El juicio contra Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, y su madre, Caridad Silvente, estaba previsto para las 10:00 de la mañana de este jueves 1 de octubre en Cojímar, La Habana. En las horas previas, periodistas, activistas y allegados denunciaron operativos policiales cerca de sus viviendas que, según afirmaron, les impedían acudir al tribunal. El colectivo Fuera de la Caja dijo que había patrullas y agentes apostados en las esquinas de las casas de varios integrantes y que les indicaron que no podían salir hasta después de las 11:00. «No hemos cometido ningún delito, más allá de solo pensar diferente», expresó el grupo al pedir que se difundiera lo ocurrido. Su denuncia describe un posible obstáculo para acompañar a madre e hija, pero no disponemos de un registro independiente que permita establecer cuántas personas fueron efectivamente retenidas o durante cuánto tiempo.
Entre quienes reportaron vigilancia se encuentran las periodistas Camila Acosta y Yoani Sánchez. Acosta habló de un operativo de «7 u 8 personas» frente a su vivienda, mientras Sánchez informó que había amanecido con presencia policial en las inmediaciones de la suya. Fuera de la Caja sostuvo que situaciones parecidas afectaban desde el día anterior a amigos, periodistas y otras personas cercanas a Anna y a Caridad. Por separado, la organización Ciudadanía y Libertad reportó la detención del líder religioso David Espinosa y afirmó que habría sido trasladado a La Lisa para impedirle asistir a la vista. Se trata de reportes atribuidos a quienes los emitieron; al momento de redactar este artículo no hay una confirmación oficial consultable sobre la situación de Espinosa ni una explicación pública de las autoridades para los operativos denunciados.
El proceso contra Anna, de 21 años, y su madre está relacionado con un video que publicaron después de que agentes vestidos de civil acudieran a su vivienda con una citación de la Seguridad del Estado. Según la información difundida sobre el caso, la imputación se refiere a «actos contra la intimidad personal y familiar», figura recogida en el Código Penal cubano. El texto de esa ley está publicado en la Gaceta Oficial, pero conocer la existencia del delito no basta para concluir que grabar y difundir aquella visita cumpla sus requisitos: eso es precisamente parte de lo que debe discutirse en el proceso. Anna ha defendido públicamente su actuación y, al explicar las medidas que le fueron impuestas, dijo: «Me encuentro bajo medida cautelar: reclusión domiciliaria. No puedo salir del país». Sin acceso al expediente y a los argumentos completos de las partes, no sería responsable anticipar una decisión judicial.
La atención sobre la vista no se limita a la acusación presentada contra madre e hija. También se centra en las condiciones en que personas interesadas en seguir el juicio podrían llegar al tribunal, y en si las restricciones denunciadas respondieron a órdenes identificables y susceptibles de revisión. Que activistas y periodistas describan vigilancia alrededor de sus casas no demuestra por sí solo que todas las personas citadas vivieran el mismo tipo de operativo; sí justifica preguntar a las autoridades quién lo ordenó, con qué fundamento y durante qué horario. Un reporte publicado esta mañana por 14ymedio recoge denuncias de operaciones policiales antes del juicio, lo que coincide con el núcleo de los testimonios compartidos por los afectados. También importa escuchar la versión de las instituciones responsables, que no consta en la información consultada para este artículo. ¿Se permitirá conocer públicamente lo ocurrido tanto dentro como fuera de la sala?
Hay, además, una precisión temporal necesaria: la información inicial facilitada para este artículo sitúa el operativo «este miércoles», pero el juicio reportado para Cojímar corresponde al jueves 1 de octubre de 2026; el miércoles fue 30 de septiembre. Esa diferencia importa en una noticia en desarrollo, igual que distinguir entre una persona denunciada como detenida, una detención confirmada y un eventual resultado del juicio. Hasta el momento descrito aquí, no contamos con una sentencia ni con una actualización verificada sobre la situación de todos los señalados en las denuncias, por lo que este artículo no da por concluida la vista. Anna y su madre enfrentan un proceso judicial mientras quienes querían acompañarlas denuncian restricciones de movimiento: ambas cuestiones merecen información comprobable y respuestas públicas. ¿Qué explicación darán las autoridades sobre los operativos y qué se conocerá finalmente de la audiencia?