La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York se opuso formalmente a que Cilia Flores, ex primera dama de Venezuela y esposa de Nicolás Maduro, sea trasladada a prisión domiciliaria mientras avanza el proceso federal en su contra. En un memorando presentado ante el juez Alvin K. Hellerstein, los fiscales sostienen que Flores constituye un “riesgo extremo de fuga” y un “peligro para la comunidad”. La oposición se produce luego de que la defensa solicitara su traslado desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn a una residencia privada en Manhattan. El caso enfrenta dos visiones opuestas: la defensa pide una medida humanitaria por razones de salud, mientras la Fiscalía afirma que los cargos y la posible condena hacen inviable su liberación.
De acuerdo con el documento citado por CNN, Flores enfrenta una pena mínima de 40 años de prisión si fuera declarada culpable. Los fiscales argumentan que esa posible sentencia, sumada a sus 69 años, implicaría un incentivo particularmente fuerte para intentar evadir la justicia. “Constituiría un incentivo de peso para que cualquiera huyera de la justicia”, señala el memorando sobre la perspectiva de una condena tan extensa. La Fiscalía también vincula su posición con el perfil público y político de la acusada, así como con la gravedad de los delitos que se investigan. Flores y Maduro han negado las acusaciones y se declararon inocentes de los cargos que enfrentan.
La acusación federal incluye señalamientos por narcotráfico, lavado de dinero y corrupción, según la información divulgada sobre el proceso. La Fiscalía sostiene además que los acusados “recurrieron a la violencia extrema para promover su tráfico de drogas y corrupción, ordenando secuestros, palizas y asesinatos”. En el caso específico de Flores, los fiscales advierten que una liberación podría generar riesgos más allá de Estados Unidos, pues consideran que podría “intentar intimidar directamente a testigos y víctimas” en Venezuela. Estas afirmaciones forman parte de la postura de la acusación y deberán ser contrastadas dentro del proceso judicial, donde rige la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.
La defensa de Flores presentó su propuesta de arresto domiciliario a mediados de septiembre. Sus abogados plantearon que la detenida pudiera permanecer en una residencia particular bajo vigilancia armada permanente, control por GPS, restricciones de visitas y monitoreo de llamadas, con los gastos asumidos por la propia acusada. El argumento principal se centra en su estado de salud: los abogados aseguran que ha perdido más de 11 kilogramos, que duerme apenas entre tres y cuatro horas diarias y que en julio sufrió un episodio de dolor intenso en el pecho que pudo haber sido un infarto leve. También alegaron que requiere procedimientos médicos que, según la defensa, necesitarían mejores condiciones de recuperación que las disponibles en la cárcel de Brooklyn.
La Fiscalía rechazó la explicación médica y afirmó que el planteamiento “carece de fundamento”, al cuestionar que el cateterismo citado por los abogados se haya propuesto como condición para su liberación. Ahora la defensa tiene hasta el 30 de septiembre para responder al memorando fiscal, mientras que el juez Hellerstein programó una audiencia sobre el pedido de arresto domiciliario para el 8 de octubre. El juicio está previsto para comenzar el 1 de junio de 2027, por lo que la decisión sobre su custodia será relevante para definir cómo Flores enfrentará la etapa previa al proceso. El caso deja abierta una discusión jurídica delicada: ¿pueden las condiciones médicas justifican una medida menos restrictiva cuando la Fiscalía alega una posible fuga e intimidación de testigos? Será el tribunal quien deba equilibrar esos argumentos con base en las pruebas que presenten ambas partes.