Javier Milei usó su discurso ante la Asamblea General de la ONU para profundizar una línea política que ya define a su Gobierno: oposición frontal al multilateralismo, desregulación económica y alineamiento con Estados Unidos e Israel. El mandatario presentó a Argentina como una nación que abandona la “decadencia” y busca recuperar gravitación internacional mediante inversiones, explotación de recursos estratégicos, fortalecimiento militar y apertura comercial. Pero el tono grandilocuente dejó abiertas preguntas incómodas sobre quiénes pagan, dentro del país, el costo social de esa transformación.
El eje más sólido de su intervención fue el reclamo por las Islas Malvinas. Milei denunció la continuidad de acciones británicas sobre recursos naturales en el área disputada, mencionó el proyecto petrolero Sea Lion y sostuvo que las resoluciones internacionales han demostrado ser insuficientes frente a los hechos consumados. Reivindicó sanciones y acciones jurídicas contra empresas vinculadas a esa explotación, junto con el envío al Congreso de una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. En este punto, el discurso recuperó una demanda histórica argentina y señaló una contradicción real: las grandes potencias suelen invocar el derecho internacional de forma selectiva.
Sin embargo, la crítica a la ONU no se limitó a la ineficacia ante Malvinas. Milei calificó al organismo como una estructura burocrática incapaz de detener guerras y violaciones de derechos, pero al mismo tiempo excesivamente activa para regular economías, migraciones, políticas de género, ambiente y salud pública. Esa fórmula le permite combinar una denuncia atendible sobre la desigualdad del sistema internacional con un rechazo ideológico a agendas que, con límites y contradicciones, también han servido para defender derechos laborales, ambientales y civiles. Cuestionar el poder de las burocracias globales no equivale necesariamente a desmantelar toda protección colectiva.
El pasaje más polémico fue su acusación de que las políticas de confinamiento durante la pandemia constituyeron un “experimento global de control social” y llegaron a ser un “genocidio”. El presidente afirmó que Argentina abandonó la Organización Mundial de la Salud por ese motivo. La crítica sobre los efectos del aislamiento en empleo, educación y salud mental merece debate; millones de personas vivieron pérdidas económicas y afectivas profundas. Pero presentar una emergencia sanitaria mundial como una maniobra deliberada de control diluye responsabilidades concretas de gobiernos, empresas y sistemas de salud, y desplaza la discusión desde las desigualdades reales hacia una narrativa de sospecha total.
Milei también ofreció su visión de la inteligencia artificial: menos regulación preventiva, beneficios fiscales, responsabilidad limitada para empresas y una apuesta a que Argentina compita con energía, minerales críticos y talento. El problema no es imaginar a la tecnología como fuente de productividad, sino ignorar que sus ganancias no se distribuyen automáticamente. Para trabajadores precarizados, jóvenes que buscan su primer empleo o profesionales expulsados por recortes, la IA puede significar una oportunidad solo si existen educación pública robusta, derechos laborales y políticas que impidan una concentración aún mayor de riqueza.
La promesa de una Argentina “próspera, influyente y poderosa” funciona como relato movilizador en un país agotado por la inflación, la pobreza y la pérdida de expectativas. Pero entre la soberanía proclamada sobre Malvinas y la invitación irrestricta al capital extranjero hay una tensión central: ¿quién controlará los recursos, los datos y el excedente que genere la nueva economía? ¿Puede haber libertad real si la modernización deja a una parte creciente de la sociedad sin protección ni poder de decisión?