En las últimas semanas, residentes de los barrios de Trocha y Gasómetro, en Santiago de Cuba, han comenzado a compartir alertas sobre una ola de asaltos que se concentra en las horas de la madrugada. El periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada difundió en Facebook testimonios de vecinos que describen gritos desesperados pidiendo auxilio en plena noche, mientras personas son víctimas de robos en tramos oscuros y de poca circulación. Un mensaje reproducido en varias páginas resume el clima: “Dile a la gente que tenga mucho cuidado en Trocha y la zona de Gasómetro, que están asaltando bastante en esa zona”.
Hasta la noche del 2 de septiembre de 2026, no hay pronunciamientos oficiales del Ministerio del Interior, la Policía Nacional Revolucionaria ni las autoridades locales sobre esta situación concreta en Santiago. El silencio contrasta con la rapidez con que la información circula en redes y medios independientes, donde se acumulan reportes de hurtos, atracos y episodios de “justicia popular” en los que vecinos capturan a presuntos delincuentes y los retienen hasta la llegada de la policía. Mientras el discurso oficial sigue hablando de “orden público” y “tranquilidad ciudadana”, la experiencia en las calles es otra: más miedo, más precauciones y más desconfianza en las instituciones.
Los datos disponibles apuntan a un deterioro sin precedentes. Según el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC), en 2025 se verificaron 2.833 delitos en toda la isla, un incremento del 115% respecto a 2024 y del 337% frente a 2023. Los robos fueron el delito predominante, con 1.536 casos, y Santiago de Cuba apareció como la cuarta provincia más afectada, con 323 casos verificados. En julio de 2026, Cubalex registró 37 homicidios, la cifra mensual más alta desde que inició su monitoreo, incluyendo al menos nueve feminicidios. En agosto, la inseguridad ciudadana pasó de 131 a 177 denuncias, un aumento del 30% que la ubicó como la tercera preocupación socioeconómica del mes, después de los servicios públicos y la alimentación.
El impacto concreto en la población es directo y cotidiano. Para trabajadores que salen temprano o regresan tarde de sus centros laborales, transitar por Trocha y Gasómetro se ha convertido en un riesgo calculado. Para mujeres, jóvenes y personas mayores, la noche implica nuevas reglas: evitar ciertas calles, no salir solo, llevar el teléfono escondido, no usar joyas visibles. Para familias que ya lidian con apagones prolongados y escasez de alimentos, la inseguridad añade otra capa de estrés: el miedo a que te roben el panel solar, la batería, el teléfono con el que gestionas remesas o el poco dinero que llevas encima.
La Embajada de EE.UU. en La Habana, por su parte, emitió esta semana una alerta de seguridad por el “aumento generalizado de la delincuencia en Cuba”, con énfasis en robos relacionados con vehículos en La Habana, pero advirtiendo que el deterioro de las condiciones económicas afecta a todo el país. Recomendó mantener puertas cerradas, ventanas subidas, no dejar objetos de valor en autos sin vigilancia y usar garage o portones durante la noche. Aunque la nota se centra en la capital, la descripción del contexto encaja con lo que reportan vecinos en Santiago: una combinación de crisis económica, apagones y presencia policial casi nula durante las noches que crea un terreno fértil para la delincuencia.
Los asaltos en Trocha y Gasómetro no son un hecho aislado, sino la expresión local de una crisis nacional de inseguridad que el gobierno prefiere no nombrar. ¿Cuántos gritos en la madrugada harán falta para admitir que la “tranquilidad ciudadana” es un relato que ya no se sostiene? ¿Qué tipo de orden público es ese que deja a los vecinos solos frente al delito y luego les reclama cuando toman la justicia en sus propias manos?