928 violaciones denunciadas en un mes: ¿hasta dónde llega la presión sobre los ciudadanos en Cuba?.

Defensa CD atribuyó a octubre de 2026 un balance de 928 violaciones de derechos humanos que afectaron a 391 personas en Cuba. El registro fue divulgado este lunes por Martí Noticias, que entrevistó a responsables de la organización sobre sus principales hallazgos. La página institucional de Defensa CD incluye el reporte correspondiente a ese mes, aunque su contenido íntegro no pudo recuperarse directamente durante esta consulta. Por eso, las cifras y declaraciones del balance se presentan conforme a la información publicada, no como estadísticas oficiales del Estado cubano. Tampoco equivalen a 928 víctimas diferentes, porque el número de afectaciones y el de personas identificadas son categorías distintas. El informe sostiene que el hostigamiento alcanza tanto a opositores conocidos como a ciudadanos sin participación política activa.

La organización contabilizó 266 episodios de amenazas y acoso contra activistas, opositores, periodistas y artistas. “La represión en Cuba se está convirtiendo en una realidad cotidiana para muchas personas, incluso para aquellas que no tienen una participación política activa”, declaró su director ejecutivo, Juan Carlos Vargas, a Martí Noticias. También afirmó que la presión se extiende al entorno de quienes expresan críticas. “El régimen no busca solamente castigar a quienes expresan su desacuerdo, sino también enviar un mensaje de miedo a sus familias y a quienes podrían seguir su ejemplo”, señaló. Esa explicación constituye la interpretación de Defensa CD sobre el propósito de las conductas que denuncia. La información recuperada no incluye una respuesta específica de las autoridades cubanas a este informe mensual.

Pintura de un hombre encadenado tirado en el suelo de una celda oscura con una ventana pequeña y la bandera de Cuba al fondo.

La Habana concentró 393 violaciones documentadas, seguida por Camagüey, con 112, y Santiago de Cuba, con 59. Entre las 391 personas identificadas, el balance distingue a 284 hombres y 107 mujeres. Esos datos describen el universo registrado por la organización y no permiten calcular automáticamente una tasa provincial de represión. Para hacerlo sería necesario conocer, entre otros elementos, la cobertura territorial del monitoreo y las dificultades para recibir denuncias en cada lugar. Vargas insistió en el impacto familiar: “Detrás de cada denuncia hay familias que viven con incertidumbre, personas que temen perder su libertad y ciudadanos que no encuentran instituciones independientes a las cuales acudir”. El testimonio sitúa el debate más allá de las detenciones y lo vincula con la vida cotidiana de los afectados.

El Observatorio de Libertad Religiosa de Defensa CD informó además de 149 incidentes relacionados con el ejercicio de la fe durante octubre. Su director, el pastor Mario Félix Lleonart, sostuvo que las restricciones alcanzaron a comunidades de diferentes denominaciones. “Estas violaciones ocurrieron a lo largo y ancho del archipiélago cubano y no respetaron credo ni denominación religiosa”, afirmó al medio. Según su descripción, hubo afectaciones tanto a congregaciones reconocidas legalmente como a grupos sin registro oficial. También incluyó a organizaciones fraternales y logias, entre ellas las masonas, dentro del ámbito observado. Sin un desglose metodológico completo que permita identificar posibles coincidencias entre registros, no corresponde sumar automáticamente esos 149 incidentes a las 928 violaciones generales.

Dibujo de una mujer con la boca cubierta por una mano, ubicado junto a una bandera de Cuba pintada en acuarela que se desdibuja en gotas.

Uno de los casos destacados es el de Julián Mazola Beltrán, promotor de Cuba Decide, cuya nueva detención se sitúa el 9 de octubre. Según Defensa CD, acudió a una citación de la Seguridad del Estado en San Antonio de los Baños y posteriormente fue sometido a un registro domiciliario. La organización afirma que le confiscaron el teléfono y que quedó bajo investigación por hechos relacionados con la colocación de carteles críticos. También denunció que, quince días después del arresto, su abogado todavía no había podido reunirse con él. Esas afirmaciones proceden del monitoreo y no de un expediente penal público recuperado en esta revisión. La mención de una posible pena de entre cuatro y doce años corresponde a una amenaza denunciada, no a una sentencia dictada.

El antecedente de protección internacional sí cuenta con un documento oficial verificable. El 28 de junio de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó la Resolución 40/2024, referida a una persona identificada mediante las iniciales J.M.M.B., a quien las organizaciones vinculan con Mazola. La CIDH consideró que el asunto reunía inicialmente los requisitos de gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable previstos en su reglamento. Solicitó a Cuba que “adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal” del beneficiario. También pidió adecuar sus condiciones de detención a los estándares internacionales aplicables. Esa resolución documenta una evaluación de riesgo realizada en 2024, pero no acredita por sí sola cada denuncia sobre su situación actual ni sustituye una decisión sobre la responsabilidad penal del Estado.

Una silla de ruedas vacía, una caja con blísteres y cuadernos en el suelo ante una reja con siluetas humanas en fila al fondo.

Defensa CD reclama la liberación de Mazola, atención médica especializada y comunicación efectiva con su defensa y su familia. Su director manifestó que la documentación busca evitar que las víctimas queden olvidadas y promover exigencias de responsabilidad. “Buscamos que estas denuncias tengan consecuencias”, expresó Vargas. El balance mensual, sin embargo, no permite demostrar por sí solo un aumento respecto de otros meses sin comparar registros elaborados con criterios equivalentes. ¿Cuántas denuncias reciben investigación, qué respuestas obtienen las familias y cómo se verifica el cumplimiento de las medidas de protección? Las cifras difundidas plantean esas preguntas, mientras la resolución de la CIDH aporta un antecedente institucional concreto sobre la necesidad de proteger la vida y la integridad del beneficiario.