sucursal bancaria de Bandec en Matanzas y tarjeta Bandec con efectivo de fondo

El Banco de Crédito y Comercio (Bandec) en Matanzas comenzó a aplicar un mecanismo individualizado para decidir cuánto efectivo puede retirar cada actor económico no estatal. La nueva práctica abandona el límite general de 5.000 pesos cubanos para pagos y cobros en efectivo entre negocios, eliminado por la Resolución 74/2026 del Banco Central de Cuba, pero no significa que las mipymes, cooperativas y trabajadores por cuenta propia puedan retirar automáticamente todo el dinero que soliciten.

Según Yanetsy Chávez Camaraza, directora provincial de Bandec, cada caso será valorado a partir del comportamiento financiero de la entidad: ingresos, depósitos, historial bancario, nivel de actividad y utilización de canales digitales. El banco plantea acordar con cada cliente una planificación semanal, quincenal o mensual, en función de sus operaciones. En la primera etapa, la prioridad recaerá sobre negocios dedicados a producir y comercializar alimentos; otros sectores serán incorporados gradualmente según sus movimientos económicos.

La medida llega después de que la Resolución 74/2026 modificara la norma anterior, vigente desde agosto de 2023, que establecía un máximo de 5.000 CUP para operaciones en efectivo entre actores económicos. La nueva regulación, publicada en la Gaceta Oficial No. 81 de julio, elimina ese límite rígido y permite que bancos y clientes negocien condiciones más flexibles. Sobre el papel, el cambio reconoce una realidad básica: una cafetería, un productor agrícola, un taller de reparación y una pequeña empresa importadora no necesitan el mismo volumen de efectivo ni tienen la misma estructura de gastos.

Sin embargo, la individualización también traslada más poder discrecional a las sucursales bancarias. Un negocio puede tener ventas reales y requerir efectivo para comprar materias primas, pagar transporte, remunerar trabajadores o adquirir productos en mercados donde la transferencia aún no funciona con fluidez. Si la aprobación depende de criterios que no se publiquen claramente, el empresario queda ante decisiones difíciles de prever y recurrir. El sistema puede abandonar el tope uniforme sin dejar de producir restricciones, ahora definidas caso a caso y condicionadas por la disponibilidad efectiva de billetes.

Bandec distingue entre una transferencia bancaria convencional y el llamado pago en línea. Este último pesará más en la evaluación porque desde el 1 de agosto las operaciones digitales pueden otorgar bonificaciones de 2% al vendedor y 4% al comprador. El objetivo declarado es reducir la dependencia de la población del efectivo: que el cliente pague digitalmente y que los comercios retiren solo el dinero necesario para sostener su actividad. La intención modernizadora es comprensible, pero choca con problemas cotidianos: fallas de conexión, apagones, aplicaciones inestables, límites de las tarjetas y la desconfianza de quienes necesitan disponer de su propio dinero sin depender de un sistema digital frágil.

Para los negocios de alimentos, la prioridad puede aliviar compras urgentes y evitar que una falta de efectivo paralice una cadena ya golpeada por inflación, escasez y transporte caro. Pero deja abiertas interrogantes para el resto: quienes venden ropa, reparan equipos, prestan servicios o producen materiales también pagan proveedores y salarios en un entorno donde el efectivo conserva valor operativo. La diferenciación puede terminar favoreciendo a quienes ya tienen mejor historial bancario, depósitos constantes y capacidad para digitalizar ventas, mientras castiga a emprendimientos pequeños, nuevos o ubicados en zonas con menor conectividad.

La Resolución 74/2026 corrige una rigidez evidente, pero no resuelve la raíz del problema: la falta de efectivo circulante y la brecha entre las reglas de digitalización y la infraestructura disponible. Un banco público debería publicar criterios, plazos y mecanismos de reclamación para que la “evaluación individual” no se convierta en arbitrariedad. ¿Cuánto efectivo existe realmente para respaldar estas autorizaciones? ¿Podrán los pequeños negocios conocer y cuestionar las razones de una negativa sin depender de gestiones informales?