Presupuesto y PASO bajo presión: ¿qué podrá aprobar el Gobierno antes de cerrar el año?.
El Gobierno argentino prevé convocar a sesiones extraordinarias para avanzar con el Presupuesto 2027 y la reforma política que incluye la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, conocidas como PASO. Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, anticipó esa posibilidad este 12 de noviembre durante una entrevista con Eduardo Feinmann en Radio Mitre. “Seguramente haya extraordinarias”, afirmó al describir la agenda pendiente del oficialismo. Sin embargo, la información disponible no establece todavía un decreto con fechas y temario definitivos para diciembre. La ventana que se evalúa comenzaría a principios de ese mes y terminaría antes de las fiestas, con el viernes 18 como alternativa. Es un calendario en preparación, no una convocatoria formal que pueda darse por publicada.
La distinción importa porque el llamado institucional corresponde al presidente Javier Milei y requiere un acto del Poder Ejecutivo. Los artículos 63 y 99, inciso 9, de la Constitución sustentan la facultad presidencial de convocar extraordinariamente al Congreso. Los decretos de convocatorias anteriores muestran que ese instrumento fija el período y los asuntos habilitados para su tratamiento. Como antecedente, el Decreto 865/2025 estableció sesiones del 10 al 30 de diciembre del año pasado. Además, el Ejecutivo puede ampliar posteriormente el temario, como ocurrió mediante el Decreto 53/2026 con los proyectos sobre régimen penal juvenil. Por eso, una iniciativa mencionada en conversaciones políticas no debe presentarse automáticamente como incorporada al próximo llamado.

El Presupuesto 2027 ya tiene un recorrido verificable en la Cámara de Diputados. Los registros parlamentarios identifican su ingreso el 15 de septiembre de 2026 bajo el expediente 0013-JGM-2026. Durante su exposición ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el secretario Carlos Guberman presentó proyecciones de crecimiento del PIB del 4%, inflación anual del 18% y un tipo de cambio de 1.848 pesos por dólar. Esas cifras son supuestos del proyecto, no resultados económicos garantizados. Por su parte, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, afirmó que el presupuesto busca “sostener y mantener el equilibrio fiscal y el camino de la baja inflacionaria”. La información oficial de Diputados había señalado el 18 de noviembre como objetivo para llevarlo al recinto, aunque ese anuncio no equivale a una aprobación ya producida.
El debate presupuestario tampoco se limita a las variables macroeconómicas que defiende el Ejecutivo. En reuniones oficiales de comisiones, especialistas e instituciones plantearon cuestionamientos sobre partidas sociales y mecanismos de actualización. Representantes de UNICEF y de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes advirtieron sobre el artículo que propone derogar la movilidad automática de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo. También se discutieron recursos destinados a educación técnico-profesional, políticas de género y funcionamiento del INTA. Esas intervenciones expresan observaciones y posiciones de quienes participaron, no conclusiones compartidas por toda la Cámara. El contenido que finalmente pueda aprobarse dependerá de los acuerdos, modificaciones y votaciones que complete el Congreso.

En materia electoral, Menem defendió acelerar el debate de las PASO, pero presentó el plazo de dos semanas como una expectativa. “Yo creo, y es una expresión de deseo, que en las próximas dos semanas (…) tendríamos que estar avanzando con la media sanción en la Cámara de Senadores”, señaló. También reconoció que el resultado depende de quienes voten afirmativamente y de que se alcancen los acuerdos necesarios. Por tanto, los quince días no constituyen una fecha de sesión confirmada ni un plazo legal para sancionar la reforma. La información periodística coincide en que el objetivo inmediato es suspender las primarias de 2027, aunque algunas versiones también utilizan la palabra eliminación. Esa diferencia debe preservarse: dejar sin efecto una elección determinada no equivale a suprimir permanentemente el sistema.
Otros expedientes podrían incorporarse a las extraordinarias, pero su inclusión sigue pendiente de una definición formal. El material de partida menciona el Súper RIGI y la Ley Hojarasca, con media sanción de Diputados y dificultades para avanzar en el Senado. En sentido contrario, sitúa en la Cámara baja iniciativas sobre biocombustibles, inversiones relevantes, mercado de carbono y salud mental. Sobre este último asunto, conviene corregir una simplificación: la Ley 26.657 ya establece que una internación involuntaria debidamente fundada debe notificarse al juez y al órgano de revisión dentro de diez horas. La norma contempla requisitos sanitarios y un control judicial posterior, por lo que no corresponde describir el régimen existente como una exigencia general de autorización judicial previa. Para explicar qué cambiaría con la reforma será necesario comparar el texto aprobado por el Senado con las disposiciones aplicables, no solamente con un resumen político.

La negociación de las próximas semanas deberá resolver, entonces, dos cuestiones diferentes: cuáles son las prioridades del Ejecutivo y cuáles cuentan efectivamente con apoyos parlamentarios. Menem anticipó voluntad de avanzar, pero sus declaraciones no reemplazan el decreto de convocatoria ni las decisiones de cada Cámara. Una media sanción tampoco transforma por sí sola un proyecto en ley, como muestran los expedientes pendientes de revisión en la otra cámara. ¿Podrá el oficialismo cerrar diciembre con presupuesto y nuevas reglas electorales, o deberá prolongar las conversaciones durante el verano? La respuesta dependerá del temario definitivo, de los acuerdos entre bloques y de las modificaciones que se introduzcan. Hasta entonces, las fechas tentativas y las expectativas de votos deben distinguirse de los actos oficiales y las leyes efectivamente sancionadas.
