En Baconao, una extensa zona de Santiago de Cuba vinculada al parque nacional del mismo nombre, conseguir transporte se ha convertido en una competencia física. Un video y varias imágenes difundidos este martes por el periodista Yosmany Mayeta muestran a residentes intentando entrar a un camión adaptado para pasajeros, incluso por las ventanas, ante la imposibilidad de abordar por las puertas. La escena incluye aglomeraciones, empujones y un remolque de capacidad claramente insuficiente para la cantidad de personas que esperan.
La primera lectura podría reducirlo a desorden o indisciplina ciudadana. Sería una explicación cómoda y equivocada. Cuando una ruta aparece con baja frecuencia, el transporte alternativo cuesta más de lo que una familia puede pagar y el horario de trabajo, una cita médica o una compra dependen de llegar a tiempo, subir deja de ser una elección tranquila. La desesperación no nace en la parada: se forma antes, con jornadas perdidas, largas caminatas, trasbordos inciertos y el miedo a quedarse varado lejos de casa. Las ventanas se convierten entonces en una salida peligrosa dentro de un servicio que ya no garantiza condiciones mínimas de seguridad ni dignidad.
El Gobierno cubano suele presentar la crisis de movilidad como una consecuencia de la carencia de combustible, el envejecimiento de la flota, la falta de piezas y los efectos de las sanciones de Estados Unidos. Esos factores son reales y sería irresponsable negarlos. La presión financiera externa encarece importaciones, dificulta pagos y agrava el acceso al combustible. Pero admitir esa realidad no libera a las instituciones nacionales de responder por años de escasa inversión, mantenimiento deficiente, centralización de las decisiones y falta de información verificable sobre rutas, disponibilidad técnica y prioridades de distribución. El bloqueo explica parte del problema; no explica por sí solo la ausencia de soluciones transparentes y sostenidas.
La situación afecta de manera desigual. Para trabajadores estatales, cada guagua perdida puede significar tardanzas, descuentos o conflictos laborales. Para quienes viven de pequeños negocios, llegar tarde al mercado, a un punto de abastecimiento o al lugar de venta implica perder ingresos ya precarios. Estudiantes y profesores comienzan el curso en medio de dificultades logísticas reconocidas por el propio debate público; ancianos, embarazadas y personas con discapacidad quedan particularmente expuestos cuando el único vehículo disponible exige empujar, correr o trepar. El transporte no es un asunto secundario: conecta el salario con el alimento, la escuela con la asistencia y el hospital con la posibilidad real de recibir atención.
La denuncia desde Baconao también revela el papel de las redes sociales como registro de aquello que el discurso institucional suele volver abstracto. Mientras medios oficiales como Granma y Cubadebate concentraron la agenda reciente en el inicio del curso escolar y otros asuntos nacionales, no aparece una cobertura específica sobre este episodio. La ausencia importa porque una imagen viral no sustituye una política pública, pero sí obliga a reconocer el problema. Los usuarios comparten estas escenas no solo por indignación: también porque se reconocen en una experiencia repetida en barrios, municipios y provincias enteras.
La imagen de personas entrando por ventanas no debería circular como curiosidad ni como burla sobre la capacidad cubana de “resolver”. Es una señal de alerta sobre cómo la crisis económica se traduce en riesgos físicos y humillación cotidiana, mientras el combustible escaso afecta a la movilidad, la producción, los servicios y el descanso. ¿Qué plan público, con recursos, plazos y responsables identificables, existe para evitar que viajar sea una lucha? ¿Cuánto más puede normalizarse esta precariedad antes de que ocurra una tragedia?