Una encuesta de la firma venezolana Meganálisis, levantada entre el 24 y el 31 de agosto mediante 1.129 entrevistas telefónicas, dibuja un país políticamente frustrado y socialmente agotado. Según los datos difundidos, la aprobación de Donald Trump entre venezolanos habría caído de 92,2% en enero a 9,7% en agosto, mientras María Corina Machado encabezaría la intención de voto con 61,2% en una elección presidencial amplia. Delcy Rodríguez aparece con 3,1% en ese escenario, y el 79,3% de los consultados considera prioritaria una elección presidencial. Son cifras de percepción, no un resultado electoral ni una predicción automática sobre una eventual votación.
El dato más llamativo no es solo el crecimiento de Machado, sino el desplome de las expectativas puestas en la Casa Blanca. La encuesta vincula ese cambio con el acuerdo petrolero suscrito entre la administración de Trump y el Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez. Según la cobertura difundida por ABC, el entendimiento permitiría a Estados Unidos controlar 65.000 millones de barriles, equivalentes al 21% de las reservas certificadas de Venezuela. Más allá de cómo se concrete ese acuerdo, la reacción recogida por Meganálisis muestra un malestar comprensible: el 69,2% afirma no confiar en que Trump actúe buscando el bienestar venezolano y alrededor de 70% interpreta la captura de Nicolás Maduro como una acción ligada principalmente al interés por el petróleo.
Esa percepción cuestiona dos discursos a la vez. Por un lado, el de Washington, que suele presentar su presión sobre Caracas como una defensa de la democracia y los derechos humanos. Por otro, el discurso chavista que utiliza la amenaza externa para justificar la concentración de poder, la opacidad y la postergación de una salida política verificable. Si una potencia extranjera negocia recursos estratégicos con autoridades cuya legitimidad es discutida, mientras la población reclama elecciones abiertas, la democracia queda reducida a una herramienta retórica y el petróleo vuelve a ocupar el centro del tablero.
El sondeo indica además que 93,2% de los entrevistados no percibe mejoras en su calidad de vida durante la gestión de Delcy Rodríguez. Ese porcentaje no basta, por sí solo, para describir toda la complejidad económica venezolana, pero dialoga con una experiencia cotidiana marcada por salarios erosionados, servicios públicos frágiles y una desigualdad creciente entre quienes acceden a divisas y quienes dependen de ingresos en bolívares. Para trabajadores estatales, jubilados, jóvenes sin empleo estable y familias que sobreviven con remesas, la discusión sobre quién controla los yacimientos importa porque se traduce en una pregunta mucho más concreta: ¿cuándo se convertirá esa riqueza petrolera en comida accesible, agua, electricidad, salud, transporte y salarios suficientes?
Machado capitaliza ese desencanto como referente opositora, incluso desde el exilio, y la encuesta le atribuye un apoyo ampliamente mayoritario frente a Rodríguez en una competencia de dos candidaturas. Pero también conviene leer con prudencia los números más espectaculares. Meganálisis trabaja con entrevistas telefónicas, una técnica que puede medir tendencias y estados de opinión, pero cuyos resultados dependen de muestra, cobertura, cuestionario y contexto político. Además, Venezuela atraviesa un escenario donde las garantías para competir, organizarse, informar y fiscalizar elecciones siguen siendo decisivas. Una intención de voto elevada no sustituye reglas claras ni instituciones capaces de respetar un resultado.
La discusión que explota en redes no es solamente “Trump contra Machado” o “oposición contra chavismo”. El rechazo que recoge la encuesta sugiere que una parte significativa de la sociedad no quiere cambiar una tutela autoritaria interna por una negociación externa sobre sus recursos. Ese clima es relevante para Cuba y otros países de la región: las salidas a crisis profundas no deberían construirse entre élites locales y potencias, dejando a la población como espectadora de contratos petroleros y decisiones geopolíticas.
La encuesta revela una exigencia elemental: los venezolanos quieren ser sujetos de su futuro, no un mercado político ni una reserva energética administrada desde afuera. ¿Puede haber una transición democrática real si el petróleo se negocia antes de que la ciudadanía recupere plenamente el derecho a elegir? ¿Logrará la oposición convertir el respaldo medido en organización, garantías electorales y mejoras materiales para quienes han pagado el costo más duro de la crisis?