El Departamento de Estado de Estados Unidos puso en marcha un programa piloto que permite exigir fianzas de hasta 250.000 dólares a ciertos solicitantes de visas de inmigrante considerados inadmisibles por posible “carga pública”. La medida comenzó en la República Dominicana y está dirigida a personas que, aunque cumplen los demás requisitos migratorios, fueron evaluadas negativamente bajo la sección 212(a)(4) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Los montos no son automáticos, sino que los funcionarios consulares los establecen caso por caso, tomando en cuenta las circunstancias económicas y familiares del solicitante. La pregunta central es inmediata: ¿la fianza representa una segunda oportunidad para obtener la visa o se convierte, en la práctica, en una condición imposible para la mayoría?
El mecanismo se apoya en una figura legal existente y requiere la intervención del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Según el Manual de Políticas de USCIS, una fianza de carga pública puede ser aceptada cuando un funcionario consular comunica que el solicitante debe presentarla, y el trámite se formaliza mediante el Formulario I-945. La normativa establece que la fianza debe tener como mínimo 1.000 dólares, pero también permite que USCIS determine una cantidad mayor de acuerdo con cada caso, mientras que el programa piloto fija como referencia práctica montos de 100.000, 150.000 o 250.000 dólares. Si USCIS aprueba la fianza, la visa de inmigrante que había sido denegada por carga pública puede emitirse, aunque el depósito no elimina el resto de los requisitos migratorios ni garantiza por sí solo la residencia permanente.
La fianza tampoco funciona como un simple pago administrativo de corta duración. El Manual de USCIS explica que puede permanecer vigente hasta que la agencia la cancele o determine que sus condiciones fueron incumplidas, y contempla su mantenimiento durante el periodo en que el inmigrante pueda recibir determinados beneficios públicos. De acuerdo con la información difundida sobre el programa, la cancelación podría evaluarse después de cinco años de permanencia si la persona no recibió asistencia pública en efectivo para mantenimiento de ingresos ni institucionalización prolongada costeada por el Gobierno. El Departamento de Estado defendió el esquema como una manera de demostrar que quienes buscan emigrar tienen recursos suficientes para sostenerse y no representar una carga para los programas públicos. Su portavoz, Tommy Pigott, resumió esa postura al afirmar que “los inmigrantes a Estados Unidos deben contribuir a nuestra sociedad más de lo que reciben de ella”.
Esta nueva iniciativa para visas de inmigrante es distinta del programa de fianzas aplicado a visas B1/B2 de turismo y negocios, aunque ambas medidas forman parte de una política migratoria más amplia. El plan B1/B2 exige depósitos a ciudadanos de determinados países que, aun siendo considerados elegibles para la visa, son seleccionados por un funcionario consular, y el Departamento de Estado señala que el monto se determina durante la entrevista y debe tramitarse por los canales oficiales. Cuba aparece entre las nacionalidades afectadas por ese programa separado, pero el piloto de carga pública para visas de inmigrante comenzó inicialmente en la República Dominicana, por lo que no debe presentarse como una exigencia automática de 250.000 dólares para todos los cubanos. La diferencia es importante: una medida se relaciona con el riesgo de permanencia irregular en viajes temporales y la otra con la posibilidad de dependencia económica en procesos de inmigración permanente.travel.
El Gobierno de Trump presenta estas políticas como herramientas para proteger los fondos públicos y elevar el nivel de autosuficiencia exigido a los futuros inmigrantes. Sus críticos, sin embargo, sostienen que el sistema puede transformarse en un modelo de “pago para entrar”, porque una persona podría ser considerada elegible en lo demás, pero quedar excluida por no reunir cientos de miles de dólares. Sharvari Dalal-Dheini, directora de relaciones gubernamentales de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, lo expresó así: “Estamos haciendo que nuestro sistema sea de pago para jugar: solo los ricos pueden venir de visita, reunirse con su familia o buscar una vida mejor”. El debate podría intensificarse en septiembre, cuando entre en vigor una nueva regla de carga pública que permitirá valorar de forma más amplia ciertos beneficios, como Medicaid, asistencia alimentaria y ayudas de vivienda, dentro del análisis total de cada caso. ¿La fianza reducirá realmente el riesgo para el contribuyente o terminará creando un sistema migratorio en el que la solvencia pese más que la reunificación familiar, el mérito o las circunstancias personales?