La minera canadiense Sherritt International anunció este 14 de junio que ha firmado un acuerdo de exclusividad de 120 días con Gillon Capital, LLC, la firma familiar de Ray Washburne, exasesor de la primera administración de Donald Trump, para negociar una colocación privada que podría cambiar el control de la empresa. Según la propia Sherritt, la exclusividad “sirve para completar la due diligence y negociar un acuerdo definitivo sobre la operación”, lo que significa que Gillon tiene 120 días para avanzar sin competencia directa, pero la compra no está cerrada. El punto más crítico es que la operación sigue sujeta a la aprobación de la OFAC (la oficina de control de activos extranjeros de EE. UU.), además del visto bueno de la Bolsa de Toronto y otras autorizaciones, sin garantías de que se complete.
El acuerdo preliminar no vinculante, firmado el 20 de mayo de 2026, ya planteaba que Gillon podría adquirir hasta el 55% de las acciones ordinarias de la compañía mediante un warrant que, al ejercerse, le daría participación de control en Sherritt. La empresa precisó que la propuesta contempla un warrant que, en caso de ser ejercido, “podría dejar a Gillon con alrededor del 55% de las acciones ordinarias de la compañía”, lo que implica que el inversor podría convertirse en el principal dueño de la minera. Sin embargo, Sherritt advirtió que “no hay garantía de que la transacción se complete ni de que lo haga en el plazo previsto”, lo que mantiene abierta la incórtidumbre sobre el futuro de la compañía.
La conexión política de la operación es clave: Gillon Capital es la oficina familiar de Ray Washburne, exfuncionario de la administración Trump, lo que le da a la negociación un componente político y de sanciones muy relevante, especialmente porque Sherritt mantiene operaciones en Cuba. La empresa ha mantenido conversaciones con el Departamento de Estado de EE. UU. y con el Tesoro, que dijeron “no objetar la participación de Gillon Capital en negociaciones” con Sherritt, y que las negociaciones no son contrarias a la ley estadounidense, aunque eso no equivale a una licencia formal de la OFAC. ¿Este tipo de participación de actores vinculados al gobierno estadounidense podría cambiar el panorama de las sanciones a Cuba?.
En términos prácticos, el acuerdo no significa que la compra ya esté cerrada: solo que Gillon tiene una ventana exclusiva de 120 días para negociar sin competencia directa, mientras realiza la due diligence y discute los detalles del contrato definitivo. Si la operación se concreta, Sherritt anticipa que el monto que pagará Gillon podría ser “por debajo del precio de sus acciones” al 15 de mayo, lo que sugiere un posible descuento en la valoración de la compañía. No obstante, la empresa subraya que la transacción depende de que se cumplan las condiciones de cierre habituales y de que se obtengan las autorizaciones necesarias, sin certezas sobre el resultado.
La pregunta que queda en el aire es: ¿qué implicaciones tendría que un grupo estadounidense con vínculos políticos en la administración Trump se convierta en el dueño mayoritario de una empresa canadiense que ha operado en Moa, Holguín, desde 1994, donde tiene una empresa conjunta con el gobierno cubano?. En un contexto donde las sanciones estadounidenses a Cuba siguen siendo un factor determinante, cualquier cambio de control debe encajar con las restricciones sobre la isla, y el acuerdo definitivo requiere la aprobación formal de la OFAC para poder sortear el embargo. Mientras avanza la due diligence, la operación se mantiene en una fase de negociación, sin garantías de que se cierre o de que lo haga en los plazos previstos.