La entrevista de Miguel Díaz-Canel con la periodista Mônica Bergamo, de Folha de S.Paulo, no solo produjo debate por su defensa de la “resistencia” cubana frente a Estados Unidos. También abrió un conflicto sobre datos, memoria histórica y credibilidad gubernamental. El economista cubano Mauricio de Miranda Parrondo publicó un análisis crítico en Facebook en el que cuestionó varias afirmaciones del mandatario, desde los indicadores de Cuba antes de 1959 hasta la situación eléctrica, la desigualdad y el funcionamiento de los sistemas democráticos. Su conclusión fue tajante: cuando un gobernante repite datos sin explicar su procedencia, el problema puede ser ignorancia, manipulación o ambas cosas.
Uno de los puntos más discutidos es el analfabetismo previo al triunfo revolucionario. Díaz-Canel afirmó que Cuba tenía entonces una tasa de 40%, mientras De Miranda citó el Censo de 1953, que registró un 23,6% entre las personas de diez años o más; el indicador era muy desigual, con 41,7% en áreas rurales y 11,6% en las urbanas. La precisión importa. Reconocer que la Revolución redujo de manera radical el analfabetismo no requiere inflar el punto de partida. La alfabetización de 1961 fue una conquista popular y estatal de enorme relevancia, pero su valoración pierde rigor si se presenta un pasado homogéneamente oscuro y se eliminan las diferencias territoriales, sociales y estadísticas de aquella Cuba.
La segunda corrección toca un nervio contemporáneo: la electricidad. Díaz-Canel sostuvo que antes de 1959 solo el 50% del país estaba electrificado. De Miranda contrapuso datos del Demographic Yearbook de Naciones Unidas para 1958-1959, citados también en estudios económicos sobre Cuba, según los cuales el 82,9% de las viviendas contaba con electricidad en 1958. Esa cifra no significa que la infraestructura fuera justa ni universal: el campo padecía una desigualdad profunda y millones de cubanos vivían en condiciones precarias. Pero la comparación se vuelve especialmente incómoda en 2026, cuando una cobertura formal amplia convive con apagones de muchas horas y una capacidad de generación incapaz de sostener la vida cotidiana.
El núcleo del debate no es decidir si la Cuba de Batista fue mejor o peor que la actual, una falsa dicotomía que impide examinar ambos períodos con honestidad. La dictadura de Fulgencio Batista fue represiva, desigual y dependiente de intereses externos. Pero una revolución que prometió justicia social no puede proteger sus logros convirtiéndolos en coartada para ignorar fallas presentes. En su entrevista, Díaz-Canel reconoció una situación “totalmente compleja”, admitió descontento y defendió 176 medidas económicas; al mismo tiempo, negó que el país esté al borde del colapso y atribuyó el cerco principal a las sanciones de Estados Unidos. El bloqueo existe y daña: encarece créditos, pagos, importaciones y tecnología. Sin embargo, no explica por sí solo décadas de decisiones internas fallidas, falta de transparencia y deterioro administrativo.
De Miranda también cuestionó que el presidente asegurara que Cuba tiene una desigualdad de ingresos menor que la de cualquier país capitalista. El economista recuerda que las autoridades cubanas no ofrecen a Naciones Unidas estadísticas periódicas y verificables sobre pobreza, distribución del ingreso o desigualdad que permitan respaldar esa comparación. En lugar de una discusión técnica, la frase parece una consigna. La desigualdad cubana se observa hoy en los hogares que viven del salario estatal frente a los que reciben remesas, acceden a divisas, manejan negocios privados o tienen vínculos con sectores privilegiados. Medirla bien no la crea; ocultarla, en cambio, impide diseñar políticas para reducirla.
La crítica incluyó errores de política comparada: Díaz-Canel dijo que el presidente de Francia es elegido por el Parlamento y que en Estados Unidos la población no puede elegir candidatos, afirmaciones incompatibles con el sufragio presidencial directo francés y las elecciones primarias estadounidenses. Es válido criticar los límites de ambas democracias, la influencia del dinero y la desigualdad en la competencia electoral. Pero hacerlo con datos incorrectos debilita una crítica que podría ser sustantiva.
El texto de De Miranda ha circulado ampliamente porque pone en palabras una frustración creciente: no basta con pedir sacrificio, resistencia o confianza cuando los ciudadanos carecen de información completa para evaluar a quienes gobiernan. Defender soberanía y justicia social exige instituciones capaces de publicar cifras auditables, reconocer errores y debatir sin esconderse detrás de consignas históricas. ¿Cuándo ofrecerá el Estado datos independientes sobre pobreza, desigualdad y servicios? ¿Podrá Cuba discutir su pasado sin utilizarlo para silenciar las urgencias de su presente?