El primer ministro Manuel Marrero Cruz informó que Cuba ya ha implementado 158 de las 176 Transformaciones Económicas y Sociales aprobadas por la Asamblea Nacional en junio, equivalente al 89% del paquete. Según el Gobierno, las medidas están respaldadas por 197 normas jurídicas y forman parte de una estrategia organizada en 23 ejes para descentralizar atribuciones, modificar la gestión estatal, ampliar espacios al sector no estatal y atraer inversión. La declaración ofrece una imagen de velocidad administrativa: en apenas tres meses, casi nueve de cada diez reformas habrían pasado del acuerdo político a la aplicación institucional.
Pero “implementar” no es necesariamente transformar. Publicar decretos, resoluciones y reglamentos puede ser un paso necesario, aunque no garantiza resultados en la economía cotidiana. El propio Marrero reconoció que el desafío pendiente es traducir esas normas en más producción, ingresos, empleo y mejores precios. Esa admisión resulta decisiva porque esos son precisamente los indicadores que hoy importan en hogares donde el salario estatal pierde capacidad de compra, los apagones alteran la vida diaria, los productos básicos escasean y una parte creciente del consumo depende de remesas, mercados dolarizados o redes informales.
El paquete ha sido presentado como la mayor reforma estructural desde el Período Especial de los años noventa. Incluye descentralización de facultades hacia municipios, mayor autonomía formal para empresas estatales, ajustes en la actividad privada, incentivos a la inversión extranjera y cambios en sectores como agricultura, comercio exterior, turismo y finanzas. Entre las novedades anunciadas figura la posibilidad de una participación más amplia del capital privado en actividades financieras, incluso mediante banca privada. Sin embargo, las reformas mantienen a la empresa estatal socialista como eje principal y no plantean una apertura política ni mecanismos públicos e independientes de control sobre las decisiones económicas.
Ahí aparece una contradicción central. El discurso oficial celebra el volumen de normas aprobadas, mientras economistas críticos advierten que un mercado bajo tutela política difícilmente modifica los problemas de fondo. La pregunta no es solo cuánto espacio se permite al sector privado, sino bajo qué reglas opera: acceso real a divisas, importaciones, crédito, transporte, licencias, contratación, protección jurídica y posibilidad de competir sin decisiones administrativas cambiantes. Si las mipymes, agricultores y cooperativas siguen enfrentando restricciones arbitrarias, falta de combustible y un mercado cambiario distorsionado, la descentralización puede quedar limitada a una redistribución de responsabilidades sin recursos suficientes.
La distancia entre el lenguaje del plan y la experiencia ciudadana se mide en la libreta, la cola, el precio del aceite, el transporte hacia el trabajo y la posibilidad de emigrar. El Gobierno afirma que las transformaciones buscan aumentar la producción nacional y aliviar tensiones; medios independientes recuerdan, sin embargo, que la inflación supera el 25% y que la CEPAL prevé otra contracción de la economía cubana. La isla llega a esta nueva ronda reformista después de varios años de caída acumulada del producto, deterioro energético, pérdida de fuerza laboral y salida masiva de jóvenes y profesionales.
El antecedente obliga a mirar las promesas con cautela. En 2022, el Gobierno anunció más de 75 medidas para recuperar la economía, incluyendo flexibilizaciones de importación, estímulos al comercio electrónico y un mercado cambiario con una tasa “económicamente fundamentada”. Cuatro años después, la población sigue enfrentando múltiples tasas de cambio, precios desconectados de los salarios y una economía donde sobrevivir depende cada vez más de dólares, remesas y actividades no estatales.
La cifra del 89% puede ser políticamente útil para mostrar capacidad de gestión, pero no sustituye una evaluación pública de resultados. ¿Cuántas de las 158 transformaciones ya producen alimentos, empleos estables y precios más bajos? ¿Y cuántas son, por ahora, expedientes aprobados en un país donde la urgencia no está en la cantidad de normas, sino en la posibilidad concreta de vivir del trabajo?