El próximo curso escolar comenzará en Cuba el 1 de septiembre, pero las escuelas no abrirán bajo condiciones normales. La ministra de Educación, Naima Trujillo Barreto, anunció que cada territorio podrá modificar los horarios, los días de presencialidad y el tiempo de permanencia de los estudiantes en los centros, de acuerdo con los apagones, el transporte disponible, el acceso al agua y las condiciones de cada comunidad. También se flexibilizará el uso del uniforme: ningún alumno deberá dejar de asistir a clases por no tener las prendas reglamentarias, una admisión clara de que la distribución no llegará completa al inicio del período.
La decisión es razonable ante la emergencia, pero expone un deterioro que ya no puede disimularse con discursos sobre la prioridad histórica de la educación. En algunos centros habrá doble sesión diaria; otros abrirán solo determinados días de la semana; y en varios casos se cambiarán las horas de entrada o se reducirán las jornadas presenciales. Los institutos preuniversitarios vocacionales, por ejemplo, no iniciarán todos al mismo tiempo: algunos lo harán una semana después y otros quince días más tarde, en función de la transportación y la organización territorial. Más que una planificación pedagógica, el diseño parece una administración de carencias.
La crisis del uniforme tiene una dimensión social que merece atención. El Ministerio de Educación informó que se priorizó a preescolar y séptimo grado, pero reconoció que ni siquiera esos niveles contarán necesariamente con el uniforme completo desde el primer día. La producción deberá continuar durante septiembre y octubre, con inventarios existentes, talleres, jornadas comunitarias de costura e incluso confección desde hogares. Que las escuelas no puedan exigir colores específicos ni combinaciones de vestimenta evita castigar a las familias más pobres. Sin embargo, trasladar parte de la solución a madres, abuelas, vecinos y hogares confirma que las responsabilidades estatales se están compensando con trabajo de cuidados no remunerado.
La presión no termina en la ropa. Los apagones afectan iluminación, ventilación, bombeo de agua, elaboración de alimentos y funcionamiento de equipos; el año anterior debió acortarse desde junio por falta de condiciones, incluido el suministro de agua en numerosos centros. Para un niño de primaria, estudiar durante un corte eléctrico en pleno calor puede convertirse en agotamiento; para una familia, significa reorganizar desayuno, transporte y recogida de los menores; para docentes, supone preparar clases sin recursos ni garantía de que el aula tendrá luz, agua o comida escolar. La educación pública continúa siendo gratuita en términos formales, pero las familias asumen cada vez más costos indirectos para sostenerla.
El déficit docente es otro indicador central. La ministra reconoció que el sistema solo ha logrado cubrir aproximadamente el 73% de las plazas necesarias, y en La Habana se prevé trasladar unos 300 maestros desde otras provincias para paliar la falta de personal. La medida puede resolver temporalmente algunas aulas, pero desplaza el problema hacia los territorios de origen y no responde a las causas de fondo: salarios insuficientes, sobrecarga laboral, deterioro de las condiciones de vida y emigración de profesionales. Recurrir a universitarios como apoyo en los primeros niveles puede ser útil como experiencia formativa, aunque no debe sustituir la preparación pedagógica ni el empleo estable de maestros.
La explicación oficial subraya el derecho a la educación y la necesidad de mantener la presencialidad por su relación con la calidad. Esa idea es correcta. La escuela es también alimentación, socialización, protección ante violencia y acompañamiento para hogares donde los adultos trabajan. Pero la contradicción aparece cuando se habla de garantizar derechos mientras se normaliza que las clases dependan de una bombilla recargable, de una guagua incierta o de la capacidad de las familias para coser un uniforme. La desigualdad educativa crecerá si las comunidades con más recursos pueden compensar las carencias y otras quedan con horarios reducidos, maestros improvisados y menos tiempo de aprendizaje.
El anuncio debe valorarse como un intento de evitar que la crisis expulse a estudiantes de las aulas, no como una solución suficiente. La flexibilidad puede ser un gesto de sensibilidad institucional si viene acompañada de datos públicos, apoyo material y protección real para docentes y familias. ¿Cómo se garantizará que la reducción de horas no profundice las brechas entre escuelas y territorios? ¿Cuándo la educación cubana podrá volver a planificar desde necesidades pedagógicas y no desde la próxima avería, apagón o falta de transporte?