Peña afronta una posible pena de 15 años: ¿quién responderá por los ahorros atrapados en Ueno Bank?.
El expresidente paraguayo Santiago Peña podría enfrentar hasta 15 años de prisión en la investigación por Ueno Bank, según la expectativa penal expuesta por la Fiscalía y recogida por EFE. El caso examina su presunta intervención en decisiones relacionadas con depósitos de instituciones públicas y previsionales en la entidad. Peña permanece en prisión preventiva después de su destitución mediante juicio político, de acuerdo con las informaciones judiciales publicadas. El exmandatario niega los cargos y todavía no existe una condena que determine su responsabilidad penal. Paralelamente, el Banco Central del Paraguay mantiene un proceso de devolución de depósitos cubiertos por la garantía correspondiente. La crisis plantea dos preguntas distintas: quién debe responder ante la justicia y cuánto dinero podrán recuperar finalmente los afectados.
La fiscal Verónica Valdez explicó que la pena máxima estimada responde a la concurrencia de más de un hecho punible. “La pena que podría ser aplicada (…) es de hasta 15 años de pena privativa de libertad por un concurso, ya que es más de un hecho punible”, declaró en conferencia de prensa, según EFE. La imputación descrita en la información de partida comprende lesión de confianza, como presunto instigador, y administración en provecho propio, como supuesto autor. Esa calificación deberá sostenerse mediante pruebas y podrá ser examinada durante el procedimiento judicial. Una expectativa máxima de pena no significa que el tribunal vaya a imponerla ni que la culpabilidad esté acreditada. La investigación también alcanza a otras 27 personas vinculadas con Ueno y empresas relacionadas, entre ellas ocho exdirectivos del banco.

Uno de los ejes de la investigación es la relación económica previa entre Peña y el conglomerado empresarial relacionado con la entidad. Según la imputación descrita por France 24, el entonces presidente poseía acciones equivalentes al 1,58% de Ueno Holding, además de un certificado de depósito de ahorro y un bono de Itti. La misma información señala que vendió su participación en marzo de 2025, cuando ya ejercía la Presidencia. La Fiscalía investiga si habría influido en la colocación, renovación o permanencia de recursos públicos en el banco. EFE documentó que el expediente menciona depósitos e inversiones de instituciones como el Instituto de Previsión Social y varias cajas de jubilaciones. Estas relaciones y operaciones forman parte de la hipótesis acusatoria; por sí solas, no permiten afirmar que todas las decisiones investigadas fueran delictivas.
La actuación del Banco Central permite establecer con precisión cuándo comenzó el procedimiento financiero. Su directorio adoptó la resolución el 2 de noviembre y la comunicó públicamente el día 3. El organismo explicó que detectó una “insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del cincuenta por ciento (50%) del mínimo requerido”, después de ajustes a los estados financieros. Esa expresión no significa que el banco conservara necesariamente la mitad de todos sus depósitos ni permite calcular directamente cuánto dinero falta. La resolución abrió un mecanismo destinado a gestionar la situación de la entidad bajo la legislación sobre garantía de depósitos y resolución bancaria. El número de clientes afectados, cercano a 2,9 millones según EFE, tampoco debe confundirse con el número de personas que ya recibieron pagos o con el valor total de las pérdidas.
🔴 FISCALÍA CONFIRMA PENA DE HASTA QUINCE AÑOS PARA SANTIAGO PEÑA Y DECLARA PRÓFUGO A DIRECTIVO DE ITI
🗣»El expresidente, la pena máxima que podría ser aplicada, conforme a las calificaciones que ahora están previstas, es de hasta 15 años».
📌 El Ministerio Público detalló que la expectativa de pena para el exmandatario alcanza los quince años por concurso de hechos punibles. Además, informaron el allanamiento a oficinas y la orden de captura contra César Astigarraga, CEO de ITI, quien permanece prófugo.
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Sobre las restituciones, France 24 informó que 1.812.348 depositantes recibieron anticipos por un total de 3,9 billones de guaraníes, aproximadamente 644 millones de dólares. El medio atribuyó esos datos al miembro del directorio del BCP Pedro Acosta y señaló que correspondían a una primera etapa de cobertura. Por su parte, el portal oficial del Banco Central registra pagos sucesivos y una comunicación del 11 de noviembre sobre un quinto grupo de ahorristas. Sin embargo, completar una etapa no equivale a devolver la totalidad de los fondos de todos los clientes. La información publicada distingue un tramo de hasta 40 salarios mínimos y una ampliación posterior hasta el límite de 75 salarios mínimos previsto para la garantía. También señala que las deudas pendientes de cada cliente con Ueno se consideran al calcular los importes, por lo que no todos reciben una transferencia equivalente al saldo bruto que tenían depositado.
El principal interrogante financiero continúa siendo la recuperación de los importes que superan la cobertura y de otros instrumentos de inversión. EFE situó en unos 800 millones de dólares los recursos públicos depositados en Ueno, en buena medida vinculados a fondos previsionales. Además, una resolución oficial de la Superintendencia de Valores dispuso criterios extraordinarios de valoración para inversiones expuestas al banco y a sociedades de su grupo. Entre ellos figura valorar en cero determinados bonos y, provisionalmente, los excedentes de ciertos depósitos sobre el límite garantizado. Esa disposición contable no constituye por sí misma una sentencia que declare definitivamente perdido todo ese dinero. Sí muestra la incertidumbre que enfrentan fondos e inversionistas mientras se determina el mecanismo de resolución y las posibilidades de recuperación.
Paraguay devuelve parte de sus ahorros a todos los clientes de Ueno Bank con fondos garantizados https://t.co/7F9mcc6p0p
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La investigación también se ha extendido al extranjero para rastrear bienes que pudieran estar relacionados con las operaciones examinadas. Según la información atribuida al fiscal adjunto Manuel Doldán, Paraguay solicitó cooperación a Luxemburgo y recurrió a la notificación plateada de Interpol para identificar y localizar activos. También se anunciaron contactos con Argentina y organismos europeos, aunque esas gestiones no equivalen a bienes recuperados o decomisados. Localizar un activo, demostrar su vinculación con un delito y conseguir su devolución son etapas diferentes. La destitución política de Peña tampoco sustituye el juicio penal, del mismo modo que los anticipos a los depositantes no cierran el balance económico de la crisis. El alcance definitivo del caso dependerá tanto de las responsabilidades que se prueben como de los recursos que efectivamente puedan recuperarse y restituirse.
