El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó que la Asamblea Nacional de 2015 y el gobierno interino venezolano acordaron crear un foro conjunto para iniciar formalmente un proceso de transición política en el país, con las primeras conversaciones previstas para la primera semana de agosto. En una rueda de prensa en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, Rubio explicó que «un grupo que representa a la Asamblea Nacional de 2015, la última Asamblea Nacional elegida democráticamente, el grupo al que reconocimos como el Gobierno legítimo de Venezuela, se reunió con el Gobierno interino, y han acordado establecer un formato y un foro no solo para las conversaciones de reconciliación, sino también para iniciar el proceso de transición, que es lo que necesita el pueblo de Venezuela». El jefe de la diplomacia estadounidense definió este entendimiento como una «propuesta muy significativa» y lamentó que haya pasado casi desapercibida en la agenda mediática, subrayando que las primeras reuniones oficiales se celebrarán «la primera semana de agosto» y que el acuerdo fue recibido en general como una «muy buena noticia» en Venezuela. ¿Puede este foro convertirse en el espacio donde, por fin, se trace una hoja de ruta clara hacia un nuevo ciclo institucional?
El acuerdo surge de una reunión celebrada el 18 de junio en el Palacio Federal Legislativo de Caracas entre Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional elegida en 2015, y Jorge Rodríguez, representante del gobierno interino, en un gesto que simboliza el acercamiento entre dos estructuras que durante años han estado enfrentadas. Figuera regresó al país tras ocho años de exilio en España, invitada por el Departamento de Estado, y posteriormente confirmó que la hoja de ruta conjunta contempla la creación de una mesa técnica y política paritaria dedicada a impulsar reformas institucionales clave, como la renovación del Consejo Nacional Electoral y la reconfiguración del Tribunal Supremo de Justicia. Este diseño busca atacar el corazón del sistema político venezolano: las reglas electorales y la composición de las máximas instancias judiciales, elementos esenciales para cualquier transición creíble. La reunión y el compromiso de abrir un espacio formal de trabajo sugieren que la oposición vinculada a la Asamblea de 2015 y el gobierno interino reconocen la necesidad de un mínimo común denominador para avanzar hacia elecciones con garantías. ¿Podrán estas reformas construirse de manera consensuada y resistir las tensiones que inevitablemente acompañan a todo proceso de cambio de régimen?
El inicio de este diálogo llega, además, en medio de un escenario humanitario muy complejo tras los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 del 24 de junio, que dejaron miles de muertos y heridos en el norte de Venezuela y obligaron a redoblar los esfuerzos de reconstrucción. Rubio señaló que, dentro del paquete total de ayuda anunciado por Estados Unidos, ya se han comprometido más de 180 millones de dólares para labores de reconstrucción, y que Washington trabaja para facilitar el acceso venezolano a mecanismos de financiamiento y crédito internacional, mientras el país elabora una estimación completa de los costes de retiro de escombros y construcción de nuevas infraestructuras. El Departamento de Estado informó previamente que la ayuda total comprometida supera los 386 millones de dólares, integrando asistencia de emergencia y recursos destinados a la recuperación económica. Estas cifras reflejan que la transición política no puede desligarse de la reconstrucción material del país, especialmente en un contexto donde la destrucción física se suma a décadas de deterioro institucional y económico. ¿Hasta qué punto el avance del foro político estará condicionado por la capacidad de atender primero las urgencias básicas de vivienda, servicios y empleo?
El anuncio de Rubio se inscribe dentro de la estrategia de tres etapas para Venezuela que Washington presentó a comienzos de 2026: estabilización, recuperación y transición. Según explicó el propio secretario de Estado, la primera fase se centra en la estabilización económica del país, incluyendo el uso de ingresos provenientes del sector petrolero para reconstruir infraestructura y compensar inversiones afectadas por la nacionalización de activos en años anteriores. La segunda etapa, denominada “recuperación”, busca reintegrar a Venezuela en el mercado global, garantizar acceso “justo” al mercado venezolano para empresas estadounidenses, occidentales y de otros países, y promover un proceso de reconciliación nacional en el que fuerzas de oposición puedan ser amnistiadas, liberadas o regresar del exilio para reconstruir la sociedad civil. La tercera fase, definida como “transición”, tiene como objetivo la normalización política definitiva mediante la reconstrucción de la sociedad civil y la celebración de elecciones, completando el cambio de régimen. Al declarar que la creación del foro marca la entrada formal en esa tercera fase, Rubio está diciendo que el país ya ha cruzado un umbral clave: ¿está Venezuela preparada institucionalmente para sostener una transición democrática luego de años de confrontación y crisis?
En sus declaraciones, Rubio aseguró que Estados Unidos tendrá un papel «muy activo» en esta nueva etapa, sugiriendo que el acompañamiento internacional será constante tanto en el ámbito político como en el económico. A la vez, voces académicas y analistas han advertido que, aunque se observan cambios estructurales tras la captura de Nicolás Maduro y el establecimiento de un gobierno provisional encabezado por Delcy Rodríguez, estos movimientos todavía no constituyen por sí solos una transición democrática completa, sino una condición necesaria para que esa transición pueda llegar a producirse. La instalación de una mesa técnica y política entre la Asamblea de 2015 y el gobierno interino, la disposición a reformar organismos clave y el respaldo financiero internacional apuntan en la dirección de un proceso más organizado que en crisis anteriores, pero el futuro sigue siendo incierto y cargado de desafíos. ¿Este foro será el inicio de un pacto amplio que incluya a más actores sociales y políticos, o se quedará en un espacio limitado entre élites? ¿Cómo se integrará la voz de las víctimas de la crisis y de la ciudadanía que ha soportado años de inflación, migración masiva y deterioro de servicios?