El debate británico sobre el tabaco ha abierto un frente inesperado para Cuba: no gira alrededor de sanciones, remesas o turismo, sino de los habanos. La nueva legislación británica prohíbe progresivamente la venta de productos de tabaco a las personas nacidas desde el 1 de enero de 2009, una fórmula que eleva cada año la edad legal de compra hasta extinguir ese mercado para las generaciones más jóvenes. La norma fue aprobada en abril, y el Gobierno consulta ahora si extiende el empaquetado genérico a todos los productos, incluidos los puros premium.
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Cuba, República Dominicana y Honduras han pedido formalmente una exención o moratoria para los puros artesanales de alta gama. Los tres países argumentan que se trata de una mercancía cultural y exportadora distinta del cigarrillo industrial, asociada a un consumo adulto, ocasional y de precio elevado. También consideran que imponer cajetillas sin marcas, colores ni elementos distintivos supondría una barrera comercial desproporcionada, porque la presentación y la trazabilidad son parte esencial de un producto vendido por origen, vitola, fábrica y prestigio.
El Gobierno británico sostiene una posición diferente: las excepciones pueden abrir vacíos regulatorios y debilitar una política concebida para reducir el consumo de tabaco y sus daños sanitarios. El Departamento de Salud y Atención Social defiende que fumar continúa siendo una de las principales causas prevenibles de enfermedad, discapacidad y muerte, y afirma que la consulta está abierta a todos los actores del sector, incluidos los estancos especializados. No se ha aprobado todavía un empaquetado genérico específico para los habanos; ese punto es crucial frente a titulares que ya lo presentan como una medida definitiva.
La controversia expone dos lógicas difíciles de conciliar. Desde la salud pública, no parece razonable convertir el lujo o la tradición en una licencia automática para vender un producto nocivo. Pero desde el comercio y el trabajo, tratar de igual manera un cigarrillo de consumo masivo y un puro artesanal de producción limitada puede castigar de forma desigual a pequeños productores, torcedores, agricultores y comercios especializados. Fabricantes y distribuidores advierten que una parte de las casas productoras podría dejar de abastecer al Reino Unido, con efectos sobre unas 120 tiendas especializadas, según el argumento difundido por representantes del sector.
Para Cuba, el asunto llega en un momento de especial fragilidad. El tabaco premium aporta divisas a una economía marcada por escasez de importaciones, apagones, inflación y salarios con escaso poder de compra. Sin embargo, el discurso oficial tendrá dificultades para explicar a quién llega realmente el beneficio de defender el habano en el mercado británico. Habanos S.A. opera en un entorno estatal y opaco; los trabajadores de las vegas y fábricas conocen mejor que nadie la distancia entre el valor internacional de una caja de puros y la remuneración cotidiana que reciben quienes siembran, seleccionan y elaboran el producto.
En redes y medios especializados, la polémica se ha concentrado en el posible daño a marcas históricas, al diseño de las cajas y a la supervivencia de los estancos. Esa defensa cultural tiene fundamento, pero no debería borrar otra pregunta: ¿por qué las economías del Caribe siguen dependiendo de exportaciones de lujo cuyo valor añadido mayor se captura fuera de las comunidades productoras? La respuesta no está solo en Londres, sino también en estructuras nacionales que concentran decisiones, divisas y beneficios.
La disputa revela un dilema más amplio que el habano. Proteger la salud pública es una obligación estatal, pero hacerlo sin medidas de transición, apoyo a pequeños comercios y garantías laborales puede trasladar el coste a los eslabones más débiles. ¿Debería el Reino Unido distinguir entre productos sin renunciar a sus objetivos sanitarios? ¿Y podría Cuba convertir la defensa de su tabaco en mejores condiciones, transparencia y participación para quienes lo producen?