Irak ordena entrar en el bastión de Kataib Hezbollah: ¿control del petróleo o pulso por las armas?.
El primer ministro de Irak, Ali al Zaidi, ordenó a las Fuerzas Armadas entrar en Jurf al Sakhar, denominada Jurf al Nasr en las comunicaciones oficiales iraquíes. La decisión afecta a una zona vinculada con Kataib Hezbollah y llega después de una investigación sobre contrabando de petróleo. El portavoz gubernamental Haidar al Aboudi confirmó este lunes 16 de noviembre que la entrada militar ya está decidida. “Se ha fijado un plazo para que el grupo abandone Jurf al Nasr, y ese plazo no está lejos”, declaró a la agencia estatal INA, en traducción del inglés. La información proporcionada sitúa el vencimiento el viernes 20 de noviembre, pero la entrevista oficial consultada no precisa ese día. El anuncio tampoco confirma que el despliegue se haya completado ni que hayan comenzado enfrentamientos.
La investigación formal tomó impulso el 11 de noviembre, cuando el jefe de Gobierno dispuso la creación de una comisión especial. El documento difundido por INA situó al frente al teniente general Saad Mohsen Oraibi. También incorporó a responsables de la Policía Federal, la Policía de Energía y la dirección de seguridad y disciplina de las Fuerzas de Movilización Popular. La Comisión Federal de Integridad y la Agencia Federal de Inteligencia e Investigación quedaron representadas en el equipo. El 13 de noviembre, la agencia estatal informó de que la comisión había ingresado en la zona para examinar las denuncias. Esa visita investigadora debe distinguirse de la posterior orden de entrada de las Fuerzas Armadas para asumir el control de seguridad.

Las autoridades parlamentarias afirman que encontraron documentos y registros visuales que respaldan la existencia de operaciones de contrabando. Según el presidente de la comisión investigadora, Hisham al Fahl, los materiales incluyen fotografías, videos e imágenes captadas mediante drones. “Los informes revisados por la comisión fueron impactantes”, declaró a INA, en traducción del inglés. El legislador indicó que la información y las cámaras térmicas apuntaban al uso de aproximadamente 25 camiones cisterna, cada uno con capacidad de 36.000 litros. Esa descripción corresponde a los vehículos señalados y no permite calcular por sí sola cuánto petróleo fue sustraído en total. La responsabilidad individual de funcionarios o integrantes de grupos armados deberá establecerse mediante la investigación y los procedimientos judiciales correspondientes.
El sábado 14, Al Zaidi ordenó remitir a la justicia a los implicados y destituir a responsables de seguridad y administración. La comunicación oficial confirma esas decisiones, aunque el resumen recuperado no permite verificar íntegramente la lista de nueve funcionarios mencionada en el material inicial. El caso también llegó al Consejo Judicial Supremo, cuyo presidente, Faiq Zidan, examinó con el primer ministro las medidas legales para proteger los fondos públicos. En paralelo, una comisión parlamentaria recibió a mandos de los ministerios de Defensa e Interior. Sus pesquisas abarcan Jurf al Nasr y Kirkuk, de modo que el seguimiento institucional no se limita a un solo enclave. El Gobierno presenta así la operación como parte de una investigación sobre recursos estatales, además de una intervención de seguridad.
Kataib Hezbollah niega las acusaciones, según el comunicado del grupo reproducido en la información proporcionada. En ese texto acusa a la oficina del primer ministro de “fabricar mentiras” y denuncia presiones para obligarlo a entregar sus armas. Esas expresiones representan la posición de la milicia, cuya publicación original no pudo verificarse directamente entre las fuentes consultadas. Por su parte, el portavoz gubernamental aseguró que las instrucciones para combatir el contrabando se extienden “desde Zakho hasta Basora”, en traducción de su entrevista oficial. También afirmó que las fuerzas de seguridad estaban preparadas para reanudar sus operaciones en Jurf al Nasr. La existencia de un plazo de retirada muestra una exigencia concreta, pero no permite asegurar que el grupo vaya a cumplirla o que el desenlace será militar.
El trasfondo incluye la relación de Kataib Hezbollah con Irán y las sanciones estadounidenses. El Departamento del Tesoro documenta que el grupo está designado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera desde 2009. También lo describe como una milicia apoyada por la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní y responsable de ataques contra fuerzas iraquíes, estadounidenses y de la coalición. En otro expediente, el 3 de julio de 2025, el Tesoro sancionó una red encabezada por el empresario Salim Ahmed Said por presuntamente vender petróleo iraní presentado como iraquí o mezclado con este. Posteriormente, el 7 de mayo de 2026, anunció sanciones contra el viceministro de Petróleo Ali Maarij al Bahadly por facilitar, según Washington, desvíos en beneficio de esa red y de otra milicia. Esos antecedentes explican la atención estadounidense al sector petrolero, pero no sustituyen las pruebas del caso específico investigado en Jurf al Nasr.
La orden abre ahora una prueba sobre la capacidad del Gobierno para controlar territorio, proteger infraestructura y hacer cumplir sus decisiones. El asesor de Seguridad Nacional reiteró este lunes, en una declaración recogida por INA, que la Constitución iraquí no permite grupos armados que amenacen a países vecinos o a cualquier otro Estado. También vinculó la agenda gubernamental con concentrar las armas bajo control estatal y combatir la corrupción. Sin embargo, entrar en una zona determinada y lograr el desarme completo de una organización son objetivos distintos. ¿Quién asumirá la seguridad del área, cómo se preservarán las pruebas y qué ocurrirá si vence el plazo sin una retirada? Las fuentes oficiales consultadas confirman la orden, las investigaciones y las remisiones judiciales, pero todavía no ofrecen un resultado definitivo de la operación.
