La justicia española investiga cientos de comunicaciones atribuidas a Delcy Rodríguez y al empresario Víctor de Aldama, figura central de varias causas abiertas en España. Según las informaciones publicadas este fin de semana, los mensajes intercambiados mediante la aplicación Threema incluirían conversaciones sobre compraventa de barcos de petróleo y otras operaciones millonarias relacionadas con Venezuela. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil rastrea esas comunicaciones por orden del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, dentro de una pieza declarada secreta vinculada a una presunta financiación irregular del PSOE.
El dato relevante no es únicamente la existencia de contactos entre una alta dirigente venezolana y un empresario español. El punto sensible es el contexto: Aldama ha aparecido en investigaciones sobre contratos públicos, hidrocarburos y su relación con el exministro español José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. En esas causas, el empresario ha ofrecido versiones que conectan negocios petroleros con supuestos pagos y estructuras de financiación política. Son afirmaciones graves, pero todavía no equivalen a hechos probados ni a condenas judiciales. La prudencia exige separar una declaración interesada de un imputado de una evidencia validada por un tribunal.
El expediente también revive el llamado “Delcygate”, la polémica escala de Rodríguez en Madrid en enero de 2020, cuando pesaban restricciones europeas contra ella y el entonces ministro Ábalos acudió al aeropuerto. Desde entonces han surgido fotografías, mensajes, testimonios y versiones contradictorias sobre el alcance de aquella relación. El País ha informado de decenas de conversaciones que reflejan una relación estrecha entre Aldama y personas vinculadas al Gobierno venezolano, así como de un sobre marcado como confidencial y dirigido a Delcy Rodríguez que terminó en manos del empresario, sin que hasta ahora se haya aclarado su contenido ni su trayectoria completa.
Delcy Rodríguez, por su parte, ha negado haber negociado en Barajas la entrega de seis millones de barriles de crudo de PDVSA para financiar al PSOE o a la Internacional Socialista. En marzo ejerció su derecho de rectificación frente a esas acusaciones, y en julio exigió a Aldama retractarse de atribuirle la entrega de documentación relacionada con un supuesto cupo petrolero. Esa respuesta debe formar parte del relato: la investigación judicial examina alegaciones y comunicaciones, pero Rodríguez rechaza de forma explícita cualquier vínculo con una financiación política irregular.
La dimensión venezolana del caso trasciende los tribunales españoles. PDVSA no es una empresa cualquiera: administra un recurso que debería sostener servicios públicos, salarios, infraestructura y protección social en un país sometido a sanciones, crisis económica, deterioro institucional y una prolongada caída del nivel de vida. Cada sospecha de intermediación opaca alrededor del petróleo alimenta una pregunta incómoda para la población: ¿quién controla realmente los beneficios de un recurso nacional cuando faltan ingresos suficientes para hospitales, escuelas, transporte y salarios dignos?
Para la izquierda, el problema no debería reducirse a quién paga el costo electoral en España ni a utilizar a Venezuela como arma partidista internacional. El asunto de fondo es la concentración de poder sin contrapesos públicos efectivos, el manejo discrecional de la renta petrolera y la debilidad de mecanismos independientes para fiscalizar a quienes negocian en nombre del Estado. Si los mensajes describen simples negocios legales, ¿por qué se desarrollaron bajo una capa de reserva tan densa? Y si revelan operaciones irregulares, ¿cuándo conocerán venezolanos y españoles pruebas verificables, responsabilidades concretas y el destino real del dinero?