La Cámara Latina de Comercio de Estados Unidos, CAMACOL, convocó este jueves en Miami una sesión inaugural para articular una coalición privada enfocada en salud, banca, inversión e infraestructura para una futura Cuba democrática. La reunión, patrocinada por Crosswell International y prevista en la sede de CAMACOL, busca reunir empresarios cubanoamericanos, especialistas y delegaciones internacionales para elaborar recomendaciones dirigidas al Gobierno estadounidense. La iniciativa parte de un supuesto político claro: sus promotores no diseñan soluciones para el escenario actual, sino para después de un cambio de sistema.
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El diagnóstico de partida no es difícil de reconocer. Cuba arrastra deterioro de la infraestructura, pérdida de capacidad productiva, inflación, inseguridad contractual y una crisis sanitaria marcada por el desabastecimiento y el desgaste del personal. El empresario Héctor Lanz, organizador del foro, identifica la recuperación del crédito y un marco jurídico confiable como condiciones básicas para movilizar inversiones. También plantea que hospitales y servicios médicos requerirían suministros, tecnologías, entrenamiento y financiamiento desde los primeros momentos de una transición. Denuncias recientes sobre escasez de medicamentos y recursos hospitalarios refuerzan la urgencia material de ese debate, aunque no sustituyen una evaluación nacional pública y verificable.
La idea de planificar antes de una crisis política tiene sentido. Transiciones improvisadas pueden producir apagones administrativos, privatizaciones desordenadas y una captura temprana de recursos públicos por grupos con mejor información, acceso a capital y conexiones externas. El propio foro reconoce que ningún fondo bastará sin instituciones previsibles: tribunales independientes, contratos exigibles, reglas financieras estables y supervisión real. En un país donde la propiedad, el crédito y la inversión han estado sometidos durante décadas a decisiones estatales poco transparentes, reconstruir confianza requeriría más que modificar leyes en papel.
Sin embargo, hay un problema democrático de representación. Los empresarios y profesionales de la diáspora poseen experiencia, redes, capital y conocimientos que pueden resultar decisivos. Pero una Cuba reconstruida desde Miami no puede ser una Cuba decidida exclusivamente en Miami. Trabajadores estatales, cuentapropistas, cooperativistas, científicos, personal de salud, campesinos, jubilados, mujeres cuidadoras y jóvenes dentro de la Isla deberían ocupar un lugar efectivo en la definición de prioridades. La reparación de un hospital, la titularidad de una vivienda o la reconversión de una empresa estatal afectan vidas concretas, no solo balances de inversión.
También merece atención el lenguaje de “recuperar” un país. Cuba no es una empresa en quiebra que pueda entregarse a quien llegue primero con financiamiento. La inversión extranjera puede generar empleo, modernizar servicios y aportar tecnología, pero debe operar con reglas laborales robustas, transparencia fiscal, protección ambiental y mecanismos que impidan la concentración de tierra, vivienda y sectores estratégicos. El riesgo no sería únicamente mantener el autoritarismo actual bajo otro nombre; también lo sería sustituirlo por un capitalismo excluyente que convierta necesidades básicas en negocios inaccesibles.
Las urgencias de hoy no pueden quedar suspendidas a la espera de un cambio futuro. Familias cubanas enfrentan apagones, pérdida de poder adquisitivo, transporte deficiente y un sistema de salud con carencias que obligan a pacientes a buscar o pagar por fuera insumos elementales. Preparar escenarios de recuperación es útil, pero debe acompañarse de exigencias inmediatas de transparencia, protección social y respeto a derechos. La población no puede ser convocada solo como receptora de ayuda cuando ya exista un nuevo orden.
El foro de CAMACOL abre una conversación necesaria, pero su legitimidad dependerá de si transforma el capital del exilio en cooperación con la sociedad cubana y no en tutela sobre ella. Una reconstrucción democrática debería medirse por hospitales abastecidos, salarios dignos, servicios públicos accesibles y participación ciudadana, no únicamente por flujos de inversión. ¿Quién definirá las prioridades de la transición? ¿Podrá una futura economía combinar iniciativa privada con derechos sociales universales y control público efectivo?