El Ejército Central de Cuba expresó su respaldo “íntegro” al presidente Miguel Díaz-Canel después de la entrevista que el mandatario concedió a la periodista Mônica Bergamo, del diario brasileño Folha de S.Paulo. El pronunciamiento, difundido en redes oficiales, presentó las palabras del presidente como expresión también de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y como defensa de la soberanía frente a la presión de Estados Unidos. El mensaje aparece tras una intervención mediática que no pasó inadvertida: Díaz-Canel reconoció que el país vive una situación económica y energética “totalmente compleja”, pero negó que Cuba esté al borde del colapso.
La entrevista colocó el debate en un registro de confrontación externa. Díaz-Canel afirmó que el país se prepara ante cualquier escenario, evocó la doctrina de la “Guerra de Todo el Pueblo” y sostuvo que Cuba tiene recursos de defensa que no revelará. Cuando la periodista le preguntó cómo podría organizarse esa defensa en un país donde falta combustible, el mandatario respondió que existían “secretos” que no podía explicar. La declaración buscaba proyectar capacidad de resistencia, pero deja una pregunta sencilla y difícil de esquivar: ¿cuál es el sentido de una retórica militar robusta cuando la vida cotidiana muestra una infraestructura civil severamente debilitada?
Los datos de la Unión Eléctrica ofrecen una dimensión concreta de esa distancia. Este 27 de agosto, el sistema eléctrico pronosticó hasta 2.060 MW de afectación en el horario de mayor demanda, equivalente a una interrupción simultánea que podía alcanzar al 64% del país. Familias enteras organizan comida, descanso, trabajo, estudios y cuidado de personas mayores alrededor de apagones que duran muchas horas. Hospitales, panaderías, bombas de agua, pequeños negocios y redes de telecomunicaciones dependen de una generación que no logra cubrir la demanda. En esa realidad, la palabra “defensa” no puede limitarse a uniformes y ejercicios: también debería significar garantizar energía, medicamentos, alimentos y transporte.
La narrativa oficial sostiene que el bloqueo estadounidense explica la asfixia financiera y la dificultad para comprar combustible, piezas y tecnología. Ignorar el efecto de las sanciones sería un error: las medidas de Washington encarecen transacciones, cierran puertas bancarias y golpean a una economía pequeña y dependiente de importaciones. Pero el propio Díaz-Canel admitió que la crisis no responde solo a presiones externas, sino también a “errores” internos. Esa admisión queda opacada cuando los discursos se concentran en amenazas militares sin ofrecer información precisa sobre la gestión de recursos, las deudas, los fallos de planificación y la responsabilidad administrativa por la degradación de los servicios.
Las reacciones en redes han sido dispares. Perfiles oficiales enfatizan la unidad de las Fuerzas Armadas con el presidente y denuncian presiones estadounidenses. Medios independientes, periodistas y comentaristas cuestionan la brecha entre el lenguaje de resistencia y una sociedad agotada por la supervivencia, donde incluso personas que se identifican como revolucionarias expresan deseos de elecciones y cambios políticos, según el testimonio de la periodista argentina Carolina Amoroso tras filmar un documental en la Isla. Sus declaraciones no sustituyen una encuesta nacional independiente, pero reflejan un malestar que la propaganda de ambos lados tiende a simplificar.
El respaldo castrense también adquiere un sentido político. En contextos de crisis, los pronunciamientos públicos de estructuras militares buscan transmitir cohesión, continuidad de mando y control. Sin embargo, pueden producir el efecto opuesto si la ciudadanía percibe que las instituciones priorizan custodiar el poder antes que resolver necesidades básicas. El problema no es que exista una Fuerza Armada ni que defienda la soberanía nacional; toda sociedad necesita instituciones de seguridad sujetas a la ley y subordinadas al poder civil. El problema aparece cuando la respuesta a la crisis social se comunica con símbolos de obediencia militar, secretismo y advertencias de guerra.
Cuba necesita protección frente a sanciones externas y amenazas de intervención, pero también necesita una defensa de la vida diaria: información verificable, controles públicos, salarios con poder de compra, servicios que funcionen y participación ciudadana sin temor. Un respaldo militar puede ser una señal para aliados y adversarios, pero no enfría una casa sin electricidad ni llena una farmacia sin medicamentos. ¿Puede la defensa nacional separarse de la seguridad social concreta de la población? ¿Qué respaldo merece un gobierno que pide resistencia mientras millones administran su vida entre apagones y escasez?