Médicos cubanos en Calabria: ¿cooperación sanitaria o posible explotación laboral?
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, OCDH, pidió a instituciones de la Unión Europea investigar posibles prácticas de trata de personas dentro de la brigada médica cubana que trabaja en Calabria, Italia. La solicitud fue presentada en Bruselas por una delegación encabezada por Yaxys Cires, director de Estrategias del OCDH, y la médica cubana Daily Coro. El contingente reúne a cerca de 200 profesionales de la salud cubanos destinados a hospitales de esa región del sur italiano. La organización sostiene que las condiciones de contratación, pagos y movilidad deben ser examinadas de acuerdo con los estándares europeos de derechos laborales y lucha contra la trata. ¿Se trata de un programa legítimo de cooperación sanitaria o de una estructura que limita la libertad económica y personal de quienes prestan el servicio?
Daily Coro afirmó que los profesionales cubanos desplazados a Italia necesitan protección institucional. “Hay víctimas de trata de personas, por lo que hemos pedido que se les proteja”, declaró la doctora durante las reuniones en Bruselas. La petición se fundamenta, según el OCDH, en una resolución del Parlamento Europeo aprobada el 18 de junio de 2026, centrada en la represión política y la situación humanitaria en Cuba. El texto incluyó referencias a las brigadas sanitarias cubanas y pidió examinar alegaciones sobre condiciones laborales y posibles vulneraciones de derechos. La denuncia no constituye una sentencia ni una prueba definitiva de trata; abre una solicitud de investigación para que las autoridades competentes determinen si existen o no prácticas que vulneren normas nacionales e internacionales.
El OCDH y Prisoners Defenders describen un sistema de intermediación estatal en el que una parte importante de los ingresos generados por los médicos no llega directamente a los trabajadores. Según datos citados por esas organizaciones, las retenciones salariales en misiones internacionales pueden oscilar entre 75% y 90% de lo pagado por los países receptores. También denuncian jornadas que podrían alcanzar 71,89 horas semanales, vigilancia sobre la vida personal, restricciones de desplazamiento y obstáculos para la reunificación familiar. Estos señalamientos han sido recogidos por mecanismos internacionales y organizaciones de derechos humanos, aunque cada misión tiene condiciones legales y contractuales particulares que requieren análisis independiente. La discusión se centra en una pregunta esencial: ¿los médicos pueden decidir libremente sus condiciones laborales, conservar su remuneración y abandonar la misión sin represalias?
En Calabria, el convenio citado por la denuncia establece un pago base de 4.700 euros mensuales por profesional. De acuerdo con la información atribuida a Prisoners Defenders, 3.500 euros de ese monto son transferidos a la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, CSMC, mientras el médico recibe de forma directa hasta 1.200 euros. En el caso de horas extra, las mismas fuentes señalan que los trabajadores conservan 28,5% de lo generado y deben transferir la parte restante a la entidad estatal. La CSMC ha sido vinculada por los denunciantes al Grupo de Administración Empresarial, S.A., conocido como GAESA, conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Esas cifras han sido difundidas por organizaciones y medios que investigan la misión, pero el acuerdo completo y los comprobantes de pago individuales no se han hecho públicos para una verificación independiente caso por caso.
La brigada cubana desempeña un papel relevante en Calabria, una región que ha enfrentado déficit de personal sanitario y dificultades para cubrir plazas médicas. El gobernador Roberto Occhiuto ha defendido la continuidad del acuerdo con Cuba al considerar que los profesionales ayudan a sostener hospitales y servicios en áreas con falta de especialistas locales. Para las autoridades regionales, el convenio responde a una necesidad asistencial y ha permitido incorporar médicos en un sistema de salud con vacantes persistentes. Sin embargo, la utilidad de la colaboración para los pacientes italianos no elimina la necesidad de que las condiciones de contratación sean transparentes y respeten los derechos de los trabajadores. El desafío consiste en separar dos cuestiones que pueden coexistir: el valor médico de la brigada y las denuncias sobre el modelo económico y laboral que la organiza.
La situación ganó mayor atención después de que la cuenta de la CSMC en el banco italiano BPER quedara bloqueada o inhabilitada para operar desde finales de julio. Fuentes consultadas por medios independientes indicaron que algunas transferencias fueron devueltas y otras quedaron congeladas, lo que afectó el mecanismo por el que los médicos entregaban una parte de sus ingresos a la entidad estatal. No existe, por ahora, una explicación pública de BPER que confirme la causa, el alcance ni la duración de la restricción. Algunas fuentes la vincularon con sanciones anunciadas por Estados Unidos contra la CSMC, el Ministerio de Salud Pública de Cuba y otras entidades, pero no se ha aportado evidencia pública que pruebe una relación directa entre esas sanciones y la decisión bancaria. La falta de información oficial ha aumentado la incertidumbre para trabajadores que dependen de esos canales financieros para recibir y transferir sus pagos.
Yaxys Cires adelantó que el OCDH también propuso la creación de un grupo de trabajo europeo para estudiar una eventual transición democrática en Cuba y que el Parlamento Europeo prepara otra resolución sobre presos políticos en la isla. La organización sostiene que Cuba ha perdido cerca de 30% de su personal médico desde 2023 y que alrededor de 23.000 profesionales sanitarios permanecen fuera del país, cifras que deberían ser contrastadas con datos oficiales completos. En este contexto, la discusión sobre Calabria no se limita a una brigada de casi 200 personas, sino que aborda el funcionamiento general de las misiones médicas internacionales cubanas. Una investigación independiente podría aclarar contratos, salarios, libertad de movimiento, posibilidades de reunificación y vías para denunciar abusos sin represalias. ¿Podrán las autoridades italianas y europeas ofrecer transparencia tanto a los pacientes que necesitan atención como a los médicos cuya labor sostiene parte del sistema sanitario calabrés?