Estados Unidos amplía las sanciones sobre Cuba: ¿presión sobre sus redes empresariales o más obstáculos para el comercio?.

Estados Unidos anunció el 5 de noviembre medidas que afectan a dos personas, ocho empresas y cinco buques relacionados con Cuba. La actualización fue publicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro. El paquete combina nuevas incorporaciones a la lista de personas y bienes bloqueados con la ampliación de sanciones sobre nombres que ya figuraban en ella. Esa diferencia importa: no todos los afectados fueron sancionados por primera vez este jueves. La decisión alcanza a estructuras marítimas, compañías tecnológicas y personas identificadas por Washington dentro de su política de presión sobre el Gobierno cubano. También incorpora una determinación que permite aplicar sanciones a quienes operen en cuatro sectores específicos de la economía de la isla.

La gente conduce sus vehículos junto a un generador flotante en funcionamiento, en La Habana, Cuba, el martes 22 de octubre de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Entre las empresas marítimas figuran Caroil Transport Marine, registrada en Chipre, y Tentacool Commercial, con domicilio en Panamá. La lista también incluye a las cubanas Internacional Marítima y Petróleos Marítimos del Caribe, conocida como Petromarca. OFAC identifica a estas compañías mediante domicilios, números de registro e identificadores del sector naviero, lo que permite distinguirlas de entidades con nombres similares. Caroil ya aparecía sancionada bajo una autoridad relacionada con Venezuela y ahora incorpora la referencia a la orden ejecutiva estadounidense sobre Cuba. Petromarca, Internacional Marítima y Tentacool aparecen entre las nuevas entradas de esta actualización. El resultado es una ampliación de las restricciones sobre empresas dedicadas al transporte marítimo, aunque el registro por sí solo no detalla todos los viajes, cargamentos o contratos que motivaron cada decisión.

Las cinco embarcaciones afectadas son Esperanza, María Cristina, Gloria C, Emilia y Lourdes. La documentación vincula las tres primeras con Caroil Transport Marine y las dos últimas con Petromarca. Esperanza y Lourdes figuran como petroleros de crudo, mientras María Cristina y Gloria C aparecen clasificadas como buques para productos químicos o derivados del petróleo. Emilia, en cambio, está identificada como un buque para transportar gas licuado de petróleo. La actualización también recoge cambios de nombre relevantes: María Cristina figuraba anteriormente como Carlota C y Lourdes como Giralt. Los números de identificación marítima permiten seguir esas embarcaciones pese a modificaciones de nombre o bandera, y el registro muestra que algunas ya estaban bloqueadas bajo sanciones relacionadas con Venezuela.

Personas observan una central eléctrica flotante, en el puerto de La Habana (Cuba). EFE/ Ernesto Mastrascusa

El componente tecnológico incluye a Cubaelectrónica y Tecnosime, ambas identificadas por OFAC como empresas estatales cubanas. La primera aparece con su denominación formal de Empresa Importadora y Exportadora de Productos de la Electrónica y las Comunicaciones. La segunda figura como Empresa Comercializadora de Servicios Técnicos y Tecnológicos. También quedan comprendidas las compañías chinas Beijing H&C Technologies y CEIEC, esta última ya sancionada anteriormente bajo el programa relacionado con Venezuela. La actualización agrega a CEIEC la autoridad jurídica correspondiente a Cuba y amplía sus datos de identificación. Aunque el material de partida atribuye a Washington acusaciones de suministro militar mediante la empresa Duna, la ficha oficial consultada no desarrolla esas operaciones, por lo que no permite presentar sus detalles como hechos demostrados de manera independiente.

Las dos personas incluidas bajo la autoridad sancionadora sobre Cuba son Guillermo Faustino Rodríguez López Calleja y Any Rodríguez Lastres. El registro sitúa al primero en La Habana y a la segunda en Ciudad de Panamá, e identifica a ambos como ciudadanos cubanos. En el caso de Rodríguez Lastres, OFAC incorpora expresamente una vinculación con Ania Guillermina Lastres Morera. La entrada de Rodríguez López Calleja no ofrece una descripción narrativa de las operaciones comerciales que se le atribuyen. Estas designaciones constituyen decisiones administrativas estadounidenses y no deben confundirse con sentencias penales dictadas por un tribunal. La documentación consultada tampoco recoge respuestas de las dos personas ni de las empresas afectadas, de modo que sus posiciones no pueden darse por conocidas.

Un escritorio oscuro muestra pilas de dólares, euros y pesos cubanos, un portadocumentos con "GAESA" en rojo, una bandera cubana doblada y un teléfono antiguo.

La medida adicional más amplia está firmada por Bradley T. Smith, director de OFAC, y entró en vigor el mismo 5 de noviembre. Su texto incorpora los sectores de electrónica, manufactura, transporte marítimo y tecnología al ámbito de aplicación de una disposición de la Orden Ejecutiva 14404. “Cualquier persona extranjera que se determine que opera o ha operado en estos sectores estará sujeta a sanciones”, establece el documento, en traducción al español. Esa formulación habilita futuras designaciones, pero no equivale a incluir automáticamente en la lista a todas las empresas de esos sectores. El fundamento declarado por Washington es responder a amenazas que atribuye al Gobierno cubano para su seguridad nacional y su política exterior. “Esta determinación entrará en vigor el 5 de noviembre de 2026”, precisa el texto firmado por Smith.

El alcance del paquete debe entenderse dentro del marco de sanciones ampliado por Estados Unidos durante 2026. En septiembre, OFAC publicó nuevas regulaciones y una alerta que advierte de mayores riesgos para operaciones relacionadas con Cuba, tanto para personas estadounidenses como extranjeras. También explicó que las restricciones sobre determinadas entidades cubanas comprenden transacciones financieras directas e indirectas realizadas por personas sujetas a jurisdicción estadounidense. Sin embargo, cada operación requiere examinar la norma aplicable, sus prohibiciones y las autorizaciones existentes, en lugar de asumir que cualquier intercambio con Cuba queda automáticamente prohibido. Los documentos revisados no cuantifican cuánto combustible dejará de transportarse ni permiten calcular un efecto concreto sobre la generación eléctrica cubana. ¿Qué impacto tendrán estas designaciones sobre las empresas señaladas y qué consecuencias producirán para sus proveedores, clientes y usuarios finales? Esas respuestas dependerán de los movimientos comerciales posteriores y de información verificable sobre la aplicación de las medidas.