El Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre condenó el 5 de noviembre a cuatro masones por tráfico ilegal de divisas. José Ramón Viñas Alonso, antiguo soberano gran comendador y presidente del patronato del Asilo Nacional Masónico Llansó, recibió cuatro años de limitación de libertad y una multa de 25 000 pesos. El contador Fernando Marcos García recibió tres años y 20 000 pesos; Ángel Lázaro Santiesteban Prats y Osvaldo Ernesto Villegas Digat, dos años y 20 000 pesos cada uno. No son penas de ingreso en prisión. Incluyen, además, privación de derechos y prohibiciones de salir del país y ejercer cargos u oficios. La sentencia admite apelación tras su notificación escrita.
La versión oficial, publicada por Tribuna de La Habana, presenta el caso como una aplicación del artículo 315.1, inciso g), del Código Penal. El tribunal afirma que las operaciones se realizaron fuera de los canales autorizados y asegura que los acusados dispusieron de abogados y garantías procesales. Esa comunicación, sin embargo, no precisa las cantidades cambiadas ni explica el destino del dinero. La omisión resulta relevante: conocer la finalidad, la magnitud y el posible beneficio de las transacciones permite discutir la proporcionalidad del castigo, además de su fundamento legal. La nota tampoco desarrolla el razonamiento probatorio del fallo.
Los reportes de elTOQUE y 14ymedio sitúan esas cantidades en dos operaciones por un total de 300 dólares: 200 en septiembre de 2023 y 100 en junio de 2025. Ambos medios remiten a documentos de la acusación. Según el abogado Roberto Ortega Ortiz, el primer cambio permitió comprar leche en polvo para los residentes del asilo; el segundo proporcionó pesos para emergencias. La defensa niega beneficios personales ilícitos. Estas afirmaciones no sustituyen una revisión judicial independiente, pero introducen una diferencia decisiva frente al relato oficial: describen una gestión asistencial, no un negocio cambiario organizado.
El contexto económico vuelve especialmente sensible esa diferencia. 14ymedio describe el cambio informal como una práctica cotidiana, alimentada por la distancia entre las tasas oficiales y las del mercado paralelo. Para familias receptoras de remesas, trabajadores con salarios en pesos y pequeños negocios, convertir monedas responde a necesidades distintas; equipararlas sin matices puede ampliar la incertidumbre. En este caso, el riesgo alcanza también a los mayores atendidos por una institución benéfica. Desde una perspectiva de justicia social, regular las divisas exige considerar tanto el orden económico como la continuidad de los cuidados. Castigar una operación no resuelve por sí mismo la necesidad que la originó.
La dimensión política tampoco puede descartarse ni darse por demostrada automáticamente. Según 14ymedio, la acusación incorporó valoraciones sobre las opiniones contrarias al Gobierno de Santiesteban. ElTOQUE recogió un testimonio sobre un fuerte despliegue policial alrededor del tribunal, mientras la nota judicial circuló en Facebook. Son elementos relevantes, aunque no permiten medir una reacción nacional ni afirmar una viralidad comprobada. Las coberturas independientes expresan preocupación por la autonomía masónica y la selectividad penal; el discurso oficial insiste en la legalidad del procedimiento. Esa distancia revela una disputa sobre la confianza institucional, no solamente sobre dólares.
La apelación abre una oportunidad para explicar públicamente el daño concreto y la necesidad de estas sanciones. Defender controles económicos no obliga a aceptar cualquier castigo, del mismo modo que cuestionarlo no convierte toda infracción en legítima. ¿Cómo distingue la justicia entre enriquecimiento privado y gestión de recursos para cuidados? ¿Qué protección reciben los ancianos si las sanciones dificultan la administración de su asilo?
