Una investigación publicada este martes 8 de septiembre por CubaNet y replicada por CubitaNOW revela detalles sobre el crecimiento de Hacienda El Patrón, un proyecto empresarial y turístico asociado a Roberto Carlos Chamizo González, señalado como cercano a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “El Cangrejo”, nieto del expresidente Raúl Castro. Según testimonios y documentos citados por el medio, el empresario habría obtenido cerca de 30 hectáreas de tierras estatales en usufructo y estaría intentando legalizar otras 70, en un proceso que involucró a altos funcionarios del Gobierno cubano.
El discurso oficial insiste en que la tierra es un recurso estratégico para la soberanía alimentaria y que su distribución debe priorizar a campesinos y cooperativas que producen alimentos. Sin embargo, la investigación sostiene que en 2021 dos oficiales de la Policía se presentaron en la oficina de Esmeregildo Martínez Gámez, entonces directivo del Ministerio de la Agricultura en La Habana, junto a Chamizo, para solicitar la legalización de 6,27 hectáreas que el empresario ya utilizaba en Habana del Este. Martínez aseguró que la gestión fue presentada como “una tarea de Raulito” y que debía manejarse con discreción; aunque existían irregularidades en el procedimiento, finalmente se aprobó una resolución que concedió los terrenos a Chamizo en usufructo durante 20 años.
La expansión habría continuado en los años siguientes. La investigación sostiene que en 2023 el entonces viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca y el ministro de Agricultura, Ydael Jesús Pérez Brito, visitaron Hacienda El Patrón para impulsar nuevas concesiones. Posteriormente, una comisión ministerial intervino en el proceso y Chamizo recibió otras 21,71 hectáreas, con lo que la superficie acumulada llegó a aproximadamente 30 hectáreas. Actualmente existirían gestiones para incorporar otras 70, mientras solicitudes de campesinos que buscan tierras para producir alimentos permanecen sin resolver, según los testimonios recogidos.
El impacto concreto se mide en el acceso a la tierra y en la percepción de justicia. Para campesinos, trabajadores estatales y pequeños productores, la diferencia entre conseguir o no una parcela puede significar la posibilidad de alimentar a una familia, generar ingresos o migrar. En un contexto de crisis alimentaria, donde la producción nacional no logra cubrir la demanda y los precios en el mercado informal se disparan, que un proyecto turístico acumule decenas de hectáreas con apoyo estatal genera indignación. La investigación también vincula al primer ministro Manuel Marrero Cruz con gestiones relacionadas con la importación de plantas de uva destinadas a Hacienda El Patrón, que llegaron en 2024 sin certificado fitosanitario y fueron destruidas tras detectarse bacterias.
Hacienda El Patrón funciona actualmente como un complejo turístico con restaurante, piscina, caballos, kayak, masajes y alojamientos tipo glamping, según describe CubaNet. El medio señaló que solicitó comentarios a Chamizo y al Ministerio de la Agricultura, pero no recibió respuesta antes de publicar su investigación. La reacción en redes y medios independientes fue inmediata: portales como CubitaNOW, CiberCuba y Directorio Cubano replicaron la noticia y la titularon como un ejemplo de “privilegios para allegados al poder”. En Facebook, publicaciones de CiberCuba Noticias sobre el caso acumularon miles de interacciones y cientos de comentarios que cuestionan la transparencia en la asignación de tierras.
El episodio enlaza con problemas de fondo: la concentración de recursos en manos de una élite vinculada al poder, la opacidad en la gestión estatal y la erosión de la confianza en las instituciones. En un país donde la migración masiva y la fuga de talento están directamente relacionadas con la falta de oportunidades y la percepción de injusticia, casos como este alimentan la narrativa de que el sistema beneficia a unos pocos mientras la mayoría lucha por sobrevivir. ¿Qué mensaje envía a la población que un proyecto turístico acumule decenas de hectáreas con apoyo estatal mientras campesinos esperan años por una parcela? ¿Es posible hablar de soberanía alimentaria y justicia social cuando la tierra se asigna por contactos y no por necesidad productiva?