anciano preparando su cama al aire libre y joven durmiendo en el Malecón

Cada noche, decenas de personas se acuestan sobre cartones, colchones o el propio cemento en azoteas, parques, portales y el Malecón habanero. No es una escena excepcional ni una práctica turística: es una respuesta de supervivencia ante el calor extremo dentro de viviendas sin ventiladores, refrigeración ni iluminación estable. Un reportaje de AFP documentó el caso de Alexis Miján, de 59 años, quien sube con su hijo ciego a la azotea de su edificio en La Habana Vieja desde que los apagones empeoraron a inicios de año. Con el paso de los meses, vecinos de distintas familias han dividido el techo en espacios mínimos para pasar la noche.

La imagen de personas durmiendo en el muro del Malecón o al aire libre resume una crisis que ya no cabe en los partes técnicos de la Unión Eléctrica. El jueves 20 de agosto, el Sistema Eléctrico Nacional registró afectaciones durante las 24 horas, incluida toda la madrugada, con una máxima de 2.245 MW de déficit. Para la noche de este viernes, la UNE estimó una afectación de 2.340 MW frente a una demanda de 3.350 MW y una disponibilidad de apenas 1.040 MW. Son cifras que explican, aunque no alivian, por qué el descanso se ha convertido en un privilegio.

El discurso oficial atribuye el deterioro a la escasez de combustible, las averías y mantenimientos de las termoeléctricas, así como al endurecimiento de las sanciones estadounidenses. Granma ha señalado que más de 1.400 MW de capacidad instalada permanecen inactivos por falta de crudo y que Cuba solo ha recibido en 2026 un cargamento de unas 100.000 toneladas de petróleo donadas por Rusia. Esos factores existen y pesan sobre una economía bloqueada. Sin embargo, reconocerlos no exonera al Estado de su responsabilidad de planificar, comunicar con claridad y proteger a la población frente a una emergencia que afecta la salud, la alimentación, el agua y la seguridad.

La contradicción es visible entre el lenguaje de pronósticos y la experiencia concreta de los hogares. Un parte puede anunciar el déficit de la noche; una madre, un anciano o un trabajador nocturno necesitan saber si podrán dormir, conservar alimentos o cargar un teléfono para localizar a sus familiares. Sin electricidad, la vida doméstica se reorganiza alrededor de baterías, lámparas recargables, ventiladores de emergencia y una búsqueda desesperada de brisa. Para quienes no tienen esos recursos, la calle termina pareciendo menos insoportable que una habitación cerrada. La falta de agua, los mosquitos y el riesgo de robos o agresiones convierten esa salida en una opción precaria, no en una elección.

Las reacciones en redes reflejan agotamiento más que sorpresa. Fotografías y videos de personas tendidas frente al mar, en techos o cerca de edificios públicos circulan como prueba de una normalidad que debería escandalizar. Detrás de cada imagen hay grupos especialmente expuestos: niños que no descansan antes de clases, enfermos que dependen de equipos eléctricos, embarazadas, trabajadores que deben rendir al día siguiente y familias que comparten viviendas pequeñas. El propio Granma reconoció que más de 32.800 embarazadas enfrentan riesgos adicionales por los cortes de energía.

La respuesta no puede ser pedir resistencia indefinida ni reducirlo todo a explicaciones geopolíticas. El bloqueo agrava la crisis, pero una política de justicia social se mide por cómo distribuye protección cuando faltan recursos. Hacen falta cronogramas creíbles, prioridad para hospitales y comunidades vulnerables, transparencia sobre combustible y medidas de alivio que no dependan de remesas o capacidad de compra en dólares. Sin eso, el apagón seguirá ampliando una brecha: quienes pueden escapar con plantas, baterías o divisas y quienes solo tienen una sábana y la intemperie.

Dormir en una azotea o en el Malecón no es una postal de resiliencia; es una señal de que la crisis energética invadió el derecho elemental al descanso. ¿Cuánto tiempo puede una sociedad sostener noches sin sueño sin pagar un costo mayor en salud, productividad y desesperanza? ¿Cuándo las autoridades ofrecerán una salida verificable que no convierta la supervivencia en rutina?