PSA International, uno de los operadores portuarios más importantes del mundo con sede en Singapur, eliminó a Cuba de su red oficial de destinos tras la inclusión de la Terminal de Contenedores de Mariel S.A. en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La compañía había administrado la terminal de Mariel desde alrededor de 2010, bajo una concesión para operar el principal puerto de carga contenerizada del país, pieza central de la Zona Especial de Desarrollo Mariel. Aunque PSA no ha publicado hasta ahora un comunicado detallando el fin de ese vínculo, el hecho de que Cuba desapareciera de su directorio corporativo se interpreta como un retiro efectivo de la operación en la isla. La pregunta que se abre es si esta salida marca un punto de inflexión para el proyecto logístico estrella de Cuba o si se logrará sustituir a un socio de ese peso en el corto plazo.
El detonante inmediato de este movimiento fue la decisión de Washington de sancionar directamente a la Terminal de Contenedores de Mariel S.A. y a Coral Marítima S.A., al considerar que ambas estaban implicadas en un intento de eludir medidas previas contra el conglomerado militar GAESA. El Departamento de Estado describió la operación sin rodeos: la terminal “transfirió el Puerto del Mariel a Coral Marítima S.A. en una transacción de mediados de junio para evadir sanciones”. En respuesta, OFAC incluyó no solo a la terminal original, sino también a Coral Marítima y al Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario (GEMAR), cerrando el cerco sobre toda la cadena de propiedad y control asociada a esa infraestructura. Estas designaciones implican el bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de transacciones con personas y entidades de Estados Unidos, pero también generan un efecto disuasorio global, porque bancos, aseguradoras y navieras suelen evitar a empresas que entran en la lista de sancionados.
La salida de PSA golpea directamente la Zona Especial de Desarrollo Mariel, concebida desde su inauguración en 2014 como un nodo logístico regional para atraer inversión extranjera y redirigir flujos comerciales hacia Cuba. Sin un operador internacional de referencia y con el puerto bajo sanciones, cualquier naviera o compañía logística global enfrenta un riesgo elevado de sanciones secundarias si mantiene relaciones comerciales con la terminal. Expertos citados en medios especializados han advertido que esto puede traducirse en menos recaladas, desvío de rutas hacia puertos como Panamá, República Dominicana o México, y aumento de costos de seguros y financiación para quienes se atrevan a seguir operando con Mariel. En paralelo, las autoridades estadounidenses han insistido en que “cualquiera que apoye, patrocine o preste servicios a estos actores sancionados corre el riesgo de ser sancionado”, en palabras de voceros que instan a bancos y empresas a suspender de inmediato sus vínculos con las entidades designadas.
El impacto no se limita a las grandes estadísticas del comercio exterior, sino que alcanza al tejido empresarial emergente dentro de la isla. El abogado y promotor del sector privado cubano Alfonso Larrea Barroso ha explicado que “las múltiples sanciones y presiones a navieras, puertos o empresas cubanas y extranjeras obligan a una vía de tránsito única de toda la mercancía con destino a Cuba”, en referencia al estrecho de la Florida. Según su análisis, esto provoca que en puertos de todo el mundo “estén varados miles de contenedores de mercancías, adquiridas por nuestro sector privado, sin poder llegar a nuestro país u obligadas a realizar un tránsito ilógico y costoso”, lo que encarece productos, genera pérdidas por deterioro y termina repercutiendo en los precios que asume la población. En ese contexto, la combinación de sanciones más salida de un operador como PSA no solo afecta la macroeconomía, sino también la capacidad de importación de pequeñas y medianas empresas cubanas que dependen de cadenas logísticas ya tensionadas.
Mientras tanto, el gobierno cubano denuncia estas medidas como parte de una política de presión generalizada y ha acusado a Estados Unidos de actuar con “intenciones genocidas” tras las nuevas designaciones, al considerar que golpean de forma indirecta a toda la economía nacional. Desde Washington, en cambio, se insiste en que el objetivo es cortar el acceso de GAESA y otras estructuras estatales a ingresos internacionales, incluyendo puertos, servicios médicos, energía y entidades financieras conectadas con el régimen. Más allá de los discursos, la realidad es que el puerto del Mariel, pensado como símbolo de apertura y modernización, se encuentra ahora en el centro de un pulso geopolítico que redefine quién puede operar allí, con qué socios y a qué costo. ¿Será posible mantener su aspiración de convertirse en “hub” regional bajo este nuevo escenario de sanciones multiplicadas y retirada de socios globales, o el proyecto quedará reducido a una escala mucho más limitada de operaciones?