió sus gastos.

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La situación económica de una persona mayor no puede evaluarse únicamente a partir del importe de su pensión. También influyen el número de integrantes del hogar, los gastos de medicamentos, el transporte, la vivienda y la existencia o ausencia de otros ingresos. El material de partida describe dificultades para comprar alimentos y tratamientos, pero no aporta una encuesta representativa que permita calcular cuántos pensionados afrontan cada una de esas carencias. Las fotografías de personas pidiendo ayuda o durmiendo en espacios públicos documentan situaciones individuales, no una medida de todo el grupo de sesenta años o más. UNFPA sí ha señalado la importancia de responder a necesidades de medicamentos, alimentos, productos de aseo y apoyo cotidiano entre las personas que requieren cuidados. Esa perspectiva permite examinar las privaciones sin presentar a toda la población mayor como una realidad uniforme.

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La disponibilidad de familiares y cuidadores es otro componente que las políticas deben considerar. El texto inicial vincula la emigración con la separación de hogares, pero no ofrece un recuento actualizado de personas mayores que viven solas por esa causa. Vivir sin compañía tampoco equivale siempre a carecer de autonomía, del mismo modo que compartir una vivienda no garantiza recibir atención suficiente. Una publicación de UNFPA recoge una advertencia de María Molina, asesora del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sobre la ubicación de los servicios. “En ocasiones las instituciones de cuidado —como las casas de abuelo o los círculos infantiles— no están ubicadas en los lugares donde más se necesitan”, señaló. El planteamiento muestra que conocer las necesidades de cada comunidad resulta tan importante como contabilizar centros a escala nacional.

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La respuesta institucional incluye el Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida y su Plan de Implementación 2026-2030, aprobado en 2025, según UNFPA. El organismo explica que el cuidado debe asumirse como una corresponsabilidad entre el Estado, las comunidades, las familias y las personas. Esa formulación busca evitar que toda la carga recaiga en una sola persona del hogar. Las experiencias de formación de cuidadores descritas por la agencia también reconocen que estas tareas son realizadas fundamentalmente por mujeres. Sin embargo, anunciar un sistema o aprobar un plan no permite concluir que todas las necesidades estén cubiertas. Su alcance deberá observarse en la disponibilidad efectiva de servicios, la formación de quienes cuidan y la continuidad del apoyo a las personas que lo necesitan.

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También existen experiencias comunitarias que ayudan a identificar necesidades más allá de la asistencia material. En Jaruco, UNFPA documentó talleres sobre salud bucal, envejecimiento y gestión local, además de actividades de ejercicio, poesía, dominó e intercambio entre generaciones. El diagnóstico que acompañó esas acciones había señalado carencias de atención y recreación entre las personas mayores. Estas iniciativas muestran que envejecer con bienestar incluye compañía, participación y oportunidades de decidir, no solo recibir alimentos o medicamentos. No obstante, una experiencia local no permite dar por resuelta la cobertura nacional ni sustituye la evaluación de las pensiones y los servicios. La dignidad será el criterio decisivo: ¿cómo comprobar que cada persona puede alimentarse, atender su salud y conservar su autonomía, independientemente de sus ingresos o de dónde vivan sus familiares?