Costa Rica rechaza pedir el fin del embargo a Cuba: ¿qué cambia con su voto en la ONU?
Costa Rica votó el 28 de octubre de 2026 contra la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que solicita terminar el embargo económico, comercial y financiero estadounidense contra Cuba. La propuesta fue aprobada con 130 votos favorables, 17 contrarios y 25 abstenciones, según el balance oficial de la ONU. El país centroamericano quedó entre las delegaciones que rechazaron el texto presentado por La Habana. Su posición coincidió con la de Argentina, Colombia, Ecuador y Paraguay, entre otros países. Conviene precisar el alcance de la decisión: Costa Rica votó contra una petición de levantamiento del embargo, no aprobó una nueva medida que impusiera o prorrogara las sanciones estadounidenses.
El resultado muestra una reducción considerable del respaldo internacional a esta iniciativa. En 2025, el texto había recibido 165 votos favorables, siete contrarios y doce abstenciones. La comparación revela una pérdida de 35 apoyos, un aumento de diez votos negativos y trece abstenciones adicionales. Naciones Unidas describe el resultado de 2026 como el menor respaldo favorable de los últimos veinte años. Aun así, la mayoría reunida fue suficiente para que la Asamblea pidiera nuevamente el fin del embargo. El voto costarricense formó parte de ese cambio diplomático, pero no alteró el desenlace de la resolución.
La posición adoptada en Nueva York se produce después de una decisión bilateral documentada por la Cancillería costarricense. El 18 de marzo de 2026, el Gobierno anunció el cierre de su embajada en La Habana y solicitó a Cuba retirar al personal diplomático acreditado en Costa Rica. «La medida se toma ante un agravamiento significativo de las restricciones a las libertades fundamentales», explicó el comunicado oficial. La institución mencionó limitaciones a la libertad de expresión, asociación y manifestación pacífica, además de denuncias de hostigamiento contra personas críticas del Gobierno cubano. También señaló el deterioro de las condiciones de vida y las dificultades de acceso a alimentos, medicamentos y servicios básicos. Estos argumentos explicaban aquella decisión de marzo, pero no deben presentarse automáticamente como una explicación formal del voto de octubre.

El anuncio sobre las embajadas incluyó una distinción entre la representación diplomática y la atención consular. Costa Rica permitió que permaneciera el personal consular y administrativo cubano necesario para prestar servicios a sus ciudadanos. Por su parte, indicó que procuraría atender a los costarricenses residentes en Cuba desde su consulado en Ciudad de Panamá. «El país continuará observando atentamente la evolución de la situación en Cuba», añadió la Cancillería. La decisión muestra un distanciamiento político acompañado de disposiciones para mantener determinados servicios. En conjunto, el cierre anunciado y el voto en la ONU permiten observar cambios en la relación, aunque corresponden a actuaciones diferentes y requieren analizarse por separado.
El texto aprobado por la Asamblea General fundamenta su petición en principios como la igualdad soberana de los Estados, la no intervención y la libertad de comercio y navegación. También expresa preocupación por las leyes con efectos fuera del territorio estadounidense, entre ellas la Ley Helms-Burton de 1996. Según la explicación oficial de Naciones Unidas, esas disposiciones afectan igualmente a entidades y personas de otros países. La resolución exhorta a los Estados a abstenerse de aplicar normas de ese tipo y pide derogarlas o dejarlas sin efecto donde estén vigentes. Además, solicita al secretario general un informe de seguimiento para el siguiente período de sesiones. Por eso, reducir la votación a un respaldo o rechazo general al Gobierno cubano deja fuera parte del contenido que examinaron las delegaciones.
Durante el debate, Estados Unidos y Cuba defendieron explicaciones opuestas sobre la crisis de la isla. «No hay bloqueo», afirmó el representante estadounidense, Mike Waltz, quien atribuyó los problemas al Gobierno cubano. Para sostener su argumento, citó exportaciones de su país a Cuba superiores a 876 millones de dólares durante los primeros ocho meses de 2026. El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, responsabilizó al embargo del sufrimiento de la población y destacó sus efectos sobre la atención sanitaria. También exhibió un contador que, según los cálculos presentados por su delegación, superaba los 22,9 millones de dólares en pérdidas desde el comienzo del debate el día anterior. «Lo que Cuba reclama es que la dejen en paz», manifestó, antes de concluir: «Cuba no es una amenaza, el bloqueo sí».
La jornada dejó dos resultados simultáneos: la resolución volvió a aprobarse y Costa Rica quedó entre quienes se opusieron. Fue la trigésima cuarta ocasión en que la Asamblea General pidió terminar estas restricciones desde el inicio de las votaciones en 1992. El respaldo ha variado durante ese recorrido, desde los 59 votos favorables de la primera resolución hasta los máximos de 191 alcanzados en 2015 y 2017. Los 130 apoyos actuales reflejan una mayoría persistente, aunque menor que la del año anterior. La pregunta es si el cambio de posiciones derivará en nuevas decisiones diplomáticas o permanecerá limitado a este pronunciamiento. Para valorar específicamente la postura costarricense, será importante distinguir sus decisiones documentadas de las motivaciones que todavía requieran una explicación pública sobre esta votación.
