Miguel Díaz-Canel estrenó este 23 de septiembre Criterio Compartido, un programa quincenal de Radio Rebelde presentado como espacio de diálogo con la población. En su primera emisión, conducida junto a la periodista Bárbara Betancourt, el mandatario abordó producción, empleo, mercado, empresas privadas e inversión extranjera. La aparición busca transmitir cercanía institucional en un momento de evidente desgaste social, marcado por restricciones de combustible, afectaciones eléctricas y dificultades para sostener el consumo básico.
El discurso oficial colocó el aumento de la producción como condición para proteger los servicios sociales y mejorar la vida de la población. Díaz-Canel defendió cambios destinados a flexibilizar reglas que, según sostuvo, frenaban a productores y empresas; también planteó una mayor articulación entre empresas estatales, cooperativas, mipymes, trabajadores por cuenta propia y capital extranjero. Su tesis fue clara: el país necesita movilizar todas sus capacidades económicas, pero sin abandonar la planificación estatal.
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La formulación parece razonable en abstracto, pero tropieza con un problema que el programa apenas puede resolver desde la radio: las trabas no son únicamente normativas. Productores privados y estatales lidian con falta de combustible, insumos, transporte, electricidad, acceso irregular a divisas y una burocracia que multiplica permisos, controles y cambios de reglas. Cuando se anuncia “flexibilización” sin especificar qué prohibiciones se eliminan, cómo se accederá a recursos o qué instituciones responderán por los atrasos, el mensaje puede sonar más a intención que a una transformación verificable.
Díaz-Canel rechazó que la ampliación del sector no estatal y el recurso al mercado representen un tránsito hacia el capitalismo. “El mercado es una herramienta y no un amo”, sostuvo, insistiendo en que el Estado debe regularlo y usar sus señales sin renunciar a sus objetivos sociales. Esa distinción es políticamente relevante: en teoría, una economía mixta puede preservar redistribución y derechos. Sin embargo, para muchas familias cubanas el mercado ya no es una discusión conceptual, sino el lugar donde se fijan precios de alimentos, transporte, divisas y servicios a los que el salario estatal llega cada vez con menos capacidad de compra.
También aparecieron reclamos por ilegalidades, evasión fiscal y falta de control sobre el sector no estatal. El Presidente responsabilizó a instituciones que no han cumplido bien su función supervisora y habló de ética, corrupción y disciplina de los cuadros. Pero el énfasis exclusivo en fiscalizar puede convertirse en una respuesta incompleta si no se revisan las condiciones que alimentan la informalidad: escasez estructural, múltiples tasas de cambio, baja remuneración, obstáculos para importar y mecanismos de distribución que no cubren las necesidades básicas.
Una de las intervenciones más reveladoras fue la de una ciudadana que aseguró llevar más de diez años solicitando tierras ociosas para producir alimentos mediante permacultura. Su caso resume una contradicción persistente: el país declara prioritaria la producción agrícola, mientras iniciativas concretas pueden quedar atrapadas durante años entre oficinas, autorizaciones y silencios administrativos. La promesa de crear un banco de temas para próximas emisiones podría abrir una vía de seguimiento público, pero solo tendrá peso si las llamadas terminan en decisiones con responsables y plazos.
Criterio Compartido puede ser útil si permite que las preguntas incómodas no sean filtradas ni transformadas en ritual de escucha. En una Cuba donde buena parte de los jóvenes contempla emigrar, los trabajadores enfrentan salarios erosionados y el sector privado opera entre necesidad y sospecha, el debate real no es si el mercado será “amo” o “herramienta”. La cuestión es si las medidas anunciadas cambiarán la mesa familiar, el apagón del barrio y la posibilidad de producir sin obstáculos absurdos. ¿Habrá respuestas comprobables para quienes reclaman? ¿O el nuevo programa quedará como otra conversación oficial sobre problemas que la población ya conoce demasiado bien?