Venezuela, en medio de su transición política y judicial, vuelve a ser protagonista por un caso que no es nuevo, pero que ahora tiene un tribunal estadounidense: cinco ciudadanos venezolanos han presentado una denuncia civil ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York contra Nicolás Maduro, arraigándolo por presuntas ejecuciones extrajudiciales de seis de sus familiares ocurridas entre 2017 y 2021, según medios internacionales y publicaciones recientes en redes sociales. La acusación se centra en la Fuerza de Acción Especial (FAES), unidad de la Policía Nacional Bolivariana que operaba bajo las órdenes directas del expresidente, y en los patrones de violencia que, según ONGs, podrían haber resultado en más de 1.000 muertes en ese periodo, aunque la cifra real podría ser aún mayor.
El discurso oficial venezolano, aún cuando el gobierno ha sido desplazado, siempre ha sido el mismo: “acciones de seguridad ciudadana contra grupos armados y delincuenciales”, “operativos legales contra la violencia”, “víctimas de la criminalidad”. En su televiseda narrativa, la FAES no era una fuerza de ejecución, sino un brazo legítimo de orden público. Pero la denuncia de estos cinco ciudadanos, que no divulga nombres de denunciantes ni de víctimas, muestra otra imagen: cinco hombres jóvenes y un adolescente asesinados por miembros de las FAES en sus viviendas o en las cercanías, sin ordre judicial, sin juicio previo, sin garantía de defensa.
En medios independientes y redes sociales, la reacción es de alivio, pero también de duda. La demanda se presenta en un momento en que la transición política en Venezuela abre la puerta a procesos de justicia, pero aún no hay garantías de que las víctimas sean realmente reparadas. En Instagram y Facebook, publicaciones como “familiares de cinco jóvenes venezolanos presentaron una demanda civil contra Nicolás Maduro” se viralizan con frases como “por fin justicia” y “pero ¿y los que siguen sin respuesta?”. La narrativa de los demandantes no solo busca indemnización económica, sino también reconocimiento público, memoria, atención psicosocial y restitución de derechos: una reparación integral, no solo compensación.
El impacto real en la población es doble. Primero, simbólico: que cinco personas deciden llevar a Maduro ante la justicia internacional demuestra que el miedo ya no es absoluto; que la frase “no hay justicia” se puede romper. Segundo, material: la mayoría de las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela no han recibido ninguna reparación integral; el Estado venezolano se ha negado a cumplir con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a indemnizar a las víctimas. La demanda en Nueva York no garantiza que las familias reciban nada, pero sí abre una grieta en el muro de silencio.
La controversia también tiene un trasfondo político: Maduro, aunque ya no es presidente, aún tiene un poder simbólico y político enorme en sectores de la izquierda latinoamericana. Que ahora sea responsabilizado civilmente en un tribunal de EE.UU. por ejecuciones extrajudiciales y violaciones de derechos humanos no es solo un hecho judicial: es un mensaje político. Señala que la justicia internacional no solo es para los gobiernos que ya no existen, sino también para los que todavía tienen apoyo en la región.
La lectura crítica es inevitable: ¿servirá esta demanda para que las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela finalmente sean reparadas, o será solo un gesto simbólico que no cambia su realidad? ¿Y qué pasa con los miles de casos que aún no tienen ni tribunal, ni denuncia, ni reparación?