Reconstruir Cuba después de décadas de deterioro estructural no sería solo una cuestión política, también sería una operación económica gigantesca: empresarios, ingenieros y economistas reunidos en Miami calcularon que devolver al país una infraestructura funcional requeriría entre 275.000 y 375.000 millones de dólares y un plazo de 10 a 15 años, siempre bajo el supuesto de una transición democrática. En el foro “Iniciativa para una alternativa democrática y económica para Cuba”, celebrado en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, más de una docena de especialistas en energía, urbanismo, agua y finanzas discutieron cuánto dinero y cuánto tiempo haría falta para levantar nuevamente los servicios básicos, las redes viales y los sectores productivos clave. El economista Rafael Romeu, presidente de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, estimó que solo los primeros 180 días de estabilización exigirían entre 180 y 270 millones de dólares, financiados sobre todo con capital privado estadounidense, no con programas de ayuda pública. La pregunta que sobrevuela el debate es evidente: ¿de dónde saldrán esos recursos y qué garantías necesitarían los inversores para comprometerse a largo plazo?
Uno de los puntos más sensibles del encuentro fue el estado del sistema eléctrico, señalado como prioridad absoluta para terminar con los apagones crónicos. El experto energético Jorge Piñón, del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, calculó que modernizar la red eléctrica costaría entre 5.000 y 8.000 millones de dólares y tomaría de tres a cinco años, recordando que “más de una decena” de unidades generadoras en la isla acumulan más de cuarenta años de explotación y operan con tecnología obsoleta y combustible pesado de baja calidad. Piñón advirtió que cualquier acuerdo con proveedores de centrales flotantes o nuevas plantas dependería de que un futuro gobierno democrático liquide deudas superiores a 100 millones de dólares y ofrezca garantías de pago claras para nuevos contratos. En otras palabras, la solución técnica existe, pero no se activará sin un marco político y financiero confiable.
El agua potable y el alcantarillado aparecen como otro frente crítico en cualquier plan de reconstrucción. Josenrique Cueto, exdirector interino del Departamento de Agua y Alcantarillado de Miami‑Dade, estimó que rehabilitar redes de distribución, tuberías y plantas de tratamiento en Cuba rondaría los 8.000 millones de dólares, con una fase inicial posible en unos 24 meses, pero con un horizonte de entre cinco y diez años para alcanzar un servicio estable y consistente. El ingeniero Carlos A. Penín, presidente de CAP Engineering, subrayó que en el caso de las carreteras el sector privado solo participará si existe un mecanismo claro de retorno, y puso como ejemplo los sistemas de peajes como vía habitual para recuperar la inversión. Sin un plan estatal que asigne recursos anuales para mantenimiento vial y sin reglas claras sobre concesiones, la infraestructura del transporte seguiría dependiendo casi exclusivamente de fondos públicos limitados
Frente a estos costos tan altos, los especialistas coincidieron en que algunos sectores podrían convertirse en motores iniciales de recuperación. Turismo, puertos, telecomunicaciones y la industria de cruceros fueron mencionados como áreas capaces de reactivarse con relativa rapidez y generar ingresos en divisas que luego financien etapas más costosas, como vivienda, agricultura o redes eléctricas. En esa línea, el arquitecto y urbanista Willy Bermello insistió en que “primero tiene que existir un sistema de leyes que proteja a todo tipo de inversión privada, si no, el capital no entra”, remarcando que la seguridad jurídica es tan importante como los planos de ingeniería. La idea de una reconstrucción gradual, empezando por sectores con retorno rápido y acompañada de una reforma legal profunda, se perfila como el núcleo de las propuestas técnicas presentadas en el foro.
El componente político atravesó toda la discusión. El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, declaró desde Filipinas que Cuba “tiene un impacto directo en la seguridad nacional” estadounidense, calificó al país como “Estado fallido” y recordó que Washington ya ofreció ayuda para la reconstrucción, condicionada a “reformas políticas y económicas reales” por parte de La Habana. “Hemos ofrecido a Cuba ayuda, asistencia con la reconstrucción y la promesa de una nueva relación entre nuestros dos países, si el régimen acepta realizar reformas”, afirmó, en referencia a un paquete de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria canalizada a través de la Iglesia Católica y organizaciones independientes. Desde el foro, Marcell Felipe, presidente del Museo Americano de la Diáspora Cubana, fue igual de explícito al decir: “El futuro de Cuba puede ser extremadamente brillante (…) pero todo esto depende de un tema esencial que es el cambio de régimen. Eso no va a suceder mientras esté la familia Castro, la familia Díaz‑Canel al frente de ese sistema”. Ahí se abre otra interrogante clave: ¿es posible diseñar y financiar un plan de reconstrucción a esta escala sin un giro político profundo?