Miguel Díaz-Canel reunió en La Habana a representantes del sector no estatal y les planteó una pregunta que resume la gravedad de la crisis energética cubana: “¿Cuál es el papel de la empresa privada en el sector energético?”. La respuesta oficial apunta a que las mipymes, cooperativas y otros negocios no estatales deben contribuir a producir electricidad, crear empleos, incrementar la producción nacional y generar ingresos para el país, dentro de un paquete gubernamental de 176 medidas económicas. El mensaje se divulgó este 27 de agosto, en medio de una jornada para la cual la Unión Eléctrica pronosticó una afectación de hasta 2.060 MW en el horario de máxima demanda.
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La propuesta no aparece de la nada. La normativa cubana permite que entidades estatales y privadas desarrollen proyectos de fuentes renovables y vendan sus excedentes a la Unión Eléctrica mediante contratos de compraventa con precios y plazos definidos. En teoría, abrir ese espacio puede ser útil: paneles solares en comercios, almacenes, talleres, pequeñas industrias y explotaciones agrícolas podrían aliviar la demanda diurna, reducir consumo de combustibles y dar cierta estabilidad a actividades productivas. En un país dependiente de termoeléctricas envejecidas, combustible importado y grupos electrógenos con averías frecuentes, cualquier megawatt renovable cuenta.
Pero la reunión revela una contradicción difícil de ignorar. El Gobierno pide al sector privado que ayude a sostener un servicio público esencial mientras conserva para el Estado la conducción del sistema eléctrico, el acceso principal a divisas, las importaciones estratégicas y buena parte de la regulación sobre quién puede invertir, comprar, importar o fijar precios. La prensa oficial presenta el encuentro como una búsqueda de articulación entre empresas estatales y no estatales; medios independientes y publicaciones críticas en redes lo leen, en cambio, como una ampliación de responsabilidades para un sector que ya enfrenta inspecciones, cambios regulatorios, límites a sus operaciones y presiones por los precios.
La escala de la emergencia vuelve más evidente esa distancia entre discurso y capacidad. Este jueves, la UNE informó una disponibilidad de 1.170 MW frente a una demanda máxima estimada de 3.200 MW: un déficit de 2.030 MW, con 2.060 MW de afectación prevista si las condiciones se mantenían. Ninguna suma rápida de pequeños sistemas fotovoltaicos resolverá por sí sola una brecha de esa magnitud. La generación distribuida sí puede ayudar, especialmente si disminuye el consumo de negocios con refrigeración, iluminación o bombeo de agua; pero requiere financiamiento, equipos, baterías, repuestos, reglas estables y una red capaz de recibir esa energía sin trabas técnicas ni burocráticas.
Para la población, la discusión es menos abstracta que las cifras oficiales. Un apagón prolongado significa alimentos que se echan a perder, agua que no llega a los pisos altos, negocios sin refrigeración, barberías y talleres detenidos, trabajadores que pierden ingresos y familias obligadas a reorganizar el día alrededor de la corriente. Para los emprendimientos, instalar energía solar puede convertirse en una estrategia de supervivencia, pero también en otra barrera de entrada: quien dispone de capital en divisas podrá proteger su operación; quien vive de márgenes mínimos seguirá expuesto al corte eléctrico. El riesgo es que una solución potencialmente colectiva termine reforzando desigualdades entre negocios y barrios.
La exigencia de “aporte” se produce, además, cuando el Estado necesita que el sector privado reduzca importaciones, aumente la producción local y contribuya fiscalmente, al tiempo que le advierte contra la evasión, el acaparamiento, la corrupción, los precios considerados abusivos y el rechazo a las transferencias bancarias. Es legítimo exigir transparencia tributaria y reglas laborales. Lo que no parece sostenible es trasladar a pequeños actores económicos la carga de una crisis estructural sin garantizarles acceso transparente a financiamiento, importaciones de tecnología, contratos confiables y mecanismos independientes para resolver disputas.
El encuentro puede marcar un reconocimiento práctico: el Estado cubano ya no puede manejar la economía ni la crisis energética sin el sector no estatal. Sin embargo, reconocer su utilidad no equivale a ofrecerle autonomía, seguridad jurídica o capacidad real de decisión. Si las mipymes generan excedentes solares, ¿recibirán pagos oportunos y tarifas que hagan viable la inversión? Y, sobre todo, ¿la colaboración será una oportunidad para democratizar la energía o una nueva obligación para empresas que ya sobreviven bajo incertidumbre?