Las imágenes difundidas por el periodista Mario J. Pentón sobre el gimnasio Pura Vida Mente-Cuerpo, en el municipio habanero de Playa, han reactivado en redes una discusión conocida: la distancia entre la vida cotidiana de la mayoría y los circuitos de consumo de las élites vinculadas al poder. Según Pentón, una fuente le entregó fotografías del interior del local y aseguró que Manuel Anido Cuesta, hijo de Lis Cuesta y hijastro del presidente Miguel Díaz-Canel, entrena allí con servicio personalizado. La misma fuente afirmó que también acude Raúl Guillermo Rodríguez Castro, “El Cangrejo”, nieto de Raúl Castro.
La cifra que más indignación ha provocado es la presunta cuota de unos 750 dólares mensuales. Es un dato relevante, pero debe manejarse con rigor: procede de una fuente anónima citada por Pentón y replicada por medios independientes, no de una tarifa pública verificable del gimnasio ni de un comunicado de los aludidos. Tampoco existe, por ahora, confirmación oficial de que Anido Cuesta o Rodríguez Castro sean clientes del establecimiento. Lo verificable es que Pura Vida Mente-Cuerpo opera en Calle 88 entre Quinta C y Séptima, en una de las zonas de mayores ingresos de La Habana, y que ha anunciado recientemente un cierre temporal para mantenimiento y mejoras de su infraestructura.
Aun con esa cautela, el contenido de la denuncia toca una herida social profunda. Setecientos cincuenta dólares equivalen a una suma inalcanzable para la inmensa mayoría de los trabajadores estatales, pensionados y familias que dependen de remesas o ingresos informales. La comparación con los apagones de más de 20 horas, que han afectado a numerosas localidades, no es solo un recurso de indignación en Facebook: habla de una Cuba segmentada. Mientras unos sectores pueden pagar climatización, máquinas importadas, cuidado corporal y entrenador privado, otros calculan cómo conservar alimentos sin electricidad, cargar un teléfono o llegar al trabajo cuando falla el transporte.
El discurso oficial suele atribuir la crisis energética a la falta de combustible, la obsolescencia de las termoeléctricas y los efectos del bloqueo estadounidense. Son factores que pesan y no pueden omitirse. Pero la explicación resulta incompleta si no se aborda cómo se reparte el costo de esa crisis dentro del país. Los apagones no afectan a todos por igual: golpean con más fuerza a hogares sin plantas eléctricas, sin baterías, sin acceso estable a divisas y sin posibilidad de trasladar gastos a clientes o consumidores. Una política pública orientada a la igualdad no puede limitarse a administrar escasez; debe explicar y corregir las desigualdades que la escasez multiplica.
Las reacciones en redes combinan rabia, sarcasmo y cansancio. El asunto se volvió viral no porque un gimnasio de lujo sea una novedad absoluta, sino porque la supuesta presencia de familiares de figuras centrales del Gobierno ofrece un símbolo perfecto de privilegio. La narrativa oficial de austeridad, resistencia y sacrificio colectivo choca con la percepción de que existen espacios blindados del deterioro general. En ese choque, importa no convertir la crítica en acusación automática: pertenecer a una familia no prueba por sí mismo un delito. Pero la cercanía con el poder sí vuelve razonable exigir transparencia sobre ingresos, relaciones comerciales y privilegios de acceso.
El episodio también pone el foco sobre la economía dolarizada que crece dentro de La Habana. Negocios orientados a clientes con alta capacidad de pago pueden sobrevivir donde el consumo en moneda nacional se desploma. Para emprendedores, ese segmento representa una vía de ingresos y empleo; para quienes quedan fuera, confirma que la recuperación se construye a distintas velocidades. El riesgo no es la existencia de un servicio privado de calidad, sino que su expansión ocurra junto a servicios públicos exhaustos, salarios debilitados y una ausencia de mecanismos claros para redistribuir bienestar.
La denuncia sobre Pura Vida no prueba todavía quién paga la membresía ni cuánto cuesta exactamente, pero sí revela por qué una imagen de pesas, espejos y aire acondicionado puede causar tanta irritación política. En una sociedad que pide sacrificio a la población, los privilegios reales o percibidos de los cercanos al poder deben poder ser auditados sin silencios ni represalias. ¿Habrá una aclaración verificable sobre las tarifas y la clientela VIP del gimnasio? ¿Qué medidas pueden impedir que la crisis energética siga produciendo dos países dentro de la misma Isla?