Perú sigue sin presidenta ni presidente oficialmente proclamado, aunque todas las miradas apuntan a Keiko Fujimori. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó el procesamiento del 100% de las actas de la segunda vuelta y le otorga una ventaja mínima frente a Roberto Sánchez, con cifras en torno al 50,0% frente al 49,9% de los votos válidos. En números concretos, distintos reportes oficiales hablan de una diferencia de entre 18.400 y 18.900 sufragios, con Fujimori sumando algo más de 9,07 millones de votos frente a los 9,05 millones de su rival. Sin embargo, esa aparente victoria numérica aún no se traduce en una proclamación formal por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por lo que el país permanece en un limbo político.
El propio organismo electoral ha reconocido que, pese al avance del conteo, “el Perú sigue sin presidente electo” debido al estrecho margen y a las actas observadas que deben ser resueltas por los Jurados Electorales Especiales (JEE) antes de cerrar el escrutinio. Según la ONPE, alrededor del 98,5% de las actas ya superó el control de calidad y fue incorporado al sistema, pero más de 1.300 mesas observadas siguen en revisión, lo que impide hablar de un resultado definitivo. En ese contexto, medios como BBC Mundo, El País o Infobae coinciden en describir la situación como una “definición histórica” y un “empate técnico” que mantiene al país pendiente de cada actualización y de cada resolución del JNE. ¿Puede un margen tan pequeño considerarse un mandato claro en un país que ya viene de dos elecciones resueltas por diferencias ínfimas?
La tensión aumenta porque esta no es la primera vez que Perú vive algo similar. BBC Mundo recuerda que se trata de la cuarta candidatura presidencial de Keiko Fujimori y que, en procesos anteriores, no reconoció de inmediato los resultados cuando le fueron adversos, lo que dejó heridas abiertas en la confianza institucional. Ahora, aunque encabeza el conteo, la historia se repite desde otro ángulo: mientras sus simpatizantes celebran lo que consideran una victoria “ya cantada”, los partidarios de Roberto Sánchez insisten en que el resultado es tan ajustado que debe revisarse “hasta el último voto” antes de aceptar una derrota. El País describe a un país “acostumbrado a contar hasta el último voto”, atrapado entre la urgencia de tener un nuevo gobierno y el miedo a que cualquier duda sobre la limpieza del proceso agrave aún más la crisis de legitimidad.
En paralelo al conteo, la batalla se ha trasladado al terreno legal. El partido de Sánchez, Juntos por el Perú, presentó recursos de nulidad sobre unas 2.400 mesas —en su mayoría, donde Fujimori obtuvo mejores resultados—, lo que implicaría revisar cientos de miles de votos y supone, según cálculos de la propia prensa peruana, un costo millonario en tasas judiciales. Mientras tanto, la ONPE ha insistido en que su labor se limita al recuento y que la decisión final sobre impugnaciones y actas controvertidas recae en el Jurado Nacional de Elecciones, que deberá pronunciarse antes de proclamar al ganador. En este clima, algunos analistas advierten que cualquier percepción de arbitrariedad —sea en favor de Fujimori o de Sánchez— podría reavivar protestas y profundizar el desgaste de las instituciones peruanas. ¿Logrará el sistema electoral convencer a ambos bandos de que el desenlace fue realmente justo?
Aun sin proclamación, muchos discursos políticos ya dan por hecho el triunfo de Keiko Fujimori. Cuentas partidarias y algunos medios señalan que “Keiko Fujimori ganó las elecciones presidenciales” basándose en los datos al 100% de actas procesadas por la ONPE, donde se menciona que alcanza el 50,052% frente al 49,948% de Roberto Sánchez, con una diferencia de 18.926 votos entre ambos. Sin embargo, el propio marco legal peruano es claro: solo el JNE puede declarar oficialmente a la presidenta o presidente electo, y ese paso todavía no se ha dado. En palabras de distintos reportes, “todo indica” que Fujimori va adelante y “es probable” que termine siendo proclamada, pero formalmente Perú sigue sin jefe de Estado designado, atrapado entre una ventaja estadística, un puñado de actas en disputa y un historial reciente de desconfianza política. ¿Será esta vez diferente o el país volverá a vivir una larga pelea postelectoral que complique aún más la gobernabilidad del próximo mandato?