La controversia comenzó tras una investigación publicada por CBS News el 25 de septiembre. El medio estadounidense informó que la Reserva del Ejército analiza si podría poner a disposición del Comando Sur, en un plazo de 90 a 120 días, unidades de policía militar, personal médico, ingenieros y estructuras logísticas. El mensaje interno revisado por la cadena no menciona a Cuba de manera explícita; sin embargo, varios funcionarios estadounidenses consultados bajo condición de anonimato aseguraron que la solicitud se vinculaba a una planificación continuada sobre la Isla.
Ana Hurtado, activista y comunicadora española radicada en Cuba y alineada públicamente con el Gobierno cubano, respondió en redes sociales que se trataba de un “cuento de camino” y una “operación de guerra psicológica”. Su argumento coincide con una reacción habitual de las autoridades cubanas ante filtraciones, ejercicios militares o declaraciones hostiles desde Washington: presentar toda advertencia como propaganda destinada a intimidar y generar zozobra. Esa lectura no carece de base histórica. Estados Unidos acumula más de seis décadas de embargo, operaciones encubiertas, presión económica y agresiones contra Cuba; ignorar ese historial sería ingenuo. Pero la existencia de propaganda no convierte automáticamente en invento un documento militar reportado por un medio que describe su contenido, sus plazos y las unidades requeridas.
CBS News fue cuidadoso en un punto esencial: no hay indicios de que alguna unidad haya recibido órdenes de despliegue, ni el documento identifica la cantidad de tropas, un destino concreto o el tipo de operación que apoyarían esas fuerzas. El Comando Sur tampoco confirmó ni negó la planificación; respondió que, por razones de seguridad operacional, no divulga movimientos, plazos ni posibles despliegues, y que coordina de forma continua con el resto de las fuerzas armadas para evaluar necesidades en su área de responsabilidad. Eso obliga a descartar titulares triunfalistas o alarmistas: el reporte no anuncia una intervención decidida por la Casa Blanca ni por el Pentágono.
Sin embargo, la información encaja en una secuencia que CBS dice haber documentado durante 2026. La cadena afirmó que personal militar estadounidense realizó operaciones de reconocimiento en el lecho marino y los accesos marítimos alrededor de Cuba, y que componentes de la fuerza aérea fueron colocados en mayor nivel de alerta y recibieron instrucciones de preposicionar personal. Esos planes no llegaron a ejecutarse. En julio, el medio también reportó que planificadores militares examinaron varias opciones de acción, incluida una operación aerotransportada dirigida por el Ejército con participación de miles de soldados de la 101 División Aerotransportada. Funcionarios citados entonces insistieron en que estudiar escenarios no significaba haber decidido aplicarlos.
La respuesta crítica no debe confundirse con propaganda inversa. Es razonable desconfiar de una posible escalada militar estadounidense en el Caribe, sobre todo por el costo humano que cualquier aventura de ese tipo tendría para civiles cubanos. Pero resulta igualmente problemático que el debate público dentro de Cuba se reduzca a dos extremos: la amenaza se presenta como certeza de guerra o se descarta por completo sin exigir información verificable. Mientras tanto, la población enfrenta apagones, inflación, deterioro de servicios y una migración masiva; la incertidumbre geopolítica añade ansiedad a una vida cotidiana ya sometida a crisis.
El problema de fondo es la ausencia de información pública confiable y plural. Washington debe explicar si sus planes responden a contingencias defensivas, presión política o preparativos de una acción coercitiva; La Habana, por su parte, no debería usar la amenaza externa como excusa para cerrar el debate nacional sobre sus propias responsabilidades. Si no hay una orden de despliegue, ¿por qué se requieren unidades médicas, policiales e ingenieriles en un horizonte de cuatro meses? Y si la amenaza es solo una operación psicológica, ¿por qué el Gobierno cubano no responde con datos, evaluación estratégica y transparencia en lugar de limitarse a etiquetas?