La revelación tiene la forma de un thriller, pero sus consecuencias son muy reales. Una investigación conjunta de Deutsche Welle, RTVE, la televisión pública checa ČT y la emisora lituana LRT sitúa a Oemis Romagoza Durruthy, ciudadano cubano residente en la ciudad rusa de Petrozavodsk, detrás de una red que habría reclutado a personas hispanohablantes para ejecutar sabotajes en la Unión Europea durante 2024. Según la pesquisa, el hombre usaba el alias “Dios” y, mientras aparecía públicamente vinculado a una academia de bailes latinos llamada Made in Cuba, coordinaba encargos de espionaje, reconocimiento e incendios presuntamente conectados con la inteligencia militar rusa, el GRU.
Los hechos investigados alcanzan a Polonia, República Checa, Rumanía y Lituania. Los objetivos, según documentos judiciales, filtraciones y testimonios examinados por los medios, incluían dos negocios de materiales de construcción en Polonia, una cochera de autobuses en República Checa, una planta de reciclaje en Rumanía y equipos fabricados en Lituania con destino a Ucrania. En Rumanía, la acción frustrada contra instalaciones en Bragadiru pudo haber afectado el suministro de gas de unos 25.000 consumidores, de acuerdo con reportes de la investigación. La dimensión civil de esos objetivos obliga a mirar el caso más allá de la lógica geopolítica: un incendio “encargado” desde una aplicación puede poner en riesgo empleos, transporte, viviendas y servicios esenciales.
La hipótesis de los investigadores es que Romagoza reclutaba a sus contactos por Facebook y Telegram. Las tareas podían comenzar con algo aparentemente menor, como fotografiar una instalación, evaluar rutas o confirmar horarios, y escalar luego hacia acciones incendiarias. Los pagos ofrecidos llegaban a varios miles de dólares. Ese método encaja con el modelo de los llamados agentes “desechables”: personas sin una trayectoria visible en estructuras de inteligencia, reclutadas a distancia, reemplazables y expuestas a asumir el costo penal completo si son detenidas. Al menos nueve personas vinculadas a la red están bajo custodia en países de la Unión Europea y dos ya han sido condenadas, según la investigación.
Conviene subrayar una diferencia crucial entre una investigación periodística robusta y una sentencia firme. Los reportes atribuyen a Romagoza una presunta función de coordinación y señalan que fiscales lituanos lo han colocado en una lista internacional de búsqueda; no equivalen, por sí solos, a una condena judicial definitiva contra él. También es relevante que Lituania ha sido la autoridad europea que públicamente vinculó la campaña de sabotajes con el GRU ruso. En un contexto de guerra prolongada contra Ucrania y de creciente tensión entre Moscú y gobiernos europeos, la atribución debe mantenerse bajo escrutinio, pero no puede descartarse como una anécdota: existen investigaciones judiciales, detenidos y daños o ataques frustrados en varios países.
Para Cuba, el nombre de un ciudadano de Camagüey dentro de este expediente puede alimentar simplificaciones peligrosas. No hay base para convertir una acusación individual en diagnóstico sobre los emigrados cubanos o latinoamericanos en Rusia y Europa. Pero sí hay una pregunta social incómoda: ¿qué condiciones de vulnerabilidad hacen posible que migrantes, exmilitares o trabajadores precarios acepten encargos opacos ofrecidos en internet? La combinación de aislamiento, irregularidad migratoria, deudas, expectativas de movilidad y promesas de pago puede crear un terreno fértil para redes que externalizan su violencia hacia quienes menos capacidad tienen de protegerse legalmente.
La historia revela un costado oscuro de la economía digital y de la guerra indirecta: las grandes potencias pueden convertir plataformas cotidianas en corredores para reclutar ejecutores remotos, mientras las consecuencias recaen sobre trabajadores, barrios e infraestructuras civiles. Si las autoridades europeas prueban plenamente la cadena de mando, deberán perseguir a los organizadores sin usar el miedo como excusa para criminalizar colectivamente a las comunidades migrantes. ¿Qué mecanismos reales existen para impedir que Telegram o Facebook funcionen como bolsas de empleo clandestino? ¿Quién responde por quienes son captados con dinero y terminan convertidos en piezas descartables de una confrontación ajena?