El Departamento del Tesoro de Estados Unidos presentó una propuesta de reglamento que incorpora a Cuba al alcance de nuevos controles sobre determinadas inversiones en tecnologías sensibles, junto con países como China y Rusia. Sin embargo, existe una precisión fundamental: el proyecto no establece todavía una prohibición general e inmediata para invertir en la isla ni convierte automáticamente en ilegales todas las empresas conjuntas con participación estadounidense. La iniciativa, anunciada el 22 de octubre de 2026, desarrolla disposiciones de la Ley COINS y ampliaría el Programa de Seguridad de las Inversiones en el Extranjero, conocido como OISP. Su estructura distingue entre operaciones que quedarían prohibidas y otras que podrían realizarse, pero deberían notificarse al Tesoro, dependiendo de la tecnología y de las personas o entidades involucradas. El propio departamento aclara que la propuesta «no prohibiría toda actividad de inversión en los países de preocupación», según la traducción de su documento oficial, una distinción indispensable para comprender qué cambia y qué no.
La clasificación de Cuba como «país de preocupación» procede de la Ley COINS y queda recogida en el borrador regulatorio, por lo que no debe confundirse con una lista nueva de empresas sancionadas individualmente. El Tesoro explica que los controles buscan impedir que determinadas inversiones estadounidenses favorezcan capacidades militares, de inteligencia, vigilancia o actividades cibernéticas de países considerados adversarios. «Las regulaciones propuestas fortalecerían el actual Programa de Seguridad de las Inversiones en el Extranjero para impedir que nuestros adversarios utilicen inversiones estadounidenses para desarrollar tecnologías críticas que amenacen la seguridad nacional de Estados Unidos», declaró el secretario Scott Bessent, según la traducción de sus palabras en el comunicado oficial. Por su parte, Christopher Pilkerton, subsecretario para Seguridad de las Inversiones, afirmó que las medidas están diseñadas para atender los riesgos que surgen cuando adversarios extranjeros intentan beneficiarse de inversiones estadounidenses en sectores tecnológicos clave. Estas declaraciones presentan la justificación de Washington, pero no constituyen por sí mismas una acusación de que cualquier proyecto tecnológico cubano tenga un uso militar o haya infringido la legislación estadounidense.
Las obligaciones propuestas alcanzarían a ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes, entidades constituidas bajo las leyes de Estados Unidos —incluidas sus sucursales extranjeras— y otras personas comprendidas en la definición jurídica del programa. También establecerían responsabilidades relacionadas con entidades extranjeras controladas por personas estadounidenses, de modo que ubicar una filial fuera del país no excluiría automáticamente una operación del alcance del reglamento. Entre las transacciones contempladas figuran la adquisición de participaciones empresariales, ciertos préstamos convertibles en capital o que concedan derechos específicos al prestamista, la creación de empresas conjuntas y nuevas inversiones productivas o ampliaciones corporativas. No obstante, ninguna de esas modalidades quedaría prohibida únicamente por su nombre: tendría que reunir las condiciones que vinculan la transacción con una entidad cubierta y una tecnología clasificada como prohibida. Además, el alcance podría extenderse a empresas radicadas en terceros países por sus relaciones de propiedad, dirección, control o dependencia económica con entidades comprendidas en el programa.
Los sectores incluidos abarcan semiconductores y microelectrónica, tecnologías cuánticas, computación de alto rendimiento y supercomputación, sistemas hipersónicos, sistemas denominados de superinteligencia y biotecnología. El documento explica que utiliza «superinteligencia» en lugar de «inteligencia artificial» siguiendo una orden ejecutiva de septiembre de 2026, por lo que esa denominación debe entenderse dentro del lenguaje regulatorio adoptado por el Gobierno. En biotecnología, el proyecto plantea prohibiciones para inversiones en determinadas interfaces cerebro-computadora, equipos e instalaciones de biomanufactura, herramientas bioinformáticas y tecnologías de diseño o secuenciación biológica, entre otras categorías definidas técnicamente. Para las operaciones sujetas a notificación, propone un plazo general de 30 días después de completarse la transacción, con disposiciones adicionales cuando el inversionista conoce posteriormente información que cambia su clasificación. A la vez, contempla excepciones condicionadas para ciertas inversiones bursátiles, fondos y transferencias entre empresas relacionadas; la excepción de hasta 50.000 dólares acumulados en los 12 meses anteriores se refiere exclusivamente a la obligación de notificar y no permite realizar una operación prohibida.
El proyecto no crearía un sistema en el que el Tesoro apruebe previamente cada inversión, sino que dejaría en manos del participante estadounidense la responsabilidad de determinar si la operación está prohibida, debe notificarse o queda fuera del programa. Para ello, exige una indagación razonable y diligente, y permite solicitar orientación no vinculante sobre transacciones reales en las que el solicitante tenga un interés financiero directo. Las infracciones podrían generar sanciones civiles y, en determinados casos, una orden para desprenderse de la inversión, aunque esas consecuencias deben distinguirse de la situación actual del borrador. «La propuesta de reglamento presenta un texto regulatorio para consideración pública y no implementa por sí misma el Subtítulo C de la Ley COINS», precisa el Tesoro, según la traducción de sus preguntas y respuestas oficiales; la consulta termina el 7 de diciembre de 2026 y la regulación final establecerá su fecha de entrada en vigor. Por ahora, el debate gira alrededor de preguntas concretas: ¿qué proyectos quedarían realmente comprendidos, cómo se verificarían sus vínculos empresariales y qué ajustes introduciría Washington antes de convertir estos controles propuestos en obligaciones definitivas?
