“Si se les llama influencers es por eso, porque causan una influencia en aquellos que ven su contenido”. La frase, publicada este 19 de agosto por Edy Suárez Díaz, condensa el núcleo de un debate que atraviesa las redes cubanas y latinoamericanas: qué responsabilidad tienen quienes acumulan audiencias cuando sus publicaciones modelan gustos, conductas, conversaciones públicas y expectativas de vida. El video no parece referirse a un caso aislado, sino a un patrón creciente: perfiles que se presentan como entretenimiento inocuo mientras monetizan atención, exhiben consumo y condicionan la mirada de miles de seguidores.
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La discusión no equivale a pedir censura ni a suponer que cada creador debe funcionar como portavoz político. El problema aparece cuando la etiqueta de “contenido” sirve para quitarle importancia a un negocio basado precisamente en persuadir. Una recomendación de marca, un viaje, una rutina de lujo, un discurso sobre éxito individual o incluso la decisión de no hablar sobre determinados asuntos pueden tener efectos sociales. En una economía de plataformas, el alcance no es solo fama: es capacidad de orientar decisiones y de convertir la visibilidad en ingresos, publicidad o capital simbólico.
En Cuba, ese asunto adquiere una dimensión particular. La crisis económica, la inflación, la desigualdad de acceso a divisas, los apagones y la migración masiva han convertido a internet en espacio de información, escape y búsqueda de oportunidades. Por eso, un video que muestra restaurantes, compras, viajes o una vida de consumo sostenida fuera de la isla puede ser visto como aspiración legítima por algunos y como desconexión por otros. La contradicción no está en que alguien prospere, sino en que el algoritmo premie la exhibición de bienestar mientras la realidad de gran parte de la población queda invisibilizada o se presenta como fracaso individual.
Las propias redes cubanas muestran posiciones distintas. Algunos creadores y usuarios agradecen a jóvenes que documentan precariedad, problemas de servicios y situaciones cotidianas que la prensa estatal aborda de forma limitada. En contraste, el influencer Ultrack defendió recientemente su decisión de no centrar su contenido en el comunismo o la dictadura cubana, afirmando que vive en Estados Unidos y que no considera necesario hablar de esos temas de forma permanente. Ambas posturas expresan una tensión real: nadie puede imponer una agenda única a los creadores, pero quienes obtienen relevancia pública no pueden negar que sus omisiones, enfoques y alianzas también producen efectos.
El discurso oficial suele celebrar las redes cuando difunden campañas institucionales o logros puntuales, pero recurre a la sospecha cuando usuarios independientes exponen fallas estatales. Esa doble vara contribuye a que muchos creadores se muevan entre la autocensura, el cálculo comercial y la necesidad de proteger sus cuentas. Mientras tanto, medios locales como Tele Pinar presentan el crecimiento de influencers digitales, incluso los creados con inteligencia artificial, como un desafío de confianza para el marketing y la comunicación. El debate, por tanto, ya no se limita a quién habla, sino a quién controla los algoritmos, la publicidad y las condiciones de visibilidad.
La discusión planteada por el reel revela un cansancio con la idea de que una audiencia es solo una cifra. Cuando miles de personas siguen a un perfil, se forman comunidades con referencias, deseos y límites compartidos. La responsabilidad no exige perfección ni militancia obligatoria, pero sí honestidad sobre privilegios, publicidad y consecuencias. ¿Puede un influencer reivindicar neutralidad mientras convierte su vida en modelo de consumo? ¿Y qué tipo de conversación pública queda cuando la crítica social depende del valor comercial que tenga en un algoritmo?