Estados Unidos prepara nuevas restricciones sobre determinadas inversiones tecnológicas relacionadas con Cuba, pero hay una diferencia clave entre el anuncio y su aplicación: se trata de una propuesta, no de una regulación definitiva que ya haya entrado en vigor. El Departamento del Tesoro presentó el 22 de octubre de 2026 un proyecto para actualizar su Programa de Seguridad de las Inversiones en el Extranjero, conocido como OISP, y desarrollar la ley COINS, aprobada en diciembre de 2025 como parte de la legislación de defensa para el año fiscal 2026. El marco legal incluye a Cuba entre los «países de preocupación», junto con China —incluidos Hong Kong y Macao—, Irán, Corea del Norte y Rusia, y contempla controles sobre operaciones vinculadas con tecnologías consideradas sensibles. La iniciativa establecería dos tratamientos distintos: algunas inversiones quedarían prohibidas y otras podrían realizarse, aunque deberían notificarse al Tesoro. La pregunta que abre el proceso es cómo delimitar las operaciones que Washington considera un riesgo para su seguridad sin extender los controles a actividades que no cumplen los criterios establecidos.
El Gobierno estadounidense sostiene que su objetivo es impedir que el capital y la participación de inversionistas de ese país contribuyan al desarrollo de capacidades militares, de inteligencia o vigilancia de adversarios extranjeros. «Las regulaciones propuestas fortalecerían el actual Programa de Seguridad de las Inversiones en el Extranjero para impedir que nuestros adversarios utilicen inversiones estadounidenses para desarrollar tecnologías críticas que amenacen la seguridad nacional de Estados Unidos», afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, según la traducción de sus declaraciones oficiales en inglés. Christopher Pilkerton, subsecretario del Tesoro para Seguridad de las Inversiones, explicó que las disposiciones están diseñadas para abordar los riesgos que surgen cuando adversarios extranjeros intentan beneficiarse de inversiones estadounidenses en sectores tecnológicos clave. El proyecto abarca semiconductores y microelectrónica, tecnologías cuánticas, computación de alto rendimiento y supercomputación, sistemas hipersónicos y los denominados sistemas de superinteligencia. Sobre esta última denominación, el Tesoro aclara que sustituye en el borrador el término «inteligencia artificial» siguiendo una orden ejecutiva de septiembre de 2026; no se trata simplemente de añadir una categoría tecnológica completamente independiente.
La biotecnología constituye una de las incorporaciones más relevantes, porque el Tesoro propone utilizar la autoridad que le concede la ley para incluir sectores adicionales a los enumerados expresamente por el Congreso. En este ámbito, el borrador plantea prohibir determinadas inversiones en compuestos o materiales de origen biológico, interfaces cerebro-computadora, equipos e instalaciones de biomanufactura y tecnologías relacionadas con el diseño y la secuenciación biológica. También contempla herramientas bioinformáticas y programas o equipos destinados al descubrimiento científico y la experimentación automatizados, siempre dentro de las definiciones técnicas del proyecto. Esto no permite afirmar que toda investigación biomédica, empresa farmacéutica o colaboración científica relacionada con Cuba quedaría automáticamente prohibida: habría que examinar la actividad concreta, las partes involucradas y el tipo de operación financiera. El alcance tampoco se limitaría a una transferencia directa hacia la isla, pues determinadas entidades situadas en terceros países podrían quedar comprendidas por sus vínculos de propiedad, control o participación económica con personas o empresas cubiertas por la norma.
Las obligaciones propuestas alcanzarían a ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes, entidades constituidas bajo las leyes de Estados Unidos y otras personas incluidas en su definición jurídica, además de establecer responsabilidades relacionadas con empresas extranjeras bajo su control. Entre las operaciones sujetas a revisión figuran compras de participaciones empresariales, ciertos préstamos convertibles en capital, empresas conjuntas, nuevas inversiones productivas y determinadas ampliaciones de negocios. Para las transacciones notificables, el plazo general planteado es de 30 días después de completarse la operación; el documento también prevé supuestos en los que la información relevante se conoce posteriormente. Al mismo tiempo, el borrador contempla excepciones condicionadas para valores negociados públicamente, fondos de inversión y ciertas participaciones como socio limitado, entre otras categorías. Una excepción de hasta 50.000 dólares acumulados durante los 12 meses anteriores se aplicaría únicamente al requisito de notificación, por lo que no serviría para autorizar una inversión prohibida; además, las infracciones podrían generar sanciones civiles y órdenes de desinversión.
El Tesoro subraya que el proyecto «no prohibiría toda actividad de inversión en los países de preocupación», según la traducción de su documento oficial de preguntas y respuestas, aunque advierte que otras leyes estadounidenses pueden restringir esas operaciones por separado. Por tanto, que una transacción quede fuera de este programa o reúna los requisitos de una excepción no significa que tenga autorización automática bajo el resto de las normas aplicables a Cuba. La consulta pública permanecerá abierta hasta el 7 de diciembre de 2026 y permitirá que personas, empresas y organizaciones presenten observaciones mediante el portal federal Regulations.gov. Después de evaluar esos comentarios, el departamento deberá publicar una regulación final que establezca su fecha de entrada en vigor, todavía no fijada en esta propuesta. El debate queda abierto sobre cuestiones concretas: ¿son suficientemente claras las definiciones tecnológicas, cómo comprobarán los inversionistas los vínculos de cada empresa y qué ajustes surgirán de la consulta antes de que los nuevos controles se conviertan en obligaciones definitivas?
