La llamada “Trump Island” es, por ahora, una propuesta promovida por el empresario emiratí Ali bin Haidar para levantar un complejo turístico de lujo en Cayo Santa María. El plan incluiría dos torres con cúpulas doradas y buscaría utilizar la marca Trump, aunque no existe un acuerdo formal conocido con la familia del presidente estadounidense ni autorización definitiva para emplear su nombre. Según las informaciones divulgadas, habría una carta de intención con autoridades cubanas para adquirir terrenos, pero una carta no equivale a una inversión cerrada ni garantiza que las obras comiencen.
El Gobierno cubano no ha presentado públicamente este proyecto como un acuerdo consumado. La posición expresada por el vicecanciller Carlos Fernández de Cossío es más amplia: Cuba no excluiría a Donald Trump ni a su organización de posibles negocios si estos respetan las leyes nacionales. El funcionario situó el principal obstáculo en la legislación estadounidense, no en una prohibición de La Habana. Esa formulación evita confirmar una negociación concreta, pero también envía un mensaje político inequívoco: ante la necesidad de capital, el país está dispuesto a dialogar incluso con empresarios asociados a una administración que mantiene una política hostil hacia Cuba.
La paradoja es difícil de ignorar. Durante décadas, el discurso oficial presentó la confrontación con Washington y la defensa frente al capital estadounidense como elementos centrales de su legitimidad política. Ahora la inversión extranjera aparece como una necesidad urgente en sectores que antes se reservaban con más celo al Estado: turismo, energía, minería, finanzas, infraestructura y servicios. Las recientes reformas flexibilizaron actividades antes vetadas al sector privado y extranjero, e incluso permiten su entrada condicionada en petróleo y gas. La apertura no responde a una conversión ideológica repentina, sino a una economía con escasez de divisas, apagones, deterioro productivo y una emigración que debilita la fuerza laboral.
La pregunta más incómoda no es si un hotel de lujo puede atraer visitantes, sino quién recibe los beneficios y quién carga con los costos. Cayo Santa María ya forma parte de un modelo turístico orientado a captar moneda fuerte, mientras buena parte de la población enfrenta precios crecientes, transporte inestable, dificultades para acceder a alimentos y servicios básicos deteriorados. Para trabajadores estatales con salarios depreciados, jóvenes que buscan emigrar y familias que dependen de remesas, una inversión de alto nivel puede resultar una noticia distante si no se traduce en empleos dignos, encadenamientos con productores locales y mejoras visibles fuera de los polos turísticos.
En redes y medios independientes, la posibilidad de una “Isla Trump” ha generado críticas por su carga simbólica: un Gobierno que denuncia el bloqueo y la agresión de Washington podría abrir espacio a una marca ligada al propio presidente estadounidense. Pero reducir el asunto a una contradicción retórica sería insuficiente. La crisis obliga a discutir qué tipo de inversión necesita Cuba, bajo qué reglas, con qué transparencia y con qué retorno social. ¿Será este proyecto una señal de pragmatismo económico o la confirmación de que la supervivencia del modelo depende cada vez más de enclaves exclusivos y capital externo? ¿Quién decidirá si el negocio beneficia realmente al país?